José Luis Torres Pérez
Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Luis Torres Pérez
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Luis Torres Pérez, registrando el asunto con el número 337/2021-1 de su índice. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el cuadernillo de amparo en que se actúa es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido al quejoso para que desahogara la prevención realizada en auto de ocho de julio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, y se tiene por interpuesta la demanda de amparo respecto del acto que le reclama a la autoridad responsable que señaló como Juez de Ejecución del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas. Por lo que respecta a la diversa autoridad responsable que el quejoso señaló como Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, consistente en la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado en la causa penal 399/2020, en la Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 399/2020, instruida en contra del quejoso, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ************. COMPETENCIA AMPARO DIRECTO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, porque de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que reclama la parte quejosa sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 399/2020, instruida en contra del quejoso, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ********. Luego, precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De la interpretación de los citados arábigos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que decidan el juicio en lo principal, o que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. Luego, si el acto reclamado lo constituye la sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 399/2020, instruida en contra del quejoso, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Alejandro Sánchez Saucedo, dicha determinación en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es impugnable mediante juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, para que se trate de una resolución que pone fin al juicio penal de origen. En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo y la demanda promovida por José Luis Torres Pérez y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Además, por las razones que se afirman, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
SE PUBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido al quejoso para que desahogara la prevención realizada en auto de ocho de julio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, y se tiene por interpuesta la demanda de amparo respecto del acto que le reclama a la autoridad responsable que señaló como Juez de Ejecución del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas. Por lo que respecta a la diversa autoridad responsable que el quejoso señaló como Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, consistente en la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado en la causa penal ******, en la Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 399/2020, instruida en contra del quejoso, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ************. COMPETENCIA AMPARO DIRECTO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, porque de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que reclama la parte quejosa sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 399/2020, instruida en contra del quejoso, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de ********. Luego, precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De la interpretación de los citados arábigos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que decidan el juicio en lo principal, o que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. Luego, si el acto reclamado lo constituye la sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 399/2020, instruida en contra del quejoso, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Alejandro Sánchez Saucedo, dicha determinación en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es impugnable mediante juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, para que se trate de una resolución que pone fin al juicio penal de origen. En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo y la demanda promovida por José Luis Torres Pérez y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Además, por las razones que se afirman, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de julio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Luis Torres Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 502/2021-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Ahora bien, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues el promovente, en el apartado de autoridades responsables, señala como tales a; AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. EL C. JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORIA. EL C. JUEZ DE EJECUCIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. Posteriormente en el capítulo de actos reclamados señala; "4.- EL ACTO RECLAMADO que lo es La SENTENCIA CONDENATORIA dictada por el C. JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, en el mecanismo de aceleración denominado PROCEDIMIENTO ABREVIADO el día 25 (veinticinco) de Febrero de 2021 (dos mil veintiuno), dentro de la CAUSA PENAL 399/2020 instruido (sic) en contra del suscrito JOSÉ LUIS TORRES PÉREZ, por la Comisión del DELITO de HOMICIDO en perjuicio de ALEJANDRO SANCHEZ SAUCEDO, la cual HA CAUSADO ESTADO, por lo que se dicta EL AUTO de fecha 19 (diecinueve) de Abril de 2021 (dos mil veintiuno) por el C. JUEZ DE EJECUCIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, dentro de La Carpeta Judicial De Ejecución número 100/2021, mismo que se me NOTIFICO el día 17 (diecisiete) de JUNIO de 2021". Además la parte quejosa es omisa en expresar, de manera cronológica, sucinta y completa los hechos o antecedentes del acto que reclama y que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Consecuentemente, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente a la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el artículo 108, fracciones III, IV, y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise qué acto o actos son los que reclama en concreto al Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de la Capital. Realice la narración de los antecedentes, hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, por lo que, dicha narrativa debe de ser de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias de los actos que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos de manera cronólogica, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención en el término antes indicado se tendrá por no presentada su demanda de amparo, por lo que a dicha autoridad se refiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo y se dará tramite únicamente por el acto atribuido al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Lucina Yanet Briones Ruíz, Zebedi Díaz García, Fredy Ramos Cruz, y Daniel Morales Escareño. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle José María Coss, número ciento trece (113), colonia Periodistas, en Zacatecas, Zacatecas. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngasele señalando los correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19).
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