Jose Luis Ugarte Garcia
Expediente 427/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Luis Ugarte Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se determinó no amparar el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es conservable, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, transfiérase a los depósitos documentales a cargo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Finalmente, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena remitir a la autoridad responsable Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, el anexo que se ordenó mantener por separado; en el entendido de que el sello de recepción del presente oficio, con la anotación de que se recibió el anexo, hará las veces de acuse de recibo. Sin que haya lugar a notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Quejoso: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 427/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, por el siguiente acto: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMEN. El acuerdo del inicio del procedimiento de remoción bajo el expediente número ********************, incoado en mi contra por la autoridad demandada. En el cual pretende dar por terminada la relación jurídico-administrativa entre el suscrito y el Municipio. Mismo que combato en esta vía por traer aparejado un acto de imposible reparación, como se explicará más adelante" 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional de conformidad con lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un juicio constitucional en el que se reclaman actos de autoridad ejecutados dentro del ámbito territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos a) El acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable, mediante el cual decreta el inicio del procedimiento administrativo número ********************, en contra del aquí quejoso. III. Existencia. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, ya que así lo manifestó al rendir el informe que le fue solicitado. Aceptación que además se corrobora con las copias certificadas del expediente administrativo de origen, entre las que se encuentra el acuerdo reclamado, constancias a las que se les confiere valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 136, 197, 202, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la notificación a la parte quejosa del acto reclamado se practicó el tres de marzo de dos mil veintitrés y surtió efectos el seis siguiente, de conformidad con el artículo 27, último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado, de acuerdo a su artículo 171, fracción VII. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, descontando los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo del año en curso, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, dado que de autos se desprende que la demanda fue presentada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, ésta fue promovida oportunamente. V. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. En el caso, el [1] Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio Emiliano Zapata, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estar totalmente fundado y motivado el inicio del procedimiento administrativo incoado en contra del policía quejoso ********************, con lo que sostiene que no existe ninguna afectación actual, real y directa que atente contra la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior es infundado, ya que al haber sido dictado el acuerdo reclamado en contra del quejoso, es que cuenta con interés jurídico para reclamarlo, al ser el directamente afectado por el mismo, y en cuanto a lo que sostiene la autoridad respecto a que dicha determinación fue emitida conforme a los parámetros legales aplicables, tal cuestión es relativa al fondo del asunto, en el cual se debe determinar si dicha determinación resulta constitucional o no, tal como robustece la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 187973, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Lo anterior además, porque el presente juicio de amparo resulta procedente en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dado que se reclama una resolución de inicio de procedimiento administrativo, lo que afecta derechos sustantivos, en la medida en que de emitirse la resolución final en sentido adverso a los intereses del quejoso, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, no podría operar la reinstalación, pues la prohibición de la reinstalación en su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 49/2016 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011659, de contenido: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional". De allí que resulte infundado lo planteado por la responsable. Luego, como las partes no invocaron ninguna otra causa de improcedencia y del análisis de las constancias no se advierte que se actualice alguna de ellas, procede entrar al estudio del fondo del asunto, tal como lo marca el artículo 62 de la Ley de Amparo. VII. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor entendimiento del asunto, se procede a narrar los antecedentes jurídicamente relevantes del procedimiento administrativo de origen: Mediante oficio número ********************, presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Asuntos Internos de Seguridad Pública del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, el Policía Tercero ********************Titular de las Funciones Operativas en el Municipio de Emiliano Zapata en el Marco del Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Pública, solicitó se determinara procedente el inicio del procedimiento administrativo en contra del policía ******************** adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos -quejoso en el presente juicio-, en atención a los hechos manifestados en la tarjeta informativa con número de oficio ********************, de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrita por el Policía ******************** Supervisor Operativo de la Policía Preventiva Municipal de Emiliano Zapata, Morelos. Por acuerdos de quince de febrero de dos mil veintitrés, emitidos por la autoridad responsable, radicó y registró dicha queja por oficio bajo el número de investigación ********************; y, solicitó la remisión de diversas documentales. Allegadas al expediente de origen las documentales solicitadas, giró citatorio a ******************** elemento adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para que ratificara los hechos narrados en la tarjeta informativa con número de oficio ******************** ante la Unidad de Asuntos Internos de Seguridad Pública. Ratificados los hechos narrados en la tarjeta informativa con número de oficio ********************; por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, el Encargado de Despacho de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Emiliano Zapara, Morelos, ordenó dar inicio al procedimiento administrativo en contra del aquí quejoso, bajo el número ********************. Proveído el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. VIII. Estudio de los conceptos de violación. Previo al estudio de fondo del presente juicio de amparo, cabe resaltar que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, son esencialmente los siguientes: La autoridad responsable vulnera lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que no se están respetando las formalidades esenciales del procedimiento, pues se inició procedimiento administrativo en contra del quejoso, sin las pruebas suficientes. Además de que no existe prueba fehaciente alguna que acredite las conductas que se le imputan. El acuerdo de inicio de procedimiento carece de la debida fundamentación y motivación, en razón de que no se especifica cuál es la conducta desplegada por el quejoso y de qué manera dicha conducta encuadra en las causales de remoción previstas en el artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Además de que la responsable solo se limita a transcribir diversos preceptos legales, mismos que contemplan diversas conductas, sin especificar en cuál de los diversos preceptos que menciona encuadra la conducta que se le atribuye. De igual forma, refiere que la responsable omite realizar un pronunciamiento lógico-jurídico de la conducta que se le atribuye a la parte quejosa y los preceptos legales que invoca, así como precisar las pruebas que soporten sus afirmaciones y las razones por las que la conducta atribuida encuadra en las hipótesis normativas invocadas, y que si bien refiere distintas capturas de pantalla de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, las mismas carecen de valor probatorio ya que no existe prueba pericial que determine que las mismas corresponden al quejoso. Aduce que la autoridad responsable vulneró lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, pues en el acto reclamado se citaron diversas disposiciones normativas como son los artículos 100, fracciones I, IV, XVII y XVI; 159, fracciones I y IV de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo cual a su criterio hace jurídicamente imposible que una sola conducta se ajuste perfectamente a diversos preceptos legales, por lo cual no se está realizando la debida tipicidad que exige todo acto administrativo sancionador. Que la responsable debió realizar un análisis a la gravedad de la falta cometida por el quejoso, a fin de estar en aptitud de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. La autoridad responsable violó en su perjuicio el principio de tipicidad, en razón de que al emitir el acto reclamado no adecuó la conducta prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido. Indica que la autoridad responsable no hace una exacta aplicación de la norma, al no precisar la conducta que se le atribuye, por lo que le resulta imposible conocer si dicha conducta es sancionable, sin que pueda imponer pena alguna por simple analogía y por mayoría de razón, al no tener facultades para interpretar la norma jurídica. Refiere que se viola en su perjuicio del principio de certeza jurídica, debido a que como se desprende de la queja que dio inicio al procedimiento administrativo, no se le atribuye ninguna conducta ni se especifica de manera clara y pormenorizada cuál es la conducta contraria a derechos que se le atribuye. Que la responsable si bien en el acuerdo reclamado encuadró la conducta del quejoso en el artículo 159, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado, no precisó cuál era la falta grave cometida por el quejoso, tampoco indicó con qué parámetro calificó la gravedad de la falta, pues no existe un catálogo que contemple los parámetros para su calificación; además, menciona que si se trata de una falta grave debió turnarlo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme al numeral 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos. Que se viola el principio de presunción de inocencia, pues dan por hecho que el quejoso desplegó las conductas que se le pretenden atribuir sin allegarse antes de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad, así como los derechos de no autoincriminación y a la obtención de prueba licita sin violación a derechos fundamentales consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que si bien es cierto que el catorce de febrero de dos mil veintitrés recibió instrucciones de trasladarse a las instalaciones del C5, con la finalidad de cubrir un servicio, el quejoso solicitó permiso de manera verbal al supervisor operativo ********************, para asistir a una audiencia a las trece horas con treinta minutos, y posteriormente llevar a su madre a recibir atención médica, por lo que no se retiró del servicio de manera injustificada, ya que fue con autorización de su superior jerárquico. Al respecto, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, algunos son infundados y otros inoperantes, por lo que debe negarse el amparo solicitado, sin que se esté en el supuesto de suplir la queja deficiente, toda vez que el procedimiento administrativo de donde deriva el acto reclamado, se refiere a una cuestión de responsabilidad administrativa, por tanto, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2013378, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." En ese sentido se procede a analizar en primer lugar el concepto de violación marcado con el número (1), en el que refiere el quejoso que las pruebas ofrecidas no son suficientes para que se inicie el procedimiento administrativo sancionador. Dicho argumento resulta infundado, ya que el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece lo siguiente: "Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento: Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos; Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho convengan de manera verbal o por escrito; Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles siguientes; y A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado". Del artículo transcrito, se advierte que el procedimiento sancionador de los elementos policiales consta de diversos momentos, siendo el primero de ellos el acuerdo de inicio del procedimiento, en el que basta se contenga pruebas bastantes para demostrar la probable responsabilidad administrativa del acusado. Lo anterior, porque con el acuerdo de inicio de procedimiento y las pruebas que lo respaldan se notifica al elemento, a fin de que pueda defenderse. En ese sentido, a efecto de acreditar la probable responsabilidad de la parte quejosa, la autoridad responsable estableció en el acuerdo reclamado, en lo que interesa, que recibió las pruebas siguientes: El oficio ********************, signado por el Policía Tercero ********************, Titular de las Funciones Operativas en el Municipio de Emiliano Zapata en el Marco del Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Pública, mediante el cual solicita se inicie procedimiento administrativo al quejoso, remitiendo para tal efecto la tarjeta informativa número ********************, de catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Policía ******************** Supervisor Operativo de la Policía Preventiva Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, de la cual refiere la responsable, se advierte que ******************** se presentó a laborar el día catorce de febrero del año en curso, presentándose en el primer turno a mando del policía ********************, mismo que dio la indicación al aquí quejoso y otros, de que tenían que presentarse a una ceremonia en las instalaciones de C-5 Morelos, ubicado sobre avenida Temixco sin número de la colonia Palo Escrito dentro del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, y una vez terminado el evento, debían regresar a la comandancia de Emiliano Zapata, Morelos ubicada sobre carretera Zapata-Tezoyuca sin número en el poblado de Tezoyuca de la citada municipalidad, para continuar con su servicio; sin embargo, ********************, no se presentó a la comandancia municipal, por lo que trataron de localizarlo por llamada telefónica desde el teléfono de la radioperadora, una vez hecha la llamada no se tuvo contacto con él y, de la misma manera el policía ******************** le realizó una llamada telefónica al número personal de ********************, logrando tener comunicación con éste, quien le contestó que se encontraba en una audiencia, por lo que el policía ********************, le solicitó algún documento que acreditara su dicho a lo que el policía ********************, contestó que por el momento no lo tenía. Copia certificada de la fatiga de servicio de la policía preventiva de catorce de febrero de dos mil veintitrés, relativa a los servicios implementados para el personal del primer turno de la policía preventiva municipal, integrada a la policía Morelos, emitida por el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, en donde se contiene el nombre del aquí quejoso dentro del apartado de incidencias, donde se hizo constar "Personal que se presentó en C-5" Copia certificada de la bitácora de radioescucha de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se hizo constar que a las doce horas con un minuto concluyó el despliegue operativo en la zona perimetral del recinto identificado como C-5, derivada de la visita del Gobernador del Estado de Morelos, por lo que se "normalizaron las unidades". Ratificación de la tarjeta informativa número ********************, y declaración sobre tales hechos de ********************, de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Por lo que con base en lo anterior, a juicio de esta juzgadora, el acuerdo reclamado sí contiene una relación de pruebas suficientes para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, ya que del material probatorio se puede advertir de manera indiciaria, que el quejoso pudo haber incurrido en las conductas previstas en los artículos 100, fracciones I y XVII, así como 159, fracciones I, IV y VIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues de las pruebas referidas se aprecia de manera indiciaria que el catorce de febrero de dos mil trece, ******************** se presentó a trabajar a la Comandancia del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en el turno matutino, donde le fue ordenado por su superior el policía ********************, que debía presentarse a una ceremonia en las instalaciones del C-5, debiendo una vez concluido el evento, regresar a la comandancia antes citada; sin embargo, el aquí quejoso no se presentó a la comandancia municipal, por lo que el policía ******************** procedió a buscarlo vía telefónica y, al lograr comunicarse con el aquí impetrante de amparo, le cuestionó el motivo por el cual no se había presentado a la comandancia municipal, a lo que ******************** le contestó que se encontraba en una audiencia, por lo que le solicitaron documento que justificara su dicho, manifestando éste no contar con documento alguno para ello; de ahí que de la documental referida sí se advierta de manera indiciaria los hechos atribuidos al aquí quejoso a través de la queja por oficio presentada por el Policía Tercero ********************, Titular de las Funciones Operativas en el Municipio de Emiliano Zapata en el Marco del Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Pública. Por tal motivo, desestimar lo acreditado con dicha probanza, es materia de valoración de pruebas propio de la resolución final que se emita en el procedimiento administrativo de origen en el que se analicen las pruebas que eventualmente aporte el aquí amparista y se confronten con la antes mencionada. De lo antes expuesto, se concluye que lo requerido para emitir un acto de inicio de procedimiento administrativo, como se dijo, es que existan pruebas suficientes de las que se adviertan que la conducta atribuida es sujeta de responsabilidad administrativa, requisitos que, como se dijo, están reunidos en el acto reclamado. Se concluye de esa forma, porque pretender que en ese estado procesal se encuentra probada de forma plena la participación de la parte quejosa, implicaría ineludiblemente adelantarse al procedimiento mismo, ya que de forma anticipada se le estaría condenando, lo cual es contrario al principio de igualdad procesal que debe imperar en este tipo de procedimientos, haciendo nugatorio el derecho de defensa y las formalidades esenciales del procedimiento que deben imperar, como son, la posibilidad de ser llamado al procedimiento, tener oportunidad para ofrecer pruebas, alegar y recibir una sentencia que dirima los puntos planteados por las partes. En relación a los conceptos de violación marcados con los números (2), (3), (4), (7) y (8), se estudian en su conjunto, dada la estrecha vinculación que existe en las manifestaciones del quejoso en las que en esencia aduce que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, así como que es violatorio del derecho de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional y violatorio del principio de certeza jurídica, debido a que la responsable no especificó cuál es la conducta que se le atribuye y solo se limitó a transcribir diversos preceptos legales, sin especificar de manera concreta en cuál de ellos encuadra la supuesta conducta desplegada. Dichos conceptos de violación son infundados en atención a las consideraciones siguientes: En principio, debe decirse que el derecho a la debida fundamentación y motivación del auto de autoridad contemplado en el artículo 16 constitucional, implica que la fundamentación debe ser entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Expuesto lo anterior y contrario a lo precisado por el quejoso, en el acto reclamado sí existe una debida fundamentación y motivación, ya que se especificó la conducta que se imputa al quejoso, la cual consiste en que, en su carácter de elemento de la Policía Preventiva del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, no cumplió con el deber de conducirse con dedicación y disciplina, en apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales, al no cumplir con la orden recibida por su superior con motivo del desempeño de sus funciones, dando lugar con ello al abandono injustificado del servicio que le fue asignado, lo anterior derivado de las manifestaciones precisadas en la tarjeta informativa de catorce de febrero de dos mil veintitrés, signada y ratificada por el policía ********************, en su carácter de Supervisor Operativo de la Policía Preventiva Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, lo que encuadra en las hipótesis del referido artículo 100, fracciones I y XVII, así como 159, fracciones I, IV y XIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. En efecto, de la lectura integral del acuerdo reclamado, se advierte que la conducta por la cual la autoridad dictó el inicio de procedimiento, consiste en que el aquí quejoso en su carácter de elemento policial, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, se presentó a trabajar en la Comandancia Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, recibiendo la orden de presentarse a una ceremonia en el C-5, debiendo una vez concluida la misma, regresar a la citada comandancia para continuar con su servicio; sin embargo, el elemento policial no se presentó en la referida comandancia y al ser localizado informó que se encontraba en una audiencia, sin presentar documento alguno que justificara su dicho, lo que se advierte de la siguiente transcripción del acuerdo reclamado: ". se concluye que al obrar en autos las DOCUMENTALES PÚBLICAS señaladas en los resultandos que anteceden, mismas que al ser emitidas por un ente público y considerando que el área de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, siendo la encargada de la Policía Preventiva menciona en su oficio ********************, en el que solicita se determine procedente el inicio del Procedimiento Administrativo en contra de ******************** oficial que se presentó a laboral el día catorce de febrero del año dos mil veintitrés presentándose en el Primer Turno a mando del Policía ********************, mismo que di la indicación a (.) Y ******************** quienes tenían que presentarse a una ceremonia en las instalaciones de C-5 Morelos ubicado sobre avenida Temixco sin número de la colonia Palo Escrito dentro de este Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y una vez que terminó el evento regresaron a la comandancia de Emiliano Zapata; Morelos ubicada sobre carretera Zapata-Tezoyuca sin número en el poblado de Tezoyuca de este Municipio de EmilianoZapata, Morelos para continuar con su servicio, resultando que el Ciudadano ******************** no se presentó a la Comandancia Municipal, mismo que se trató de ser localizado por llamada telefónica desde el teléfono de la radioperadora, una vez hecha la llamada no se tuvo contacto con él, y de misma forma el Policía ******************** le realizó una llamada telefónica al número personal ******************** del Policía ********************, logrando tener comunicación con el Policía ********************, mismo que le contesto QUE SE ENCONTRABA EN UNA AUDIENCIA, a eso el Policía ******************** le solicitó algún documento que acreditara su dicho por lo que Policía ******************** (sic) contestó QUE POR EL MOMENTO NO LOTENÍA, siendo todo lo desarrollado dentro de la llamada telefónica, todo esto asentado en la Tarjeta Informativa ******************** de fecha catorce de febrero del año dos mil veintitrés por lo que se entiende que es un ABANDONO DE SERVICIO INJUSTIFICADO. Por lo que atento a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 fracción Il de la Ley del Sistema de seguridad en el Estado de Morelos, es que se considera y DETERMINA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO correspondiente, en virtud que esta autoridad considera que la conducta atribuida al ciudadano ******************** encuadra y se encuentra prevista en el artículo 159 fracciones I, IV y XIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en virtud que existen elementos suficientes para iniciar Procedimiento Administrativo en contra del Policía ********************, como elemento adscrito a la Policía Preventiva del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, lo anterior, derivado de la queja presentada mediante oficio número ********************, suscrito por el POLICÍA TERCERO ******************** Titular de las Funciones Operativas en el Municipio de Emiliano Zapata en el Marco del Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Pública, recibido a las quince horas con dos minutos y registrado con número de entrada 41 con fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés, en contra del elemento policial ******************** por el abandono de su servicio asignado de fecha catorce de febrero del año dos mil veintitrés, hechos acontecidos en las instalaciones de C-5 Morelos ubicado sobre avenida Temixco sin número de la colonia Palo Escrito dentro de este Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, faltando con su conducta desplegada a lo que establece el artículo 159 fracciones I, IV y XIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que a la letra dice: Artículo 159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: Cometer falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable, para las instituciones de seguridad pública. IV. Abandonar injustificadamente el servicio asignado XIII. No obedecer sistemática e injustificadamente las órdenes que reciba de sus superiores con motivo del servicio que presta. Por lo que, se le atribuyen actos a ********************, no cumplir con el deber de conducirse con dedicación y disciplina, asi como también con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales, tal y como lo establece el artículo en 100 en sus fracciones I, y XVII; de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; así mismo, en razón de que de las diligencias desahogadas en la investigación que hoy se resuelve, se desprenden elementos probatorios de que el elemento de la Policía Preventiva el Ciudadano ********************, debe ser sujeto a inicio de Procedimiento Administrativo al actualizarse lo establecido en el artículo 164 fracción I y II mediante queja signada por el POLICÍA TERCERO ******************** Titular de las Funciones Operativas en el Municipio de Emiliano Zapata en el Marco del Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Pública, ante esta Unidad de Asuntos Internos de Seguridad Pública del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, recibido con fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés, por los hechos del día catorce de febrero del año dos mil veintitrés, acontecidos en las instalaciones de C-5 Morelos ubicado sobre avenida Temixco sin número de la colonia Palo Escrito dentro de este Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, faltando con su conducta desplegada a lo que establece el artículo 159 fracciones I, IV y XIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al cumplirse y materializarse lo dispuesto en este artículo, en relación con los artículos 21, 123, apartado B) fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 159 fracción I, IV y XIII, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 172 y 182 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y el 32 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos". Al respecto, de la lectura integral de tales párrafos, los cuales constituyen parte del acuerdo reclamado, se puede observar que la autoridad responsable determinó encuadrar la conducta del aquí quejoso en las hipótesis previstas por las fracciones I, IV y XIII del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Lo anterior porque la autoridad responsable consideró que el hoy quejoso, no actuó conforme a sus deberes y obligaciones al transgredir el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, específicamente las fracciones I y XVII, las cuales prevén en esencia que los integrantes de las instituciones de seguridad deberán conducirse siempre con dedicación y disciplina en apego al orden jurídico y garantías individuales; así como que deben cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento. Por tanto, si el numeral 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en su fracción I menciona que será causa justificada de remoción de los elementos de seguridad pública y sus auxiliares, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en dicha ley, el que se cometa falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública y demás normatividad aplicable, es ineludible que si el quejoso no cumplió con los deberes y obligaciones que deben acatar los elementos policiales adscritos a dicha institución de seguridad e incumplió con las obligaciones contenidas tanto en las fracciones IV y XIII del artículo antes citado, así como las fracciones I y XVII del artículo 100 de la multicitada ley, al no haber acatado las ordenes de su superior jerárquico en el sentido de regresar a la Comandancia Municipal de Emiliano Zapata, Morelos para continuar con su servicio, una vez concluida la ceremonia a la que debía asistir en el C-5, la conducta desplegada por el quejoso encuadra en la hipótesis en estudio. Lo anterior permite concluir que la autoridad responsable no solo citó los preceptos legales que presumiblemente fueron infringidos por la persona hoy solicitante del amparo, sino que también expuso los razonamientos lógico-jurídicos por los que consideró que la conducta que se le atribuye encuadraba en los supuestos normativos, así como los hechos o acontecimientos [condiciones de modo, tiempo y lugar] por los cuales se le atribuye un actuar alejado de lo previsto en la normativa aplicable, fundando y motivando con ello su actuar; de ahí lo infundado de los conceptos de violación analizados. En tanto que contrario a lo que aduce en el oficio ********************, mediante el cual se solicitó el inicio del procedimiento en su contra, sí se especificó la conducta que se le atribuía ya que con el mismo se anexó la nota informativa ********************, de la que se desprende que el aquí quejoso a pesar de que tenía la orden de su superior jerárquico -******************** en su carácter de Supervisor Operativo de la Policía Preventiva Municipal de Emiliano Zapata, Morelos- de seguir con su servicio una vez concluido el evento al que fue asignado, no se presentó en la comandancia para tal efecto, sin que justificara tal actuación. Y fue con base en ello, que contrario a lo que aduce el inconforme, en el acuerdo reclamado sí se especificó la conducta que se le atribuyó -no haber dado cumplimiento a las órdenes de su superior jerárquico-, así como las hipótesis que encuadraban dicha conducta del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistentes en las previstas en las fracciones I, IV y XIII, de dicha disposición, las cuales se refieren al abandono injustificado del servicio asignado y a no obedecer injustificadamente las órdenes de sus superiores con motivo del servicios que presta. Lo cual además tiene concordancia con las pruebas que indicó en su oficio, consistentes en el oficio ********************, la tarjeta informativa ********************, las copias certificadas de la fatiga de servicio de la policía preventiva y de la bitácora de radioescucha de catorce de febrero de dos mil veintitrés, y la ratificación de la tarjeta informativa mencionada y de los hechos por parte de ********************, conforme a las cuales consideró que se encontraba acreditado de forma indiciaria hasta este momento procesal la conducta aludida, de allí que sí precisó las pruebas que soportaron sus afirmaciones y las razones por las que la conducta atribuida encuadraba en las disposiciones invocadas. Además, de que tal conducta sí se adecua a los diferentes preceptos citados, ya que los mismos se refieren a la falta de acatamiento del personal de las ordenes de su superior jerárquico, y es por ello que no resulta jurídicamente imposible su defensa, ya que con base en tales consideraciones es que se encuentra en desvirtuar la comisión de tal conducta, o bien de demostrar que la misma no se amolda a alguno o algunos de los preceptos indicados. De allí que no se le impuso pena por simple analogía o por mayoría de razón, máxime que en este momento aún no se impone ninguna sanción, sino que sólo se le precisaron los dispositivos y causas por las cuales se le va a seguir dicho procedimiento a fin de posibilitar su defensa, lo cual se insiste, con la forma en que fue emitido el acto reclamado, la misma fue asegurada. Sin que como refiere sea necesaria una prueba pericial para darle valor probatorio a las capturas de pantalla que contiene la tarjeta informativa número ********************, relativas a las llamadas y mensajes de WattsApp, ya que hasta este momento procesal, únicamente se necesita la acreditación indiciaria de las conductas aludidas, lo cual se cumple, pues además de la existencia de dicha nota informativa, existe su ratificación y la declaración sobre tales hechos respecto del directo testigo presencial consistente en ******************** -superior jerárquico cuyas órdenes desatendió-, los cuales hasta este momento procesal permiten deducir a manera de probabilidad, que el aquí quejoso pudo haber cometido la conducta imputada. Por su parte, respecto al concepto de violación marcado con el número (6), en el que el quejoso alega que la responsable violó en su perjuicio el principio de tipicidad, en razón de que al emitir el acto reclamado no adecuó la conducta prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido; debe decirse que dicho motivo de disenso deviene infundado en atención a las consideraciones siguientes. De la lectura integral del acuerdo reclamado se advierte que, contrario a lo que indica el quejoso, sí se le atribuyó una conducta en específico, ya que se indicó que el impetrante de amparo, fue participe de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa incoado en su contra. Esto es así, ya que del acuerdo reclamado se desprende claramente la conducta que se le atribuyó al quejoso, es decir, el comportamiento que realizó, positivo o negativo, encaminado a un propósito, en este caso, no obedecer las órdenes de su superior jerárquico en el sentido de regresar a la Comandancia Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para continuar con su servicio, una vez concluida la ceremonia a la que debía asistir en el C-5 y por consiguiente, el abandono injustificado de su servicio, al no exhibir prueba alguna que justificara su actuar. Así, con base en la conducta -hechos- que fueron desplegados por el aquí quejoso, calificó -en una hipótesis legal- en una misma norma, por qué tales conductas se adecuan a los preceptos que sancionan tal actuar, y que tales comportamientos encuadraron en los supuestos normativos establecidos por la autoridad responsable. Ahora bien, respecto al principio de tipicidad, éste se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Dicho en otras palabras, el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una multa por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía ni por mayoría de razón. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 100/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 174326, y que a la letra dice: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón." En ese sentido, contrario a lo manifestado por el quejoso, no es cierto que las conductas que presuntamente realizó no se puedan ajustar a los preceptos legales señalados por la responsable, puesto que, como se indicó, la conducta [hechos] que conforme a lo ahí narrado, fue desplegada por él mismo, sí se advierte del acuerdo reclamado y, en ese sentido el encuadre -en una hipótesis normativa- que la responsable hizo en las fracciones I, IV y XIII del numeral 159 de la ley que rige el acto reclamado, es correcto, puesto que tales comportamientos concuerdan con las hipótesis indicadas [supuesto normativo] en las fracciones que anteceden, lo que incluso le genera seguridad jurídica para que pueda defenderse de los hechos que se le están imputando y las normas que se trasgreden con los mismos, y por ello posibilita su defensa ya que está en condiciones de desvirtuar que no cometió esos hechos o que los mismos no encuadran dentro de esas hipótesis normativas, lo que deberá realizar en el procedimiento administrativo de origen. Aunado a lo anterior, en el procedimiento administrativo sancionador la tipificación normativa no llega a ser inexcusablemente de manera precisa y directa, sino que es habitual que se practique indirectamente o por remisión, cuando la conducta de reproche puede desprenderse de las disposiciones legales o reglamentarias que complementen las técnicas normativas utilizadas por el legislador, como pudieran ser los conceptos jurídicos indeterminados y, en general, los conceptos cuya delimitación permite un margen de apreciación, en el caso particular la autoridad responsable sí tipificó la conducta desplegada por la persona quejosa, en los artículos 159, fracciones I, IV y XIII, en relación con el diverso 100, fracciones I y XVII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública -vigente-. Entonces, se concluye que la autoridad responsable no violó el principio de tipicidad que arguye el quejoso, pues sí se advierte cuál fue la conducta desplegada por la persona peticionaria del amparo y el encuadre de ésta en los numerales que indicó la autoridad responsable. En otros conceptos de violación señalados con los números (5) y (9), el quejoso aduce en esencia que la autoridad responsable debió realizar un análisis a la gravedad de la falta cometida por el quejoso, a fin de estar en aptitud de iniciar al procedimiento administrativo correspondiente; aduciendo también que no existe un catálogo que contemple los parámetros para su calificación; y, que en caso de tratarse de una falta grave, debió la responsable turnar el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Los anteriores argumentos resultan infundados en parte e inoperantes en otra en atención a las consideraciones siguientes: Resulta infundado lo argumentado por el quejoso, en el sentido de que la responsable debió calificar la gravedad de la falta cometida, ya que en oposición a lo que indica, en términos del artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, basta que la autoridad precise la conducta desplegada por los elementos de seguridad pública que se configura dentro de la hipótesis de remoción de la relación administrativa, en este caso, la establecida en el artículo 159, fracciones I, IV y XIII de la citada ley. En efecto, la autoridad consideró que el aquí quejoso incurrió en una falta al omitir cumplir con los deberes y obligaciones que todos los elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública deben acatar, lo anterior por no haber obedecido las instrucciones de su superior jerárquico, en el sentido de regresar a la Comandancia Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, una vez concluida la ceremonia en el C-5, para continuar con su servicio y por consecuencia, haber abandonado injustificadamente el mismo, al no presentar prueba alguna que justificara su actuar. En efecto, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, no contempla como requisito de validez de los acuerdos de inicio de procedimiento administrativo, la expresión o calificación de la gravedad de la conducta atribuida al servidor público. Por el contrario, de conformidad con el artículo 160 de la ley que rige el acto reclamado, corresponde al Consejo de Honor y Justicia Municipal determinar en la resolución definitiva que al efecto dicte en el procedimiento relativo, si la conducta del servidor público sujeto a investigación, en caso de acreditarse, resultó grave de acuerdo con los parámetros establecidos en dicho ordenamiento. En ese sentido se tiene que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, de acuerdo con la legislación en cita, la atribución exclusiva de establecer la gravedad de las infracciones cometidas corresponde al Consejo de Honor y Justicia, al momento de dictar la resolución definitiva en el procedimiento administrativo, y no a la Unidad de Asuntos Internos al emitir el acuerdo de inicio de procedimiento como el reclamado en esta instancia. Por su parte, resulta inoperante el argumento que vierte el quejoso en cuanto a que, de ser grave la conducta en que incurrió el quejoso, debe turnarse el caso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de conformidad con el numeral 3, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos; ello, porque el artículo 4 de la ley que cita el impetrante de amparo, rige únicamente a los servidores públicos del Estado de Morelos, a aquellas personas que, habiendo fungido como servidores públicos, se ubiquen en supuestos a que se refiere dicha ley y, a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; acotando que la persona quejosa no se encuentra en tales supuestos, puesto que forma parte del Sistema de Seguridad Pública, al ser elemento de seguridad adscrito a la Policía Preventiva del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. En ese sentido, los miembros de las instituciones policiales, de acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por sus propias leyes, además, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, por tanto, si la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, regula la integración, organización y funcionamiento del propio Sistema Estatal de Seguridad Pública, dicha ley es la que resulta aplicable al quejoso para el efecto de analizar, en todo caso, el procedimiento administrativo de origen en cuestión, de ahí la inoperancia de su concepto de violación. Luego, el quejoso dice en el motivo de disenso marcado con el número (10) que el proveído reclamado viola su derecho de presunción de inocencia, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, pues da por hecho que él desplegó las conductas que se le atribuyen sin allegarse de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad, además de que violentó sus derechos a la no autoincriminación y a la exclusión de pruebas ilícitas. Lo anterior es infundado porque en el acto reclamado no se prejuzga sobre la responsabilidad del quejoso, sino que en términos del artículo 171, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la autoridad responsable sólo decreta el inicio del procedimiento de responsabilidad y será durante su sustanciación que el elemento policial aquí quejoso, estará en posibilidad de ofrecer pruebas para desestimar los hechos que se le imputan; de ahí que con la emisión del acto reclamado no se vulnera su derecho de presunción de inocencia. Así, es que lo anterior no contraviene el criterio citado por el quejoso de título siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.", emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2006590; ya que el acto reclamado no tiene el alcance de pronunciarse sobre la remoción o sanción de la persona aquí quejosa [lo cual es atribución del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública], sino solo de sujetar o no al quejoso al respectivo procedimiento administrativo derivado de la conducta que se le atribuye, en el cual, como se expuso, podrá intervenir a efecto de contestar la queja interpuesta en su contra, ofrecer pruebas, rendir su declaración, entre otros aspectos, propios del procedimiento a fin de desestimar lo que se le atribuye y se resuelva lo conducente; de ahí que con el acto reclamado no se emitió un pronunciamiento respecto de su intervención plena en los hechos materia de la queja, sino que existe la probabilidad de su participación en los mismos, lo cual no desvanece la presunción de inocencia con que goza. Y de igual forma no se violentó su derecho a la no autoincriminación, pues no se tomó en cuenta su falta de contestación a los hechos atribuidos, ni tampoco fueron valoradas en su contra pruebas ilícitas, pues si bien en la tarjeta informativa número ********************, se contienen capturas de pantalla de comunicaciones privadas, las mismas fueron ofrecidas por uno de sus interlocutores, en este caso ********************, quien como superior jerárquico del aquí quejoso, procedió a su localización, para determinar el motivo de su ausencia, luego es que las mismas no violentan el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, pues las mismas pueden ser aportadas válidamente dentro de un procedimiento siempre que sea por parte de uno de sus participantes, conforme a la tesis 1a. CCLXXX/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2013199, de rubro "COMUNICACIONES PRIVADAS. EL HECHO DE QUE UNO DE LOS PARTICIPANTES DÉ SU CONSENTIMIENTO PARA QUE UN TERCERO PUEDA CONOCER SU CONTENIDO, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A SU INVIOLABILIDAD." Finalmente, resulta infundado su concepto de violación enlistado como (11), en el que señala que si bien es cierto que el catorce de febrero de dos mil veintitrés recibió instrucciones de trasladarse a las instalaciones del C5, con la finalidad de cubrir un servicio, el quejoso solicitó permiso de manera verbal al supervisor operativo ********************, para asistir a una audiencia a las trece horas con treinta minutos, y posteriormente llevar a su madre a recibir atención médica, por lo que no se retiró del servicio de manera injustificada, ya que fue con autorización de su superior jerárquico. Lo anterior ya que tal argumento se trata de una mera afirmación sin fundamento, ya que el quejoso no aporta pruebas para demostrar dichas circunstancias, de allí que la misma no sea suficiente para desvirtuar las pruebas consideradas en el acto reclamado por la autoridad responsable, las cuales pesan en contra del aquí inconforme, relativas al oficio ********************, la tarjeta informativa ********************, las copias certificadas de la fatiga de servicio de la policía preventiva y de la bitácora de radioescucha de catorce de febrero de dos mil veintitrés, y la ratificación de la tarjeta informativa mencionada y de los hechos por parte de ********************, luego es que las afirmaciones del quejoso no sean suficientes para derrotar los argumentos y fundamentos contenidos en el acto reclamado, el cual tiene un sustento probatorio mayor, y de mayor diversidad (documentales y declaraciones), que las solas manifestaciones del aquí amparista; máxime que, será en todo caso, en el procedimiento donde podré acreditar tal circunstancia. Por tanto, al haberse desestimado los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el II considerando, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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ACTA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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...Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de nueve de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, por lo que entre la fecha de notificación a la parte quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese.
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