José Luis Toledo Bringas
Expediente 576/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Toledo Bringas
Actuaciones
- Principal
... se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, lo que conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
... Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa Enríquez, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por José Luis Toledo Bringas, por propio derecho, contra actos de la Gerencia Divisional de Distribución Oriente Zona Xalapa, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos humanos. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 576/2016. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como actos reclamados: ".el corte de energía eléctrica e ilegal y el pago de un ilícito cobro." De la transcripción anterior, así como de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados los constituyen esencialmente el corte de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la calle José María Pino Suárez número Treinta y Tres (33), departamento "F", en esta ciudad y el respectivo cobro por el suministro de tal servicio. Precisado lo anterior, este Juzgador Federal, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, párrafo primero, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes a actos de la autoridad que violen las garantías individuales [.]" Conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido artículo 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 5 en comentario, y 103 de la Ley Suprema. Tal proceder encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en la página trescientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Del tercero de los normativos trascritos se desprende que para efectos de los juicios de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Por lo que la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República. En tal sentido, el Máximo Tribunal del país interpretó, en un principio, que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquéllos que provienen de entidades de la administración pública que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desestimó la necesidad de emplear "el uso de la fuerza pública" como elemento integrante del acto autoritario, aceptando la posibilidad de que organismos descentralizados, como las Universidades, puedan emitir actos de autoridad susceptibles de impugnarse en amparo. En la inteligencia de que, por su propia naturaleza, ese tipo de órganos emiten, además, otro tipo de actos que no resultan ser impugnables en juicio constitucional; por ello, ha sido ampliado dicho criterio, considerando con tal carácter a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. A partir de tal conclusión, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Así, para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo; este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en la que generalmente contempla la posibilidad de que el incumplimiento de una de las partes de lugar a que su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Robustece lo anterior, la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Además, las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Cabe recalcar que tratándose de las relaciones de coordinación (contratos mercantiles), es común que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Esto se debe a que todos los contratos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, lo que sucede, por ejemplo, cuando la institución bancaria suspende el uso de las tarjetas de crédito ante la falta de pago de sus deudores; la aseguradora interrumpe la cobertura del seguro ante el impago de las primas respectivas; las telefónicas inhabilitan el servicio del teléfono e internet ante el impago de las mensualidades respectivas; las tintorerías retienen las prendas trabajadas por falta de pago. En ese tenor, debe señalarse que la Comisión Federal de Electricidad, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica a través del uso de diferentes tecnologías y fuentes de energético primario, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el precepto 2° de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, que a la letra dicen: "Artículo 8°. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio." "Artículo 2°. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de Propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama, como ya se dijo, el corte de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la calle José María Pino Suárez número Treinta y Tres (33), departamento "F", en esta ciudad y el respectivo cobro por el suministro de tal servicio. Aunado a que el suministro de energía eléctrica, así como la contratación, conexión y prestación de tal servicio, corresponde en forma exclusiva al Estado que, a través de la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de organismo público descentralizado de la administración pública federal, presta el referido servicio, previa celebración del contrato de suministro con el particular, que contendrá los términos y las condiciones bajo las cuales habrá de prestarse ese servicio. En el entendido de que el contrato de suministro de energía eléctrica que celera la Comisión Federal de Electricidad, con el usuario de tal servicio es un contrato de suministro, es decir, un acuerdo de voluntades celebrado entre la administración pública y el particular, lo que implica la estipulación de obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, lo que, desde un punto de vista material, supone se recurra a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y usuario a esos efectos. Por ende, el contrato de suministro, debe ser entendido como un sistema de comercialización y distribución donde a una persona física o moral le es proporcionado el servicio de suministro de energía eléctrica, a cambio de una contraprestación, de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas por el proveedor. En ese sentido, el contrato que celebra la Comisión Federal de Electricidad, con las personas físicas o morales, constituye un contrato de suministro y adhesión, donde la Comisión prestadora del servicio y los usuarios, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, bajo condicione que fija el proveedor; obligaciones que consisten centralmente, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en proporcionar el servicio de suministro de energía eléctrica; y, la correlativa obligación del usuario de pagar como contraprestación, una cantidad de dinero por los kilovatio-hora (kWh), suministrados en determinado periodo de facturación. Por lo tanto, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad, es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, que está facultada para celebrar contratos de suministro de energía eléctrica, no por eso puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Así, para quien esto resuelve, en modo alguno el acto aquí reclamado puede ser considerado como de aquéllos que hagan procedente la acción constitucional, si se considera que tal acto deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario -quejoso-, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, indudablemente se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular, por lo que esa relación entre la Comisión Federal de Electricidad y la parte quejosa, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de coordinación entre el organismo mencionado y el particular usuario del servicio. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado, no genera que la relación de coordinación se trasforme de supra a subordinación, dado que en caso de incumplimiento, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada (Comisión Federal de Electricidad), en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación de voluntades ante el incumplimiento de alguna de las partes, verifique la efectividad de los medidores o bien deje de suministrar la energía eléctrica, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Lo anterior, tiene sustento en el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que reza: "Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación. (.)" En este sentido, no todo acto emitido por un Órgano de la Administración Pública ni la aplicación de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 167/2011 (9a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y siete, Libro XIII, Tomo 3, correspondiente al mes de octubre de 2012, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]). Una nueva reflexión conduce a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar los criterios contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 98/2006 y 2a./J. 120/2006, así como en las tesis 2a. CXXX/2010 y 2a. CXXXI/2010, en los que se estableció que contra la determinación de ajuste en el monto del consumo de energía eléctrica efectuada por la Comisión Federal de Electricidad, derivada de la verificación al medidor del consumidor, las órdenes de verificación, cobro o corte del suministro de dicho fluido y su ejecución, y el aviso recibo por concepto de dicho suministro expedido por aquélla, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a través del cual pueden paralizarse sus efectos, y que contra la resolución recaída a dicho medio de defensa procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que igualmente hace posible la suspensión de los efectos de aquélla; para ahora sostener que tales actos son inimpugnables mediante dichos medios de defensa, pues si bien tanto éstos como el juicio de amparo indirecto son de distinta naturaleza y alcance, lo cierto es que comparten una nota fundamental consistente en que su procedencia versa en torno a la existencia de un acto de autoridad; naturaleza que no tienen los referidos actos, pues la relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino, como ya lo definió esta Segunda Sala en las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, la cual no puede desnaturalizarse en función de algún medio de defensa que el usuario haga valer contra los referidos actos dentro de esa relación, pues no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de energía eléctrica; con mayor razón porque conforme a los numerales 163 a 166 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la Secretaría de Energía la que debe practicar visitas de inspección para verificar el correcto uso del servicio." Asimismo, por sus consideraciones, se cita la jurisprudencia 2a./J. 112/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en agosto de dos mil diez, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, toda vez que: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. En ese sentido, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 113/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en agosto de dos mil diez, Novena Época, Tomo XXXII, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad." Finalmente, resulta aplicable, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página mil doscientos veinticuatro, Tomo II, correspondiente al mes de octubre de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." No pasa inadvertido que, de conformidad con el artículo II, último párrafo, del artículo 5° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos de particulares, cuando éstos reúnan los siguientes requisitos: Realice actos equivalentes a los de autoridad. Que se afecten derechos. Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. Pues en el caso, como se precisó en párrafos precedentes, el acto que el impetrante del amparo atribuye a las responsables, no puede equiparase a los de autoridad ni afecta a un particular como sujeto del imperio del Estado, ni fue ejecutado por determinarlo así una norma general, puesto que, como ya se dijo, no fue realizado ejerciendo coercitividad, imperatividad ni mucho menos fuerza pública, ni en acato de una ley, sino en razón del cumplimiento a un contrato firmado con el usuario y en un plano de coordinación; de lo que se sigue que el acto desplegado por la señalada como responsable, y aquí reclamado por los quejosos no puede ser considerado como acto de particular equivalente a uno de autoridad, a fin de que resulte procedente el amparo, como pretende el promovente. En esa tesitura, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, párrafo primero, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que, analizados en su conjunto con el diverso 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo con que se dio cuenta¸ por existir notorio e indudable motivo de improcedencia Para lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Sin que pase inadvertido que algunas de las jurisprudencias a que se hace mérito en este acuerdo, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la Ley de Amparo vigente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el señalado en la demanda de amparo, y, por autorizados de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Odilón Ramos Reyes y Felipe Mancilla Márquez y con las restricciones que impone dicho numeral a Filiberto Lozano Romero, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, no tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvense en la Secretaría de este Juzgado las copias del escrito que se provee. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario quien autoriza y da fe.
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