Jose Luis Valencia Angulo

Expediente 1057/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1057/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Jose Luis Valencia Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Acepta competencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual acusa recibo del oficio y anexos, por medio del cual este Juzgado de Distrito se declaró incompetente por razón de territorio, para resolver del juicio de amparo 1057/2019, promovida por José Luis Valencia Angulo, e informa que aceptó la competencia planteada, radicando el asunto bajo el número de expediente 657/2020-II, de su índice. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo, al no existir diligencia pendiente en este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de noviembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el telegrama enviado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, autoridad responsable. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado respectivo. Manifestaciones. Téngase a la autoridad de que se trata, informando que no cuenta ningún correo electrónico institucional habilitado para recibir de manera oficial notificaciones vía electrónica respecto de los juicios de amparo, por lo que solicita que las notificaciones correspondientes, le sean efectuadas en el domicilio señalado en su ocurso. Teléfono. Por otra parte, la autoridad oficiante informa que cuenta con el número telefónico ******************** extensiones ********************,********************y********************. Hágase del conocimiento de los actuarios adscritos. Lo anterior, hágase del conocimiento de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que sea integrada dicha información a la base de datos correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado ??????????????? de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali, carece de competencia por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por ******, contra los actos reclamados apuntados, por las razones expuestas en el considerando único de esta sentencia. SEGUNDO. Remítanse los autos del presente juicio de amparo para los efectos legales consiguientes, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en Tijuana, Baja California, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa ciudad, lo anterior, previa integración que del cuaderno de antecedentes respectivo se lleve a cabo con las copias de las constancias conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. JJCM/RAR/CGPB En esta AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Mexicali, Baja California, a las once horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en este Estado de Baja California, quien actúa en unión de Roberto Aguirre Reyes, Secretario que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo, escrito aclaratorio de demanda, y con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. El Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias efectuada por el Secretario. Se abre el periodo probatorio. Dese cuenta con las pruebas existentes en este juicio de amparo. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que serán tomadas en cuenta al momento de dictar la sentencia conducente, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. Se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, precluyó el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se tiene concluida la presente audiencia pública motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; Y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y, turnado el mismo día a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali, la parte quejosa José Luis Valencia Ángulo, por propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto a continuación trascritos: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Autoridades que dictaron, promulgaron y publicaron la norma general que por esta vía se reclama: CIUDADANO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [.]. II. HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [.]. III. HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [.]. IV. CIUDADANA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. [.]. V. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. [.]. Autoridad a quien le corresponde aplicar y ejecutar de forma inmediata las disposiciones previstas en la norma impugnada mediante esta vía. VI. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (de la administración pública federal). [.] --- IV.- ACTO RECLAMADO --- El DECRETO de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de septiembre de 2019, que inició su vigencia el día 1° de octubre de 2019." Asimismo, a través de escrito aclaratorio de demanda presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, señaló lo siguiente: "PRIMERO. -En cuanto a la prevención identificada como 1. Me permito manifestar que es mi deseo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el señalar a los artículos 1° fracciones I y III, 3° fracción VII, 8° fracción IV, 14 fracción XXIII, 33 segundo párrafo, 44 segundo párrafo, 54 párrafos primero y segundo y, 107 segundo párrafo, así como los ARTÍCULOS TRANSITORIOS Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo Segundo del Decreto que contiene la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre de 2019, por ser aquellos cuya redacción contienen la violación a mis derechos fundamentales expuestos en el Concepto de Violación Tercero del escrito inicial de demanda de derechos fundamentales." SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento de prevención por razón de trámite, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, fue admitida la demanda de amparo bajo el número 1057/2019, así como solicitado a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, fue otorgada la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, quedaron señalados día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: ÚNICO. Competencia constitucional y legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, determina que carece de competencia constitucional y legal para conocer y resolver del y, en el presente asunto, por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo; por las razones que enseguida se exponen. A fin de verificar lo anterior, es necesario analizar el escrito inicial de demanda, ocurso aclaratorio de la misma, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las demás constancias obrantes en autos; lo cual es necesario previo a resolver las cuestiones de fondo. Sirve de apoyo la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese tenor, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera es que, en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Antes de continuar, tenemos que en el caso concreto, el acto reclamado por la solicitante de amparo, según la totalidad de las constancias de este expediente, consiste en el proceso legislativo de los artículos 1, fracciones I y III, 3, fracción VII, 8 fracción IV, 14 fracción XXIII, 33 segundo párrafo, 44 segundo párrafo, 54 párrafos primero y segundo y 107 segundo párrafo, así como, los artículos transitorios Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo Segundo, todos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y sus consecuencias, a partir de su entrada en vigor; es decir, de manera autoaplicativa. Bajo ese contexto, en tratándose de leyes o normas generales que se reclaman por su propia entrada en vigor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, si bien es cierto que las leyes autoaplicativas no requieren de un acto posterior de autoridad para que tengan obligatoriedad, también es cierto que posteriormente deberán tener un acto por el cual se cumplan, ya sea por voluntad propia o por mandato de la autoridad, y con base en ello, el Juez competente para conocer del amparo contra esas leyes, es el que se encuentre en donde deben ser acatadas; verbigracia, en el caso de normas fiscales, en el domicilio fiscal del contribuyente. Al respecto, resulta orientadora, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de dos mil tres, página 324, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos." Luego, considerando que, al instar el juicio de control constitucional, por una parte, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que se ha desempeñado como maestro activo en el servicio estatal adscrito a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California. Por otro lado, junto con la demanda se exhibe talón de impresión del recibo de pago relativo a la primera quince del mes de octubre de dos mil diecinueve, expedido en la ciudad de Tijuana; así como constancia expedida por delegado de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, con fecha de despacho de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, y copia simple de la credencial para votar a nombre del impetrante, de cuyo contenido se desprende como su domicilio uno ubicado en la misma ciudad de Tijuana, Baja California. Documentales que obran en autos y que, adminiculadas entre sí, merecen valor probatorio pleno, por tener la calidad de documentos públicos, en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por consiguiente, tenemos que es factible concluir, conforme los datos objetivos desprendidos de las documentales antes reseñadas que, el domicilio del quejoso está ubicado en la municipalidad indicada, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional determina que, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo multicitada, habida cuenta que si el aspecto por el que se combate la norma versa sobre las prestaciones que percibe el quejoso en su calidad de maestro activo del sistema educativo estatal (qué se le paga y qué se le pagará), es inconcuso que al reclamar el impetrante la Ley de mérito como autoaplicativa, en su caso, tendrá verificativo o habrá de aplicarse en el lugar donde radica el peticionario, o sea, en la ciudad de Tijuana, Baja California, conforme se constata a través de los documentos que anexó; máxime que la propia constancia de servicios precisa que desempeña su labor en aquél municipio. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 19-21, julio-septiembre de 1989, Octava Época, página 75 (registro 820159), que establece: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Criterio jurisprudencial que si bien parte del análisis al artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables por cuanto el contenido del actual numeral 37 de la ley de referencia vigente, es similar. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Sexto de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por José Luis Valencia Ángulo, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en Tijuana, Baja California, en turno. Consecuentemente, remítase al indicado órgano los autos originales del presente juicio de amparo 1057/2019, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme; asimismo, solicítese respetuosamente para que dentro del plazo previsto en el citado artículo 48 de la ley de la materia, envíe el acuse de recibo correspondiente y comunique su determinación. Finalmente, en virtud de lo anterior, con las constancias conducentes, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo y, en su oportunidad, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali, carece de competencia por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por José Luis Valencia Angulo, contra los actos reclamados apuntados, por las razones expuestas en el considerando único de esta sentencia. SEGUNDO. Remítanse los autos del presente juicio de amparo para los efectos legales consiguientes, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en Tijuana, Baja California, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa ciudad, lo anterior, previa integración que del cuaderno de antecedentes respectivo se lleve a cabo con las copias de las constancias conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama enviado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. Cumple requerimiento. Visto su contenido, se tiene a la autoridad de referencia acusando recibo del oficio 35695/2019 del índice de este Juzgado Federal, mediante el cual le fue notificado el acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, en el que se le requirió rindiera su informe justificado. Informes. Asimismo, recíbanse los informes con justificación remitidos por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaria de Gobernación, y agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de que se trata; con los cuales, ordénese dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. No ofrecieron. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en los informes justificados de mérito. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en los informes con justificación de referencia.

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