José Luis Trujillo Santos
Expediente 2168/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2168/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/12/2018
Partes del expediente
- José Luis Trujillo Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Sin que sea dable requerir a la parte quejosa para que comparezca a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda, en razón que del análisis del mismo, se advierte que obra en copia simple.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión 756/2018. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio de cuenta, se desprende que los efectos del amparo precisados por el Tribunal Colegiado en mención, son los siguientes: ".En vista de lo anterior, no queda más que otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, de manera y lisa y llana, esto es, para que la autoridad responsable, Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco, en la reevaluación de referencia, prescinda de considerar que existen factores de riesgo que ponen en peligro a la institución y el cumplimiento de sus objetivos, por resultar insuficientes los datos obtenidos a través de los exámenes practicados (toxicología, psicología, poligrafía, medicina, e investigación socioeconómica), dadas las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, y como consecuencia de lo anterior, emita un resultado de aprobado, procediendo a extender al policía evaluado -aquí quejoso-, el certificado correspondiente, de conformidad al artículo 16 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lo anterior, en el entendido de que ese resultado no exime al elemento de seguridad pública de someterse a la evaluación conducente en el plazo que establece el diverso ordinal 14, 1 de dicha legislación de control y confianza, pues precisamente en ese aspecto estriba el sentido del control de confianza, pues para que un elemento de seguridad pública pueda permanecer en la institución correspondiente, debe someterse periódicamente a tales exámenes, en aras de justificar su actuación conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad al artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 6 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, reglamentaria de dicho precepto constitucional, además del numeral 2 de la citada ley de control de confianza. Inconstitucionalidad que se hace extensiva respecto de los demás actos que fueron señalados como consecuencia de la deficiente reevaluación apuntada, esto es, el acta administrativa y el acuerdo de inicio del procedimiento de separación, correspondientes, pues al resultar tal reevaluación inconstitucional y al apoyarse esos actos posteriores en dicho acto, es razonable que aquellos tampoco adquieran validez legal. [.] Consecuentemente, la protección de la Justicia Federal apuntada también debe otorgarse para el efecto de que tanto el Comisario de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, así como el Director Jurídico adscrito a dicha dependencia, dejen sin efectos sus actos señalados (acta administrativa y auto de radicación, respectivamente), al sustentarse en un acto viciado de inconstitucionalidad, como lo fue la reevaluación apuntada, sin que, al caso, pueda volverse a iniciar procedimiento de separación del cargo con base en los exámenes apuntados.". En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la siguientes autoridades responsables para que en el término de tres días, siguientes al en que sean notificadas del presente proveído, realicen lo siguiente: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA EN EL ESTADO DE JALISCO: En la reevaluación materia del presente asunto, prescinda de considerar que existen factores de riesgo que ponen en peligro a la institución y el cumplimiento de sus objetivos, por resultar insuficientes los datos obtenidos a través de los exámenes practicados (toxicología, psicología, poligrafía, medicina, e investigación socioeconómica). Emita un resultado de aprobado, procediendo a extender al policía evaluado parte quejosa, el certificado correspondiente, de conformidad al artículo 16 de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. COMISARIO Y DIRECTOR JURÍDICO AMBOS ADSCRITOS A LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TONALÁ, JALISCO: Dejen sin efectos los que en el ámbito de sus atribuciones se les reclaman (acta administrativa y auto de radicación, respectivamente). Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. .
- Principal
Se tiene por recibido el telegrama que remite el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, y en atención a lo que solicita, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se remite copia de la ejecutoria dictada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, en el recurso de revisión 349/2015 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se le informa que queda vigente el apercibimiento efectuado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se le requirió para que dé cumplimiento con el fallo protector. Finalmente, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a las personas que indica. Por otra parte, no ha lugar a tener por señalado domicilio procesal, en razón de que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la ley en comento, las autoridades responsables deben ser notificadas en su residencia oficial por medio de oficio. Máxime que los autos de mero trámite que no resulten de mayor trascendencia se deben notificar por medio de lista a las partes, entre ellas las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la fecha no obran los acuses de recibo relativos a los oficios *** a la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural, así como a la Subsecretaria de dicha dependencia, por los cuales se ordenó reexpedir los oficios ***, por los que se a su vez se reenviaron los diversos oficios ***, así como los números ***, respectivamente; asimismo, se advierte que no obra agregada al expediente en que se actúa la notificación a los integrantes del ***, del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, a fin de respetar los principios rectores del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las once horas diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, para su celebración. que autoriza y da fe.
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