José Luis Torres Isiordia
Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Torres Isiordia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la determinación dictada en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obre en auto el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad responsable con residencia fuera de esta ciudad, toda vez que carece de legitimación para interponer recurso de revisión contra la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, pues no le ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, ya que se sobreseyó en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido, la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas 2464, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Tercera Región Judicial del Estado, con sede en Rioverde, el DVD que exhibió en este asunto. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Glósese al expediente el informe justificado rendido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Tercera Región Judicial del Estado, con sede en Rioverde; al que acompaña un disco óptico en formato de videograbación (DVD); el cual de conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá guardarse por separado. Por otra parte, visto el estado de autos, en particular el escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control de Rioverde, San Luis Potosí, como autoridad ordenadora y como ejecutoras de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Métodos de Investigación (denominación correcta), los actos consistentes en las órdenes de aprehensión y presentación, así como su cumplimentación. Asimismo, del informe de ley de cuenta se desprende que el Juez responsable señala que es cierto que el cuatro de agosto del presente año, libró orden de aprehensión en contra del agraviado José Luis Torres Isiordia, dentro del expedientillo 62/2022, por su probable participación en el hecho que la ley tipifica como delito de homicidio calificado, en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de Eleazar Rodríguez Castillo; y que dicho mandamiento de captura fue cumplimentado el seis del citado mes y año, por lo que el doce de agosto pasado, dictó auto de vinculación a proceso en contra del citado quejoso. Por su parte, el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación y el Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado, en sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos que se les atribuyen, empero, al tener el carácter de autoridades ejecutoras, están obligadas a acatar las determinaciones emitidas por la ordenadora, en este caso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Tercera Región Judicial del Estado, con sede en Rioverde. En ese sentido, respecto a los actos precisados en párrafos precedentes materia de la presente litis constitucional, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes SCJN, visible en la página 39, cuyo epígrafe y sinopsis son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En principio, es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo último y primordial fin es restituir en el pleno goce de los derechos humanos al gobernado que se duele del proceder del órgano del Estado, en su carácter de autoridad. Por su parte, el legislador ordinario estableció como principio que rige su procedencia que el fallo protector se concrete y trascienda en la esfera jurídica de quien lo promueve, de tal manera que se repare la afectación que resintió. En esa línea, como ya se dijo, la parte quejosa reclama la orden de captura emitida en su contra; luego, el Juez responsable informó que el cuatro de agosto del presente año, libró orden de aprehensión contra el agraviado, la cual se cumplimentó el seis siguiente; mientras que el doce del citado mes y año, le dictó auto de vinculación a proceso; lo que se encuentra corroborado con el anexo que exhibió el Juez responsable, el que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, dado que es una diligencia encomendada por disposición de ley y por tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), que constituye una prueba documental pública. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por tanto, es inconcuso que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, sin afectar la nueva situación jurídica, pues es patente que esa nueva resolución relativa al auto de vinculación a proceso, adquirió vida jurídica, sustituyendo procesalmente los actos combatidos y sus consecuencias, lo que configura la causal de improcedencia invocada. Ello permite válidamente concluir que la situación jurídica dentro del expediente en el que se emitió el acto que en este controvertido constitucional se reclama, ha cambiado, ya que al haberse dictado el auto de vinculación a proceso, no es procedente abordar el estudio de la constitucionalidad o no de la orden de captura reclamada. Sobre dicho tópico, resulta aplicable la tesis III.2o.P.150 P (10a.), Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2675, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Por lo tanto, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento. De ahí que, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; dejándose sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace a las autoridades responsables ejecutoras, toda vez que el acto que se les atribuye no es por vicios propios, sino en vía de consecuencia, dada su naturaleza. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente.
- Incidental
SE RESUELVE: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado al Juez de Control de Rioverde, San Luis Potosí, a fin de que rinda su informe justificado; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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