Jose Luis Valencia Piña
Expediente 1692/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1692/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Luis Valencia Piña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada el diez de septiembre del año en curso, en la cual se resolvió: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ******, por propio derecho por los motivos expuestos en este fallo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; por tanto, previo al presente auto glósese el original del incidente de suspensión que se tramitó a este juicio, asimismo se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de amparo y el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida por este juzgado Federal, no tiene trascendencia jurídica al sobreseer en lo principal y negar la suspensión tanto provisional como definitiva; por consiguiente, una vez que haya transcurrido el término de cinco años, esto es, después del trece de octubre de dos mil veinticinco, procédase a su destrucción; mientras tanto, remítanse los autos del presente asunto al archivo de este Juzgado Federal para su resguardo. Asimismo, el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del multicitado Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se ordena su guarda por cuerda separada y transcurridos SEIS MESES, contados a partir de que se ordene el archivo de los presentes autos, procédase a su destrucción, esto es después del trece de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1692/2019-VII, promovido por José Luis Valencia Piña, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 5, 14, 16, 22, 94, 103 fracción I y 123 Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el once de noviembre de dos mil diecinueve, turnado al día siguiente a este juzgado, ****, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. TITULAR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LA AUTORIDAD.- Reclamo de las autoridades señaladas como responsables en el apartado anterior lo siguiente Del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana: La expedición del "Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la transferencia de recursos humanos materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal", publicado en el diario oficial el 30 de septiembre de 2019, en específico los puntos Tercero, Séptimo, Octavo Noveno y Tercero Transitorio, publicado el 30 de septiembre de 2019, en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con su artículo primero transitorio entró en vigor al día siguiente de su publicación en el mencionado Diario. Del Titular del Diario Oficial de la Federación: La publicación del Acuerdo por el que se emiten "lineamientos para la transferencia de recursos humanos materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal" de fecha 27 de septiembre de 2019, dictado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado el 30 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los artículos 14, 16, y 123 Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Admisión de demanda. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Valencia Piña por propio derecho, se admitió a trámite bajo el número de juicio 1692/2019-VII, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. CUARTO. Verificación de la audiencia constitucional. En la fecha que se fijó para la verificación de la audiencia constitucional se inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en virtud que se reclama una norma de carácter general con motivo de su entrada en vigor. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado. - La emisión y publicación del "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. TERCERO. certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y al Director General Adjunto del Diario Oficial, consistentes de acuerdo al ámbito de su competencia en la expedición del "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, con independencia de que la segunda de las mencionadas haya sido omisa en rendir su informe justificado, en virtud que dicha certeza es implícita en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y, además, con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 65, primera parte, página 15, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Así como en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la normatividad reclamada no le irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De lo anterior se advierte que la improcedencia del juicio se actualiza respecto de dos supuestos. El primero, cuando los actos no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de ese ordenamiento; y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de promover la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia, y entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en la primera parte del citado numeral 17, de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Ilustra este criterio la jurisprudencia P./J. 55/97 de la Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, página 5, registro 198,200, que señala: "LEYES AUTOAPLlCATlVAS Y HETEROAPLlCATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por su parte, los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, prevén: "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución y 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control para proteger los derechos humanos y fundamentales reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Es aplicable la tesis 2ª XVIII/2013 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, registro 2´003,067, que refiere: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Por otra parte, la Primera Sala del Alto Tribunal, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que se actualizará -en la mayoría de los casos-, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los gobernados, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, les ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en su esfera jurídica, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como el interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Además, aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Este es el criterio que se advierte de la tesis 1ª. XLIII/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuya lectura se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 822, registro 2´002,812, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Es decir, el interés legítimo solo supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, criterio constitucionalmente establecido en la reforma de dos mil once, que amplía el espectro de protección de los derechos humanos. Ahora, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas (autoaplicativas o heteroaplicativas), pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Así, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que solo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda generar un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles se provoca una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del gobernado. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Este es el criterio que se advierte de la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10ª), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya lectura se encuentra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, julio de 2014, Tomo I, página 148, registro 2´006,963, que acota: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." En efecto, tratándose de interés legítimo los quejosos no son destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o, c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Es aplicable la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10ª), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, julio de 2014, Tomo I, página 149, registro 2,006,964, que prevé: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." El quejoso reclama el "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que establece: "PRIMERO.- Se instruye al Comisionado General Interino de la Policía Federal hacer entrega al Comandante de la Guardia Nacional de todos los servicios y asuntos en trámite de las divisiones y unidades administrativas de la Policía Federal. Asimismo, se instruye al Comandante de la Guardia Nacional reciba dichos servicios y asuntos en trámite con el objeto de continuar con su atención, ejecución y seguimiento. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General de la Policía Federal y a la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, celebrar los acuerdos de transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a todas las divisiones y unidades administrativas de la Policía Federal de conformidad con el artículo Sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional. TERCERO.- Se transfieren a la Guardia Nacional los integrantes de la Policía Federal que hubieren manifestado su voluntad de integrarse a la misma. Dicho personal conservará su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera. CUARTO.- La aplicación de las evaluaciones del personal de la Policía Federal, para causar alta a la Guardia Nacional, se realizará conforme a las normas que expida el Consejo de Carrera de la propia Guardia Nacional; dichas evaluaciones deberán considerar si el personal es operativo, de servicios o de confianza. Para el alta del personal de las unidades administrativas de la Policía Federal, equivalentes a las unidades administrativas de la Guardia Nacional contempladas en el artículo 18, fracciones III, IV, V, VI y VII del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, denominadas Coordinación de Administración y Finanzas; Unidad de Órganos Especializados por Competencia; la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional; la Unidad de Asuntos Internos; la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, y las Direcciones Generales de ellas que ingresen como personal de confianza, únicamente será requerido con carácter de indispensable contar con las evaluaciones de control de confianza vigentes, que se integren por las pruebas de entorno social, psicológico, toxicológico, poligráfico y médico; las demás evaluaciones serán orientativas. Para la evaluación del personal de servicios de las unidades administrativas citadas, por única ocasión, se aplicará la regla establecida en el párrafo anterior. QUINTO.- Los integrantes de la Policía Federal que manifiesten su voluntad de incorporarse a la Guardia Nacional y que por alguna razón no cubran los requisitos de ingreso, serán asignados a cualquiera de las opciones señaladas en el lineamiento séptimo. En este caso, y en virtud de su compromiso de ayudar a constituir la nueva institución de seguridad pública denominada Guardia Nacional, tendrán prioridad para elegir su asignación, conservando su antigüedad, prestaciones y su salario de acuerdo con el tabulador de carrera. SEXTO.- La transferencia de los recursos humanos de Policía Federal a la Guardia Nacional se hará de acuerdo a las equivalencias siguientes: Policía Federal Guardia Nacional Oficina del Comisionado General Comandancia de la Guardia Nacional División de Inteligencia Dirección General de Inteligencia División de Investigación Dirección General de Investigación División de Seguridad Regional Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones División Científica Dirección General Científica División Antidrogas Dirección General Antidrogas Secretaría General Coordinación de Administración y Finanzas Coordinación de Operaciones Aéreas Dirección General de Transportes Aéreos Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal de la Oficina del Comisionado General Dirección General de Seguridad Procesal Unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Comisionado General Dirección General de Derechos Humanos y Vinculación Ciudadana Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Oficina del Comisionado General Dirección General de Derechos Humanos y Vinculación Ciudadana Órgano Auxiliar del Consejo Federal de Desarrollo Policial Dirección General de Consejos Superiores Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial Dirección General de Desarrollo Profesional Unidad de Asuntos Internos Unidad de Asuntos Internos Dirección General de Asuntos Jurídicos Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia Dirección General de Enlace Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia Dirección General de Comunicación Social Vocería El personal de las unidades administrativas de la Policía Federal que no se encuentren señaladas en la tabla anterior será adscrito a las unidades administrativas de la Guardia Nacional que determine el Comandante. SÉPTIMO.- El personal que no se incorpore a la Guardia Nacional, conservará su antigüedad, prestaciones y su salario de acuerdo con el tabulador de carrera, y podrá solicitar su adscripción a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, siguientes: I. Servicio de Protección Federal; II. Prevención y Readaptación Social; III. Coordinación Nacional Antisecuestro; IV. Coordinación Nacional de Protección Civil; V. La Autoridad vinculada al ejercicio de atribuciones de supervisión de medidas cautelares, suspensión condicional del proceso y libertad condicional; VI. Dirección General de Seguridad Privada, y VII. Aquellas Instituciones que mediante acuerdo con otras dependencias se determinen. Lo anterior, se hará conforme a la capacidad de recepción institucional, y tendrá efectos siempre y cuando los interesados cubran los requisitos que en su caso procedan para el ingreso a la unidad o institución correspondiente. OCTAVO.- Los integrantes de la Policía Federal que en un plazo de siete días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, no hayan manifestado su voluntad de incorporarse a la Guardia Nacional, en alguna de las unidades, órganos o instituciones mencionadas en el lineamiento anterior o no existiera capacidad de recepción en dichas instituciones, quedarán adscritos al órgano administrativo desconcentrado denominado Servicio de Protección Federal de la Secretaría, conservando su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera. NOVENO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de su Unidad de Transición, coadyuvará en las acciones necesarias para la debida transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a la Policía Federal, a la Guardia Nacional o a alguna de las opciones contempladas en el artículo séptimo. Esto incluye las adecuaciones presupuestarias, baja de inventarios y registros contables de recursos transferidos. Asimismo, deberá elaborar y llevar el control de las listas de los recursos humanos y los inventarios de los bienes que se transfieran, las conciliaciones de éstos y las transferencias de los resguardos correspondientes. DÉCIMO.- Se instruye a la Unidad de Transición en coordinación con la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cubrir las prestaciones económicas de los recursos humanos y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de ejecución de obra pública y los correspondientes a la adquisición de los bienes y servicios que sean requeridos para la operación de la Guardia Nacional, con los recursos asignados a la Policía Federal, hasta en tanto la Guardia Nacional se encuentre en posibilidad de asumir dichas obligaciones. DÉCIMO PRIMERO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de su Unidad de Transición, y la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, instrumentarán las acciones necesarias para la revisión de los derechos y obligaciones que tuviere la Policía Federal, y que se seguirán cumpliendo por la Guardia Nacional, así como para la revisión de los convenios, contratos y demás actos jurídicos celebrados por la Policía Federal, a fin de determinar aquéllos que serán reconducidos por parte de la Guardia Nacional, en términos de los artículos transitorios séptimo y décimo segundo de la Ley de la Guardia Nacional. Asimismo, corresponderá a la Unidad de Transición la defensa de los asuntos a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, razón por la cual se delega en el Titular de la citada Unidad de Transición la representación, trámite y resolución de los asuntos que competen al citado Órgano, en los que sea parte o tenga interés, con la finalidad de atender los procedimientos jurisdiccionales, laborales, penales, civiles, juicios de amparo, agrarios, de responsabilidad patrimonial y administrativos, o cualquier otro asunto de carácter legal en que sea parte o tenga interés jurídico, y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, así como en los demás procesos o procedimientos de toda índole. El personal de Policía Federal comisionado a la Unidad de Transición se adscribirá a esta Secretaría, conservando la plaza presupuestal que devengue, hasta en tanto se realicen los procesos y adecuaciones presupuestales y administrativas, para la conformación de la estructura organizacional de la citada Unidad. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Unidad de Transición, las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la propia Secretaría realizar las gestiones administrativas necesarias para dar cumplimiento a la transferencia, asignación y adscripción del personal de la Policía Federal. TERCERO.- La adscripción a que hace referencia el lineamiento octavo surtirá sus efectos a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, siendo la Unidad de Transición la responsable de implementar las acciones para dar cumplimiento. CUARTO.- Los nombramientos otorgados por el Comisionado General Interino de la Policía Federal o de sus antecesores, para ocupar algún cargo de la estructura orgánica o funcional de la Institución, continuarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019 o hasta que el comandante de la Guardia Nacional, realice la designación o ratificación correspondiente, o lo conducente en ejercicio de sus atribuciones. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, conservarán las respectivas plazas presupuestarias hasta el 31 de diciembre del presente año. QUINTO.- Los expedientes en trámite a cargo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, serán entregados a la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional. SEXTO.- Los expedientes y asuntos que se encuentren en trámite por los Comités del Consejo Federal de Desarrollo Policial, serán entregados al Consejo competente de la Guardia Nacional, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional. SEPTIMO.- Los grados homólogos de la Policía Federal cesarán sus efectos a partir de la publicación del presente acuerdo. Ciudad de México, a los 27 días del mes de septiembre de 2019.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.- Rúbrica." En lo que interesa, dicho acuerdo contiene las bases para realizar la transferencia de los elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional, que hubieren manifestado su voluntad de integrarse a la misma, conservando su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera. Determina que aquel personal que no se incorpore a la Guardia Nacional, conservará su antigüedad, prestaciones y su salario de acuerdo con el tabulador de carrera, y podrá solicitar su adscripción a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, siguientes: I. Servicio de Protección Federal; II. Prevención y Readaptación Social; III. Coordinación Nacional Antisecuestro; IV. Coordinación Nacional de Protección Civil; V. La Autoridad vinculada al ejercicio de atribuciones de supervisión de medidas cautelares, suspensión condicional del proceso y libertad condicional; VI. Dirección General de Seguridad Privada, y VII. Aquellas Instituciones que mediante acuerdo con otras dependencias se determinen. Aquellos integrantes de la Policía Federal que en un plazo de siete días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, no hayan manifestado su voluntad de incorporarse a la Guardia Nacional, en alguna de las unidades, órganos o instituciones mencionadas en el lineamiento anterior o no existiera capacidad de recepción en dichas instituciones, quedarán adscritos al órgano administrativo desconcentrado denominado Servicio de Protección Federal de la Secretaría, conservando su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera. Asimismo, establece la aplicación de las evaluaciones del personal de la Policía Federal, para causar alta a la Guardia Nacional, las cuales deberán considerar si el personal es operativo, de servicios o de confianza. De lo anterior se advierte, que el "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se encuentra dirigida a los elementos en activo de la Policía Federal. En el caso, si bien el quejoso demostró que es miembro de la Policía Federal, a través de la copia certificada del formato único de personal (foja 56) y por tanto ser destinatario de la norma, sin embargo, no demostró que con la sola emisión del acuerdo impugnado, se le irrogue algún perjuicio en su esfera de derechos, ya que de la lectura de acuerdo impugnado no se desprende que dicha norma, restrinja, desconozca o disminuyan sus derechos laborales, como son la antigüedad, prestaciones y su salario de acuerdo con el tabulador de carrera y que venía desempeñando dentro de dicha corporación. Al respecto, se impone destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2004 en relación con el cambio de adscripción de los agentes de Seguridad Pública, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del policía readscrito, siempre y cuando en atención a dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo, toda vez que el derecho de la inamovilidad en los funcionarios a que fue destinado no se encuentra reconocido en las normas que le rigen. Criterio que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 38/2005, emitida por la referida Segunda Sala, consultable en la página 310, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, que dispone lo siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento." De igual manera, dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de dos mil once (2011), página ochocientos quince (815), de rubro y texto: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió la tesis número I.7o.A.420 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, que dispone: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción." En ese contexto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que la ejecución del "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se traducen en un cambio de adscripción del quejoso, en el cual se le da opciones de que él decida a qué corporación es su interés pertenecer y en el mismo no se indica que se modifique su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que no existe medio de prueba que desvirtúe lo anterior, esto es, que con la sola emisión del "ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la Policía Federal" el cual trae como consecuencia un cambio de adscripción, se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario o bien, una reducción en el salario que percibía, en todo momento y por necesidades del servicio o para el mejor desempeño de su cargo en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es de sobreseerse en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo previsto por los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, s e R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***, por propio derecho por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del presente juicio y que tácitamente se dejara sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio y se fijan las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los plazos establecidos en este juicio, empezarán a correr a partir que se notifique el presente acuerdo conforme a las reglas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se difiere la audiencia constitucional prevista para hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo. Notifíquese.
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