José Luis Torres Rivera
Expediente 1605/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1605/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2022
Partes del expediente
- José Luis Torres Rivera
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el trece de diciembre de la presente anualidad. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a los que haya lugar Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables y al tercero interesado, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que, no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, por ende, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por xxxxx, contra el acto reclamado al Presidente la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1605/2022-III, promovido por ********************; se levanta la presente acta ante la presencia de la Juez Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. La Jueza declara abierta la audiencia, y la Secretaria da cuenta con de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto admisorio. 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. 4 Emplazamiento a la autoridad responsable. 5 Informe justificado Además, se da cuenta con la razón de imposibilidad para emplazar al tercer interesado, suscrita por el Actuario Judicial Adscrito a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. es cierto 05/12/2022 La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Por su parte, con apoyo al artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; glósese a los autos la razón de actuarial para los efectos legales correspondientes. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad Copias certificadas del juicio laboral J/O/978/2018, consistentes en: 1.- Laudo de diez de marzo de dos mil veintidós. 2.- Escrito sin fecha, con sello de recepción de veintinueve de septiembre de esta data. 3.- Acuerdo de treinta de noviembre del año que transcurre. 05/12/2022. La Jueza: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más probanzas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 1605/2022-III, promovido por ********************. R E S U L T A N D O: I. De la demanda. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto reclamado que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. II. Admisión y trámite. Por auto de diecisiete de noviembre siguiente, se radicó la demanda bajo el número 1605/2022-III, y se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento al tercer interesado y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso señaló como autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, se advierte que el acto reclamado resulta ser el siguiente: a) La omisión de acordar el escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el cual solicitó fecha y hora para el auto de ejecución con mandamiento en forma, dentro del expediente laboral J/O/978/2018. TERCERO: Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: No obstante que lo niega, es cierto el acto reclamado a al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, toda vez que las constancias que remitió en apoyo a su informe se advierte que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se pronunció respecto del escrito de veintinueve de septiembre de esta data, presentado por el hoy quejoso. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las diversas copias certificadas relativas al juicio laboral J/O/978/2018, que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, por tratarse de documentales públicas emitidas por un funcionario en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO", con registro 394182. Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio se advierte que se actualiza la causa prevista en el diverso 61, fracción XXI, del mismo cuerpo reglamentario que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se arriba a la convicción de que cesó los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable en auto de treinta de noviembre del año en curso, acordó lo relativo a los puntos de la solicitud planteada por el quejoso, en escrito de veintinueve de septiembre de esta data, así también se pronunció respecto de la solicitud de emitir auto de ejecución con mandamiento en forma de requerimiento y/o embargo; determinando que no había lugar de acordar de conformidad lo solicitado toda vez que desconocía si la parte demandada fue notificada del laudo, sin embargo, para evitar dilaciones en el procedimiento, ordenó al actuario la notificación de la resolución respectiva; por ende, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (catorce de noviembre de dos mil veintidós), aún existía dicho acto que reclamaba el promovente. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, el acto reclamado descrito ha cesado en sus efectos, en mérito que la omisión de referencia, fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejaron de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado en esta instancia atribuido a la autoridad responsable en comento. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en la presente sentencia no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó el juicio, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior, que aún se encuentra transcurriendo vista a las partes ordenada en auto de cinco de diciembre de la presente anualidad, ya que a ningún fin práctico conduciría esperar que dicha vista termine, dado que la causal de improcedencia invocada no podría desvirtuarse. Tampoco el hecho que no obre en autos el emplazamiento al tercero interesado Distribuidora Reyno Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, así mismo haberse ordenado en auto admisorio de diecisiete de noviembre del presente año, y dada la imposibilidad del actuario adscrito a este juzgado, y tomando en consideración el sentido del presente fallo, este juzgado considera innecesario llamar al presente juicio al citado tercero, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, contra el acto reclamado al Presidente la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto, el oficio de cuenta signado por el Presidente y Secretaria Auxiliar de Amparos, de Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y anexa constancias al mismo. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Relaciónense en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe rendido, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admiten la documentales remitidas por la autoridad responsable, la cuales se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y será valorada al emitir el fallo correspondiente. Con el contenido del informe y sus anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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Vistos: I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. El diverso de cuenta signado por la Habilitada del Departamento de Archivo Estatal de Libros del Registro Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de nueve de noviembre del año en curso, informa que previa búsqueda en la base de datos de defunción, no localizó registro alguno a nombre de ***, por lo que solicita mayor información para poder realizar la búsqueda en los libros duplicados, toda vez que el Estado de Chiapas cuenta con ciento ochenta y seis Oficialías del Registro Civil. III. De la revisión realizada a las copias certificadas relativas al expediente 411/2015, del índice de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, se advierte que la extinta tercera interesada ***, designó como sus mandatarios judiciales a ********************, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de Pichucalco Chiapas. Al efecto se acuerda. En atención a lo precisado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Tocante al diverso punto II, concatenado con el III, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta y se tiene a la autoridad dando cumplimiento al requerimiento efectuado. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que la extinta tercera perjudicada ***, designó como sus mandatarios judiciales en el juicio de origen a ********************, quienes de conformidad con el artículo 16, párrafo primero de la Ley de Amparo, pueden continuar con la tramitación del presente juicio hasta en tanto interviene el representante de la sucesión. En ese sentido, se ordena realizar el emplazamiento de la tercera interesada de referencia por conducto de sus mandatarios judiciales en el domicilio ubicado en ********************ahora bien, tomando en consideración que el domicilio antes señalado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, para que lleve cabo el emplazamiento a juicio a la tercera interesada por conducto de sus mandatarios judiciales, en el domicilio antes señalado, con copia simple de la demanda de inicio, auto admisorio y del presente proveído; asimismo los requiera para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído señalen domicilio legal para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o bien de manera electrónica a través de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Por otro lado, hágase saber al funcionario encargado de realizar las notificaciones aquí ordenadas, deberá seguir las reglas del artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, esto es: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse (en este caso deberá acudir al órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial), especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista (esto es en la lista de acuerdos que se publique en los estrados del órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial); y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse (en este caso deberá acudir al órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial). Si no se presenta se notificará por lista (esto es en la lista de acuerdos que se publique en los estrados del órgano jurisdiccional que conozca de la presente comunicación oficial), y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. Asimismo, con el propósito de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para la realización de la notificación aquí ordenada. Por otro lado, hágase saber a la autoridad que corresponda diligenciar el presente despacho, que una vez que reciba la comunicación oficial en comento, deberá de diligenciarla dentro del término de tres días siguientes y devolverla de inmediato a este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA, POR OFICIO A LAS RELACIONADA EN LA MINUTA Y POR DESPACHO AL TERCERO INTERESADO.
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