Jose Luis Valenzuela Vega
Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jose Luis Valenzuela Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que al quejoso JOSÉ LUIS VALENZUELA VEGA, no se inconformó contra el proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplido el fallo protector emitido en el presente juicio; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara consentida la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en esta instancia, al quejoso JOSÉ LUIS VALENZUELA VEGA, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. VISTA CUMPLIMIENTO Por otra parte, visto el estado procesal de autos del que se advierte que por auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se reservó acordar lo conducente respecto del oficio remitido por la Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, mediante el cual remitió original del oficio SC-0080-19 con folio 323725, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el que se determinó el crédito fiscal 01-061-2436-00; así como el acta de notificación practicada a la autorizada de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con las citadas constancias, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna sobre el particular este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, dada la naturaleza de la concesión otorgada. LISTAS DE SENTENCIAS DE AMPARO PROTECTORAS Por otra parte, se ordena ingresar el presente asunto con los datos correspondientes en la lista de sentencias de amparo protectoras en la que se hace constar que se encuentran pendiente su cumplimiento. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Titular de la Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, mediante el cual remite original del oficio SC-0080-19 con folio 323725, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el que se determina el crédito fiscal 01-061-2436-00; así como el acta de notificación al autorizado de la parte quejosa; sin embargo, este órgano jurisdiccional se reserva de proveer al respecto, hasta que la resolución dictada cause ejecutoria. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 07/2019-5A, promovido por JOSÉ LUIS VALENZUELA VEGA, contra actos que reclama de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a través de su Director General, con sede en esta localidad, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio los consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el siete de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, y turnado al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto reclamado que señala en su libelo constitucional. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso JOSÉ LUIS VALENZUELA VEGA, respecto de la autoridad señalada en el escrito petitorio de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, resulta ser legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado al hecho de que se reclaman actos de autoridades con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado en esta vía, consiste en: La omisión y falta de contestación a la petición realizada por escrito el veinte de marzo de dos mil dieciocho. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. La autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a través de su Director General, con sede en esta localidad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse notificada del proveído por el cual se le requirió el mismo, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 12); en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, lo que se corrobora con la documental anexa al escrito de demanda (foja 5 y 6) donde se revela que existe una solicitud presentada ante dicha autoridad. Documental a la cual que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, sin que este Juzgado de Distrito, de oficio, advierta alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los que se contienen en su escrito de demanda, y que se tienen por reproducidos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/129, publicada en la página quinientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." SEXTO. Estudio. Es fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, por lo que deberá concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. La quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, con sede en esta localidad, de darle contestación a su escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho; lo cual estima violatorio del derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Federal. Le asiste la razón a la parte quejosa. En principio, es menester transcribir el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, a la letra, establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Es pertinente resaltar que el derecho de petición consagrado en ese precepto Constitucional, reviste de los siguientes elementos, a saber: a) Petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b) Respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición. c) Notificación: la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, (sin obligación de que a la autoridad ante quien se formuló provea de conformidad lo solicitado por el promovente), sino que está en libertad de resolver de conformidad con la ley aplicable al caso, y la respuesta -contestación- o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por otra diversa. Lo anterior implica que la autoridad responsable deberá emitir un acuerdo que resuelva las cuestiones planteadas, el cual debe atender de manera completa y coherente lo pedido, pronunciándose como en derecho proceda, en sentido positivo o negativo, o en su defecto reservando su acuerdo, cuando deba realizarse algún trámite previo; y dar a conocer al peticionario su determinación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Marzo de dos mil once, Novena Época, materia Constitucional, visible a página dos mil ciento sesenta siete, cuyo rubro reza: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS." En el caso concreto, y acorde a lo dispuesto por el segundo párrafo del citado artículo (8° Constitucional), es necesario que recaiga un acuerdo sobre la solicitud planteada por la parte quejosa, en el sentido de que se dé respuesta a su escrito recibido ante la responsable el veinte de marzo de dos mil dieciocho, y se le comunique a la parte promovente en breve término la respuesta que haya recaído. Debe precisarse que el precepto en cita no limita la naturaleza de la instancia, por lo que la garantía es aplicable a cualquier escrito de petición, en cualquier clase de instancia, lo que incluye a la petición de la quejosa, siendo este el caso que cuando un particular hace esa petición, requiere que se resuelva sobre la validez de su pretensión. Tal pretensión constituye una petición, la cual debe ser contestada en breve plazo, en los términos que legalmente proceda. Por lo anterior, el quejoso tiene derecho, conforme al artículo 8° Constitucional, a que se le dé respuesta a sus peticiones y que se le comunique su resultado en un tiempo razonable. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 6/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Junio de 2000, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA." Ahora bien, si la parte quejosa presentó su escrito el veinte de marzo de dos mil dieciocho, como se advierte de la documental privada anexa a su demanda de amparo (fojas 5 y 6), y la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a través de su Director General, con sede en esta localidad, a la fecha en que se resuelve no le ha dado contestación; es inconcuso que la omisión de dicha responsable conculca el derecho fundamental previsto en el multireferido artículo 8° Constitucional. De ahí que, de esa fecha (veinte de marzo de dos mil dieciocho), a la fecha en que hoy se resuelve, han transcurrido más de diez meses; por lo que es dable considerar que en el caso ha transcurrido en exceso el "breve término" para dar contestación a la petición formulada por la parte quejosa; toda vez que el vocablo breve término debe entenderse al tiempo razonable que le tome a cada autoridad responder la petición que se formule, pero atendiendo a la naturaleza de la instancia y de la petición (la solicitud de determinación de crédito fiscal del servicio de agua potable). De ahí que se estime que, en este asunto, ha transcurrido en exceso mes y medio, también lo es que dicho el tiempo que se considera suficiente para darle respuesta, por ello, se colige, ha sido conculcada la garantía constitucional de la parte quejosa. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 318, del Semanario Judicial de la Federación X, Octubre de 1992, de la Octava Época, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TÉRMINO Y CUÁL ES AQUÉL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO." Es igualmente aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 61, del Semanario Judicial de la Federación 79 Sexta Parte, de la Séptima Época, cuyo rubro es: "PETICIÓN. BREVE TÉRMINO." Por tanto, acorde a las consideraciones vertidas, lo conducente es otorgar el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, a través de su Director General, con sede en esta localidad, dé respuesta a la petición de la quejosa presentada el veinte de marzo de dos mil dieciocho. De igual manera se hace extensiva la protección constitucional para el efecto de que sin dilación alguna, ordene se le notifique a la parte quejosa, la contestación que recaiga al escrito de veinte de marzo de dos mil dieciocho y en su caso provea lo necesario para el inmediato cumplimiento a dicha notificación, dado que no basta que se haya emitido la determinación correspondiente, sino que es menester que le sea notificada a la parte quejosa para satisfacer tal garantía constitucional, porque lo mismo sería que no se haya dictado tal contestación, a que sí se haya dictado pero no se le haya comunicado a la quejosa, pues en ambos casos se le coloca en una situación de incertidumbre respecto a las determinaciones emitidas, en detrimento de la garantía individual en estudio. SÉPTIMO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a JOSÉ LUIS VALENZUELA VEGA, contra el acto reclamado a la autoridad que quedó precisada en el cuerpo de esta resolución y para los efectos expresados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario, asistido del Secretario David Alejandro Rojas Serna, quien autoriza y da fe. CARR
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