Jose Luis Tuñon Gordillo

Expediente 792/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
792/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Tuñon Gordillo

Actuaciones

  1. Principal

    Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por -, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Visto el escrito de cuenta que suscribe ****, a través del cual cumple con el requerimiento formulado por este juzgado. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como de su escrito aclaratorio, se aprecia que el quejoso señala como actos reclamados lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) Órgano Legislativo: H. Congreso General, conocido como Congreso De la Unión, a través de las Cámaras de: Cámara de Diputados: La discusión y aprobación de la Ley Nacional del Registro de Detenciones; Cámara de Senadores: La discusión y aprobación de la Ley nacional del Registro de Detenciones; B) Órgano Ejecutivo: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. También denominado en la Constitución como Presidente de la República La promulgación de la Ley Nacional del Registro de detenciones, que se dio a conocer el 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. De --: La promulgación y refrendo de la Ley Nacional del Registro de detenciones, que se dio a conocer el 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Todas en su calidad de autoridades ordenadoras, ya que no se ha generado el primer acto de aplicación, no indico una autoridad ejecutora; no obstante considero que la Iey con su sola entrada en vigor lesiona derechos a la seguridad, salud, protección y bienestar de las personas, ya que ante cualquier detención de manera irreparable al observar la ley, se pueden generar afectaciones a cualquier detenido, siendo evidente lo ordenado en el artículo primero, de ser obligatoria de ser de orden público y por ello, no se puede exigir al sujeto obligado, integrante de la policía, que brinde esas protecciones, a cualquier detenido, dado que la norma no se lo obliga de forma expresa 2. Efectivamente se reclama la inconstitucionalidad del numeral 10 de Ia citada Ley Nacional del Registro de detenciones; (agravio III)." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que La Ley Nacional del Registro de Detenciones, no causa perjuicio a la parte quejosa por su sola vigencia, sino que es necesario, un acto posterior de aplicación, para que se origine tal afectación. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte el numeral artículo 61, fracción XII establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, el citado numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;". Conforme a los preceptos legales antes indicados el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. Ahora, los artículos 17, fracción I, y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de carácter general atendiendo a su propia naturaleza. Es decir, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En el primer supuesto, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, de tal forma que, provoque la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate. Sin embargo, no todas las normas que hayan entrado en vigor, por sí solas son de naturaleza autoaplicativa y, por ese hecho, ya causen agravios y perjuicios al gobernado, puesto que la vigencia de las normas por sí sola no incide en su naturaleza y su afectación depende del contenido particular de cada una. A fin de evidenciar lo anterior, se requiere definir si la porción normativa controvertida tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. El primer caso, se refiere a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto intermedio de aplicación, es decir, esas leyes, al iniciar su vigencia, imponen deberes jurídicos a los particulares; de ahí que cuando los supuestos contenidos en las hipótesis normativas se actualizan automáticamente sin que sea menester un acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo. El segundo supuesto, corresponde a las leyes heteroaplicativas, que son aquéllas que, por sí solas, cuando se inicia su vigencia no afectan la esfera de los gobernados, creando deberes a su cargo o extinguiendo o trasformando sus derechos, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto posterior. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los siguientes elementos para distinguir si una norma de carácter general es autoaplicativa o heteroaplicativa, a saber: A. Leyes autoaplicativas: 1. Se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, trasforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización o condición alguna. 2. Pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computados a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 18 del mismo ordenamiento legal. B. Leyes heteroaplicativas: 1. Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. 2. Pueden reclamarse, sólo en una oportunidad, a través del juicio de amparo indirecto, que es dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y, no así, con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Esta limitante se explica en razón de que la sentencia que se dicte en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, del acto de aplicación cuestionado y en relación con todos los posteriores, ya que no puede aceptarse la procedencia de tantos juicios de amparo contra una ley, cuantos actos de aplicación existan en su perjuicio, a fin de evitar la litispendencia y la contradicción de sentencias y, especialmente, para obtener el respeto de la cosa juzgada. De ahí que sea necesario establecer si los artículos tildados de inconstitucionales relativos a la disposición que por esta vía se reclama crea, modifica, extingue, una situación de derecho, o genera una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, que impacta en la esfera jurídica del gobernado por su sola entrada en vigor, para lo cual se transcribe su contenido: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad. "Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: (.) VIII. Sujeto Obligado: servidor público que por motivo de su empleo, encargo o comisión intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro." "Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. Dicho Registro será administrado y operado por la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan. "Artículo 4. El Registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada. Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro Nacional de Información y conforme a las leyes aplicables. "Artículo 5. Con independencia de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley, la Secretaría contará con un Sistema de Consulta del Registro que permita, a través de herramientas tecnológicas, consultar una versión pública de la información de las detenciones practicadas por las instituciones de seguridad pública, conforme a la normatividad aplicable. "Artículo 10. El sujeto obligado que intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro, deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, los datos personales en su posesión. Se presume que son ciertos los datos personales cuando estos son proporcionados directamente por la persona detenida hasta en tanto se acredite lo contrario. "Artículo 18. El Registro inmediato sobre la detención que realiza la autoridad deberá contener, al menos, los siguientes elementos: I. Nombre; II. Edad; III. Sexo; IV. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de la misma, así como si esta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención por flagrancia, caso urgente o arresto administrativo; IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, institución, rango y área de adscripción; V. La autoridad a la que será puesta a disposición; VI. El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de que la persona detenida acceda a proporcionarlo; VII. El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista, y VIII. Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información que permitan atender el objeto de la presente Ley. El Registro deberá realizarse sin demérito de que la autoridad que efectúe la detención cumpla con la obligación de emitir su respectivo informe policial y demás documentos a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 23. La actualización de la información del Registro que lleven a cabo las instituciones de procuración de justicia o administrativas deberá contener, cuando menos, lo siguiente: (.)" "Artículo 30. La persona privada de la libertad y su representante legal, tendrán acceso a la información contenida en el Registro, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Secretaría." "Artículo 31. El Sistema de Consulta del Registro es una herramienta tecnológica que permite a cualquier persona realizar una búsqueda sobre personas detenidas." De los artículos citados, se desprende que la Ley Nacional del Registro de Detenciones es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional; que tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad. Además, que el Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente, mismo que será administrado y operado por la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan. Y, dicho registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada. Además, que el número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta tendrá la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es puesta en libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del proceso penal o administrativo. Es decir, que para que alguna persona pueda sentir afectación con la vigencia de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, será necesario primero que ocurra una detención por parte de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, para que se inicie el registro correspondiente en la base de datos que forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. Por tanto, si en el caso, el quejoso impugna la norma únicamente con motivo de su publicación, sin que exista un acto de aplicación, resulta improcedente el juicio de amparo si la norma impugnada por su sola vigencia no causa perjuicio a la parte quejosa, sino que se necesita un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio, como seria alguna detención por parte de una autoridad jurisdiccional o administrativa. Luego, considerando que la norma reclamada no causa perjuicio al quejoso con su sola entrada en vigor y que éste no demostró la existencia de algún acto de aplicación en su perjuicio, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 9/94 y tesis LII/91 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 17 y, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y uno, página 50, con número de registro 206625 y 207025, de rubros y sinopsis siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente.". QUEDANDO A SU DISPOSICION LA COPIA DE TRASLADO EN LA ACTUARIA DE ESTE JUZGADO.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta que suscribe ****, a través del cual cumple con el requerimiento formulado por este juzgado. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como de su escrito aclaratorio, se aprecia que el quejoso señala como actos reclamados lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) Órgano Legislativo: H. Congreso General, conocido como Congreso De la Unión, a través de las Cámaras de: Cámara de Diputados: La discusión y aprobación de la Ley Nacional del Registro de Detenciones; Cámara de Senadores: La discusión y aprobación de la Ley nacional del Registro de Detenciones; B) Órgano Ejecutivo: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. También denominado en la Constitución como Presidente de la República La promulgación de la Ley Nacional del Registro de detenciones, que se dio a conocer el 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. De --: La promulgación y refrendo de la Ley Nacional del Registro de detenciones, que se dio a conocer el 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Todas en su calidad de autoridades ordenadoras, ya que no se ha generado el primer acto de aplicación, no indico una autoridad ejecutora; no obstante considero que la Iey con su sola entrada en vigor lesiona derechos a la seguridad, salud, protección y bienestar de las personas, ya que ante cualquier detención de manera irreparable al observar la ley, se pueden generar afectaciones a cualquier detenido, siendo evidente lo ordenado en el artículo primero, de ser obligatoria de ser de orden público y por ello, no se puede exigir al sujeto obligado, integrante de la policía, que brinde esas protecciones, a cualquier detenido, dado que la norma no se lo obliga de forma expresa 2. Efectivamente se reclama la inconstitucionalidad del numeral 10 de Ia citada Ley Nacional del Registro de detenciones; (agravio III)." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que La Ley Nacional del Registro de Detenciones, no causa perjuicio a la parte quejosa por su sola vigencia, sino que es necesario, un acto posterior de aplicación, para que se origine tal afectación. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte el numeral artículo 61, fracción XII establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, el citado numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;". Conforme a los preceptos legales antes indicados el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. Ahora, los artículos 17, fracción I, y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de carácter general atendiendo a su propia naturaleza. Es decir, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En el primer supuesto, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, de tal forma que, provoque la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate. Sin embargo, no todas las normas que hayan entrado en vigor, por sí solas son de naturaleza autoaplicativa y, por ese hecho, ya causen agravios y perjuicios al gobernado, puesto que la vigencia de las normas por sí sola no incide en su naturaleza y su afectación depende del contenido particular de cada una. A fin de evidenciar lo anterior, se requiere definir si la porción normativa controvertida tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. El primer caso, se refiere a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto intermedio de aplicación, es decir, esas leyes, al iniciar su vigencia, imponen deberes jurídicos a los particulares; de ahí que cuando los supuestos contenidos en las hipótesis normativas se actualizan automáticamente sin que sea menester un acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo. El segundo supuesto, corresponde a las leyes heteroaplicativas, que son aquéllas que, por sí solas, cuando se inicia su vigencia no afectan la esfera de los gobernados, creando deberes a su cargo o extinguiendo o trasformando sus derechos, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto posterior. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los siguientes elementos para distinguir si una norma de carácter general es autoaplicativa o heteroaplicativa, a saber: A. Leyes autoaplicativas: 1. Se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, trasforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización o condición alguna. 2. Pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computados a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 18 del mismo ordenamiento legal. B. Leyes heteroaplicativas: 1. Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. 2. Pueden reclamarse, sólo en una oportunidad, a través del juicio de amparo indirecto, que es dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y, no así, con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Esta limitante se explica en razón de que la sentencia que se dicte en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, del acto de aplicación cuestionado y en relación con todos los posteriores, ya que no puede aceptarse la procedencia de tantos juicios de amparo contra una ley, cuantos actos de aplicación existan en su perjuicio, a fin de evitar la litispendencia y la contradicción de sentencias y, especialmente, para obtener el respeto de la cosa juzgada. De ahí que sea necesario establecer si los artículos tildados de inconstitucionales relativos a la disposición que por esta vía se reclama crea, modifica, extingue, una situación de derecho, o genera una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, que impacta en la esfera jurídica del gobernado por su sola entrada en vigor, para lo cual se transcribe su contenido: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad. "Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: (.) VIII. Sujeto Obligado: servidor público que por motivo de su empleo, encargo o comisión intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro." "Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. Dicho Registro será administrado y operado por la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan. "Artículo 4. El Registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada. Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro Nacional de Información y conforme a las leyes aplicables. "Artículo 5. Con independencia de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley, la Secretaría contará con un Sistema de Consulta del Registro que permita, a través de herramientas tecnológicas, consultar una versión pública de la información de las detenciones practicadas por las instituciones de seguridad pública, conforme a la normatividad aplicable. "Artículo 10. El sujeto obligado que intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro, deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, los datos personales en su posesión. Se presume que son ciertos los datos personales cuando estos son proporcionados directamente por la persona detenida hasta en tanto se acredite lo contrario. "Artículo 18. El Registro inmediato sobre la detención que realiza la autoridad deberá contener, al menos, los siguientes elementos: I. Nombre; II. Edad; III. Sexo; IV. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de la misma, así como si esta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención por flagrancia, caso urgente o arresto administrativo; IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, institución, rango y área de adscripción; V. La autoridad a la que será puesta a disposición; VI. El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de que la persona detenida acceda a proporcionarlo; VII. El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista, y VIII. Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información que permitan atender el objeto de la presente Ley. El Registro deberá realizarse sin demérito de que la autoridad que efectúe la detención cumpla con la obligación de emitir su respectivo informe policial y demás documentos a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 23. La actualización de la información del Registro que lleven a cabo las instituciones de procuración de justicia o administrativas deberá contener, cuando menos, lo siguiente: (.)" "Artículo 30. La persona privada de la libertad y su representante legal, tendrán acceso a la información contenida en el Registro, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Secretaría." "Artículo 31. El Sistema de Consulta del Registro es una herramienta tecnológica que permite a cualquier persona realizar una búsqueda sobre personas detenidas." De los artículos citados, se desprende que la Ley Nacional del Registro de Detenciones es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional; que tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad. Además, que el Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente, mismo que será administrado y operado por la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan. Y, dicho registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada. Además, que el número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta tendrá la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es puesta en libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del proceso penal o administrativo. Es decir, que para que alguna persona pueda sentir afectación con la vigencia de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, será necesario primero que ocurra una detención por parte de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, para que se inicie el registro correspondiente en la base de datos que forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. Por tanto, si en el caso, el quejoso impugna la norma únicamente con motivo de su publicación, sin que exista un acto de aplicación, resulta improcedente el juicio de amparo si la norma impugnada por su sola vigencia no causa perjuicio a la parte quejosa, sino que se necesita un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio, como seria alguna detención por parte de una autoridad jurisdiccional o administrativa. Luego, considerando que la norma reclamada no causa perjuicio al quejoso con su sola entrada en vigor y que éste no demostró la existencia de algún acto de aplicación en su perjuicio, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 9/94 y tesis LII/91 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 17 y, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y uno, página 50, con número de registro 206625 y 207025, de rubros y sinopsis siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve -, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Ahora bien, regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este juzgado con el número VI-792/2019-1, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112, 114, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente:  Precise el acto en particular, que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables, en atención a lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, qué acto en específico les atribuye en su intervención en la creación de la norma general que reclama.  Indique si reclama la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Nacional del Registro de Detenciones, virtud a que formula conceptos de violación en su demanda relativos a ese precepto; sin embargo, en los puntos petitorios únicamente refiere a los diversos artículos 2, fracción VIII, 4, 5, 18, 22, 23, 30 y 31 de la citada Ley. Bajo apercibimiento, que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se le formula, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral 114 de la ley de la materia, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA. Asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Finalmente, téngase a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

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