José Luis Valente Díaz Montellano

Expediente 449/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
449/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • José Luis Valente Díaz Montellano

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por -----, sin que la quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ------, contra actos de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, regístrese bajo el número 449/2021-IV. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, en el expediente PROC/15/CM/MOR/2019, mediante el cual desechó el recurso de revocación interpuesto contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en la que se impuso al quejoso la sanción consistente en la inhabilitación por un año. Ahora, del estudio integral de la demanda de garantías, y con apoyo en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Esto es así, porque la parte quejosa debió promover el medio ordinario de defensa correspondiente, previo a la interposición del juicio constitucional, ello a fin de cumplir con el principio de definitividad y al respecto debe decirse que ciertamente el peticionario debió promover juicio contencioso administrativo o bien el recurso de inconformidad, previstos en el Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, previo a acudir a la presente instancia. Efectivamente el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Aunado a lo anterior, cobra especial relevancia las excepciones que el propio numeral establece para no agotar los recursos procedentes que son: a) Cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) El acto reclamado carezca de fundamentación; c) Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; d) Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama el acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, en el expediente -------, mediante el cual desechó el recurso de revocación interpuesto contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en la que se impuso al quejoso la sanción consistente en la inhabilitación por un año; sin embargo, en contra de tal acto, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del propio ordenamiento local, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." Lo anterior es así, en virtud de que existe una jurisprudencia que fue materia de contradicción de tesis número 452/2012, que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. La jurisprudencia por unificación de mérito, está localizable con el número 2a./J. 60/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, de junio de dos mil trece, Tomo 1, página 933, con número de registro 2003858, que a la letra dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Así como la diversa tesis PC.II.A. J/3 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro 2010436, consultable en Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 13 de noviembre de 2015, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Por consiguiente, en virtud de que el quejoso reclama un acto de carácter administrativo que atribuye a una autoridad administrativa local, previamente a acudir al juicio de amparo, debió interponer optativamente el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o en su caso, debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, del propio ordenamiento local. Máxime que, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, a través del juicio de amparo indirecto, como pueden ser: a) cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación del acto reclamado; c) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o; d) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable establezca su existencia. Lo anterior es así, pues en cuanto al primer supuesto, toda vez que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo. De la misma forma, no se combate la falta total de fundamentación del acto reclamado, no se alegan violaciones directas a la Constitución, ni tampoco los recursos ordinarios procedentes se encuentran previstos en un reglamento, si no que están contemplados en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Máxime que como se indicó, en el particular existe jurisprudencia que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio contencioso administrativo, si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ...Y----; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ----Y-----. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    se hace efectivo el apercibimiento inserto en el citatorio de tres de junio de dos mil veintiuno y se notifica por lista a la parte quejosa -----el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno que dice: Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ------, contra actos de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, regístrese bajo el número 449/2021-IV. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, en el expediente PROC/15/CM/MOR/2019, mediante el cual desechó el recurso de revocación interpuesto contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en la que se impuso al quejoso la sanción consistente en la inhabilitación por un año. Ahora, del estudio integral de la demanda de garantías, y con apoyo en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Esto es así, porque la parte quejosa debió promover el medio ordinario de defensa correspondiente, previo a la interposición del juicio constitucional, ello a fin de cumplir con el principio de definitividad y al respecto debe decirse que ciertamente el peticionario debió promover juicio contencioso administrativo o bien el recurso de inconformidad, previstos en el Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, previo a acudir a la presente instancia. Efectivamente el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Aunado a lo anterior, cobra especial relevancia las excepciones que el propio numeral establece para no agotar los recursos procedentes que son: a) Cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) El acto reclamado carezca de fundamentación; c) Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; d) Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama el acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, en el expediente -------, mediante el cual desechó el recurso de revocación interpuesto contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en la que se impuso al quejoso la sanción consistente en la inhabilitación por un año; sin embargo, en contra de tal acto, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del propio ordenamiento local, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." Lo anterior es así, en virtud de que existe una jurisprudencia que fue materia de contradicción de tesis número 452/2012, que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. La jurisprudencia por unificación de mérito, está localizable con el número 2a./J. 60/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, de junio de dos mil trece, Tomo 1, página 933, con número de registro 2003858, que a la letra dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Así como la diversa tesis PC.II.A. J/3 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro 2010436, consultable en Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 13 de noviembre de 2015, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Por consiguiente, en virtud de que el quejoso reclama un acto de carácter administrativo que atribuye a una autoridad administrativa local, previamente a acudir al juicio de amparo, debió interponer optativamente el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o en su caso, debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, del propio ordenamiento local. Máxime que, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, a través del juicio de amparo indirecto, como pueden ser: a) cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación del acto reclamado; c) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o; d) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable establezca su existencia. Lo anterior es así, pues en cuanto al primer supuesto, toda vez que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo. De la misma forma, no se combate la falta total de fundamentación del acto reclamado, no se alegan violaciones directas a la Constitución, ni tampoco los recursos ordinarios procedentes se encuentran previstos en un reglamento, si no que están contemplados en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Máxime que como se indicó, en el particular existe jurisprudencia que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio contencioso administrativo, si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ...Y----; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ----Y-----. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese personalmente.

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