José Luís Valladares Llano
Expediente 1112/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luís Valladares Llano
Actuaciones
- Principal
Estado desechamiento. Vista la certificación asentada en primer término, de la que se advierte que el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Archivo del expediente. Por otra parte, en cuanto al estado procesal de autos, se obtiene que no existe diligencia pendiente por acordar, por tanto, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Destino del expediente. Finalmente, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto
- Principal
Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En este caso excepcional la eventual autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado -misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente-, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación-, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. En el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario (controversia judicial), o bien, excepcional (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). (...) En ese tenor, de un análisis integral al escrito de protección de derechos humanos que nos ocupa, se puede advertir que presuntivamente las autoridades iniciaron con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a un eventual traslado involuntario, previsto por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por la razón expuesta, la parte quejosa previo acudir al amparo, debe agotar los recursos o medios de defensa a su alcance; de ahí que al no haberlo agotado, genera como consecuencia necesaria la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos humanos, al operar de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la citada ley.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes
- José Luís Sierra Arroyo1230/2017
- José Luis Suastegui Ambriz1581/2018
- José Luís Tello Guerrero1218/2022
- José Luis Tello Guerrero1268/2022
- José Luis Umegido Bautista39/2018
- José Luis Valentino Buendía530/2023
- José Luís Vargas Rivera300/2018
- José Luis Velarde Loza329/2019
- José Luis Venegas Luna283/2023
- José Luís Vilchis González1099/2018
- José Luis Villafuerte Martínez547/2020
- José Luis Xochipa Rodríguez1466/2019