José Luis Ullóa Miranda
Expediente 517/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Luis Ullóa Miranda
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veinte Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de catorce de octubre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo: asimismo, glósese el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Asimismo, toda vez que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo, fracción III, del multicitado Acuerdo General, se estima susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que trascurra el término de seis meses, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. Por último, como lo establecen los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modificación electrónica, y toda vez que se cuenta con tres discos ópticos que anexó la autoridad responsable, mismas que ya no son de utilidad en este juicio; en tal virtud, se ordena su devolución. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, catorce de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan las actuaciones, se advierte que en acuerdo de ocho de octubre pasado se agregó oficio del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa en el que informó que en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte autorizó salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso en la causa penal ********************y para lo cual remitió disco compacto certificado con los registros de audio y video de la audiencia aludida. Documental que por ser pública, en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena. Luego, tenemos que en el caso la parte quejosa promovió demanda de amparo en la que reclamó de la Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa: La Resolución de veintidós de junio de dos mil veinte emitida a través de la cual revocó y dejó insubsistente el auto que decretó la suspensión condicional del proceso que se había dictado en la causa penal ********************del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Centro en esta ciudad. Del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Centro en esta ciudad lo siguiente: Continuar al procedimiento ordinario a partir de la fase en que fue suspendido. Sin embargo, del disco compacto certificado que contiene registro de la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte se advierte que el Juez responsable autorizó salida alterna en la causa penal *consistente en la suspensión condicional del proceso conforme a las condiciones establecidas en las fracciones I y V del artículo 195 del Código Nacional de Procedimiento Penales, lo cual pone de manifestó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Ello, dado que cuando el juicio de amparo se promueve contra la resolución que revocó y dejó insubsistente diverso acuerdo que decretó suspensión condicional del proceso, así como la continuación del procedimiento; sin embargo, posteriormente se autorizó nueva salida alterna a que accede el imputado, por lo que dicha manifestación entraña el consentimiento de los actos reclamados, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Por ello, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de dichas autoridades, de conformidad con el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2014495, visible a página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento el hecho de que se realice fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado desenlace, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas veinte minutos del once de noviembre del presente año.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, catorce de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan las actuaciones, se advierte que en acuerdo de ocho de octubre pasado se agregó oficio del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa en el que informó que en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte autorizó salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso en la causa penal ********************y para lo cual remitió disco compacto certificado con los registros de audio y video de la audiencia aludida. Documental que por ser pública, en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena. Luego, tenemos que en el caso la parte quejosa promovió demanda de amparo en la que reclamó de la Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa: La Resolución de veintidós de junio de dos mil veinte emitida a través de la cual revocó y dejó insubsistente el auto que decretó la suspensión condicional del proceso que se había dictado en la causa penal ********************del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Centro en esta ciudad. Del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Centro en esta ciudad lo siguiente: Continuar al procedimiento ordinario a partir de la fase en que fue suspendido. Sin embargo, del disco compacto certificado que contiene registro de la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte se advierte que el Juez responsable autorizó salida alterna en la causa penal *consistente en la suspensión condicional del proceso conforme a las condiciones establecidas en las fracciones I y V del artículo 195 del Código Nacional de Procedimiento Penales, lo cual pone de manifestó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Ello, dado que cuando el juicio de amparo se promueve contra la resolución que revocó y dejó insubsistente diverso acuerdo que decretó suspensión condicional del proceso, así como la continuación del procedimiento; sin embargo, posteriormente se autorizó nueva salida alterna a que accede el imputado, por lo que dicha manifestación entraña el consentimiento de los actos reclamados, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Por ello, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de dichas autoridades, de conformidad con el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2014495, visible a página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento el hecho de que se realice fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado desenlace, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas veinte minutos del once de noviembre del presente año.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede de la cual se desprende que en el presente juicio de amparo, se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Magistrado de la Sala de Circuito Penal Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, de esta ciudad, en el que señala que es cierto el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que remite con el informe justificado y dado lo voluminoso de las mismas, fórmese por separado tres cuadernos de pruebas, asimismo téngase por recibido los dos discos compactos. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con las constancias que acompaña, así como con el informe de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, resulta evidente que iniciará el cómputo relativo al término que se les otorga a las partes para que tengan conocimiento del informe justificado rendido por dicha autoridad, a efecto de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes; lo anterior, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor. En virtud de lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DE ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. De igual forma, agréguese a los autos el escrito signado por Pablo Gerardo Rojas Zepeda, Director del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Municipal denominado "ACUARIO MAZATLÁN", mediante el cual se apersona a juicio, señala domicilio y autorizados, asimismo proporciona correo electrónico. En consecuencia de lo anterior, se le tiene por apersonado al presente sumario constitucional, con el carácter de tercero interesado. Se tienen por autorizados para el sólo efecto de recibir notificaciones a las personas que señalan, dado que no les otorgó facultades amplias de forma expresa, y como domicilio físico el que señalan para recibir notificaciones. Con independencia de lo anterior y en términos de lo previsto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se tiene como forma especial y expedita de contacto los correos electrónicos direccion@acuariomazatlán.com y mazatlanacuario@gmail.com a través de los cuales se puede entablar comunicación no procesal, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. El referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. De igual forma como lo solicita, haga llegar a los correos antes citados la demanda de amparo presentada por el quejoso, en virtud de no haber sido recibida al momento de la notificación del requerimiento al que se da cumplimiento. Lo anterior se hace del conocimiento del Actuario judicial adscrito para los efectos correspondientes. Asimismo, con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el oficio enviado por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dentro de la causa penal 1084/2018 instruida en contra del quejoso José Luis Ulloa Miranda, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte se autorizó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, en la cual se comprometió a cumplir las condiciones establecidas en las fracciones I y V del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para acreditar lo anterior anexa copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de la fecha antes mencionada. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que remite con el oficio antes mencionado, asimismo téngase por recibido el disco compacto. Finalmente, glósese el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 142/2020, derivado del presente juicio de amparo; háganse las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
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