Jóse Luis Terreros Corrales
Expediente 1426/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/01/2017
Partes del expediente
- Jóse Luis Terreros Corrales
- Jóse Luis Terreros Corrales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
VI. De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso José Luis Terreros Corrales, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de dieciséis de diciembre del año pasado, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en razón de que mediante resolución interlocutoria de catorce de octubre de dos mil dieciséis, se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidental) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, como ya no es necesario conservarlas en este órgano jurisdiccional, remítanse al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, las cuales se manejan como anexo, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil 597/2012 y de los documentos relacionados con dicho expediente.
- Principal
VI. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, José Luis Terreros Corrales, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE "A) JUEZ PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. B) ACTUARIO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO." ACTO RECLAMADO "De las autoridades señaladas como responsables ORDENADORAS COMO EJECUTORAS, reclamo LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y LLAMAMIENTO A juicio, todos los autos, decretos y resoluciones, ASÍ COMO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO dentro del juicio que se sigue en mi contra con número 597/2012." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso precisó como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 31 y 32), se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó notificar a la parte tercero interesada y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de la responsable informe justificado, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, celebrada en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se atribuyó a una autoridad con residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Aplicación tesis y jurisprudencias. Previo al análisis de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que las tesis que se invoquen en la presente resolución, emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado federal las considera aplicables a los supuestos para los que se invocan, al no contravenir las disposiciones de la legislación vigente, en términos de su artículo sexto transitorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de notificación y emplazamiento al juicio ordinario civil 597/2012, del indicie del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. La fijación del acto ante señalado se realiza sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa realizó respecto su inconstitucionalidad, puesto que ello se realizará, en su caso, en el apartado relativo al estudio de fondo respectivo, de conformidad con la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 9 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 11, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". CUARTO. Existencia Del Acto Reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, es cierto el acto reclamado al Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (fojas 36 y 37), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes copias certificadas del expediente 597/2012 del índice del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna que de oficio que deba analizarse; razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. Así, de manera oficiosa, se advierte que en el particular se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones: Los preceptos citados de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." El artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo, en tratándose de actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él. En primer término, es conveniente determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 invocado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el más Alto Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Por lo que, para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sin embargo, no basta para tener tal carácter el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta cause ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través de los medios de impugnación que la ley le otorga, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, cuyo rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, página 211, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." Para acreditar la eficacia de la causa de improcedencia propuesta, es conveniente en este apartado hacer una reseña del juicio de amparo 372/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la tesis XIX.1o.P.T. J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164049, bajo el rubro HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS; los cuales, en esencia son: 1. Mediante escrito recibido el diecinueve de marzo de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el veinte siguiente a este órgano jurisdiccional, José Luis Terreros Corrales, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "AL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, PERTENECIENTE AL ESTADO DE MÉXICO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 597/2012. [.] DILIGENCIARIO ENCARGADO DE LOS EXPEDIENTES NONES ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO ".reclamo todos LO ACTUADO si el INDEBIDO EMPLAZAMIENTO EN MI CONTRA, ASÍ COMO todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictada dentro del referido expediente." 2. En proveído de veinte de marzo de dos mil catorce, se previno al quejoso para que formulara una narración sucinta y cronológica de los hechos; por lo que al ostentarse el quejoso como tercero extraño al procedimiento, se solicitó al juez del procedimiento diera acceso al quejoso al expediente del cual derivaba el acto reclamado. 3. Así por oficio número 722 de veintiuno de marzo de dos mil catorce, el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, informó que autorizó el acceso al expediente 597/2012, al citado quejoso; el cual fue notificado por lista al quejoso el veinticinco siguiente. 4. Seguido en su cauce legal, en proveído de diez de abril de dos mil catorce, este Juzgado Federal determinó tener por no presentada la demanda de amparo al no haberse desahogado en el plazo de cinco días la prevención formulada. 5. Finalmente, por acuerdo del veinticinco de abril del citado año (al no haberse interpuesto el medio de impugnación correspondiente), se declaró firme el auto de diez de abril del mismo año, por tanto, se ordenó el archivo del expediente 372/20014. Ahora, de la anterior reseña de antecedentes de actos reclamados se acredita la existencia de un juicio de amparo radicado en este juzgado, promovido por José Luis Terreros Corrales, contra el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y actuario adscrito, en el que se ostentaba como tercero extraño ajuicio dentro del juicio ordinario civil 597/2012. También se acredita de las constancias que el propio quejoso señaló como acto reclamado todo lo actuado dentro del citado expediente, ostentándose como tercero extraño a juicio. Por tanto, si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si el quejoso tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo Expuesto lo anterior, debe decirse que el promovente del juicio de amparo se ostenta como persona extraña al procedimiento juicio ordinario civil 597/2012 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, afirmando que no tuvo legal conocimiento del procedimiento iniciado en su contra, toda vez que no fue notificado y emplazado en éste; sin embargo, de las constancias del juicio de amparo 372/2014 del índice de sete juzgado de autos se advierte que el inconforme tuvo conocimiento de aquél litigio, toda vez que el veintiuno de marzo de dos mil catorce, se le dio acceso al citado procedimiento (con motivo del citado juicio de amparo). Lo que pone en evidencia que deja de tener la calidad de tercero extraño por equiparación, al conocer del juicio ordinario civil incluso (antes de que se emitiera la sentencia respectiva), pues esta se dictó el trece de junio de dos mil dieciséis, quedaban expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma correspondientes. En efecto, de las constancias que integran los autos del juicio 372/2014, se aprecia que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio seguido en el que se le señaló como demandado, tan es así que promovió juicio de amparo indirecto; documentales que hacen prueba plena, conforme a lo establecido en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Con lo anterior, queda demostrado que el quejoso José Luis Terreros Corrales, tuvo pleno conocimiento del procedimiento del que derivan los actos reclamados, por lo que es inconcuso que se desvirtúa el carácter de persona extraña al juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento para ejercitar su defensa en el mismo y, en el caso, como se ha dejado señalado, el impetrante de amparo tuvo conocimiento de la existencia del juicio ordinario civil 597/2012, incluso antes de que se emitiera sentencia definitiva, por ende, quedaron a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara pertinente. En las relatadas condiciones, este juicio de amparo resulta improcedente, en razón que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen seguido en su contra, el amparo en la vía indirecta es improcedente, porque deja de ser persona extraña a juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto de falta de emplazamiento, o que su ilegalidad le haya ocasionado un desconocimiento absoluto que le impida imponerse de los autos y estar en aptitud de defender sus intereses dentro del procedimiento, sino que están en el supuesto de que tuvieron conocimiento del juicio natural y que por tanto, contaban con la oportunidad de agotar los recursos de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En el caso, si el quejoso se hizo sabedor del juicio seguido en su contra, previo a que se dictara la sentencia definitiva y por ende, de que ésta cause ejecutoria, es evidente que como se ha dejado precisado, por ese sólo hecho perdió el carácter de persona extraña por equiparación al procedimiento, pues ello le permitía hacer valer, a través de los medios de impugnación ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del juicio ordinario civil 597/2012 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y por tanto, en su caso, hacer el planteamiento de las violaciones procesales que estimara procedente, al momento de combatir la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página: 1627, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como la tesis I.3o.C.65 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009274, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2395, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESTE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE ACUDE POR SEGUNDA VEZ A PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA UN ILEGAL EMPLAZAMIENTO. Si con motivo de un juicio de amparo promovido contra un emplazamiento al procedimiento de origen se declara la nulidad de todo lo actuado, el inconforme adquiere conocimiento de la existencia del juicio natural, por lo que pierde el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, puesto que para conservar esa categoría es menester que no se ligue de alguna manera a la controversia de origen y desconozca su tramitación antes de que se dicte sentencia definitiva. Así, el interesado no puede acudir por segunda vez al juicio de amparo con dicho carácter a impugnar el ilegal o defectuoso emplazamiento y alegar que conserva la referida calidad, pues desde el primer juicio se ostentó sabedor de la controversia y es a partir de dicho conocimiento que se computa el plazo para acudir al amparo sin necesidad de observar el principio de definitividad; además, con la reposición del procedimiento, el quejoso se integra a la relación procesal y puede hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Expuesto lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la diversa fracción VI interpretada en sentido contrario, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que se encuentra acreditado que el juicio natural fue del conocimiento de la parte quejosa antes de que se dictara la sentencia definitiva, razón por la quedaron expeditos sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondientes. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se estima pertinente precisar que la admisión de la demanda de amparo, no constituye un impedimento para estudiar de oficio la causa de improcedencia analizada en esta sentencia, pues este órgano de control constitucional está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. En lo conducente es aplicable la tesis publicada en la página 544, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 211352 de contenido: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento del amparo que se hace extensiva a los actos de la ejecutora al no haberse impugnado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Terreros Corrales, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero y cuarto, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, hasta hoy dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este juzgado, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI. (SE LISTA AVISO TERCERO INTERESADO), SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, ANTES FINANCIERA RURAL, POR CONDUCTO DE SU APODERADA SILVIA OSORIO ÁVALOS, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE; VI. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, José Luis Terreros Corrales, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE "A) JUEZ PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. B) ACTUARIO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO." ACTO RECLAMADO "De las autoridades señaladas como responsables ORDENADORAS COMO EJECUTORAS, reclamo LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y LLAMAMIENTO A juicio, todos los autos, decretos y resoluciones, ASÍ COMO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO dentro del juicio que se sigue en mi contra con número 597/2012." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso precisó como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 31 y 32), se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó notificar a la parte tercero interesada y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de la responsable informe justificado, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, celebrada en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se atribuyó a una autoridad con residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Aplicación tesis y jurisprudencias. Previo al análisis de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que las tesis que se invoquen en la presente resolución, emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado federal las considera aplicables a los supuestos para los que se invocan, al no contravenir las disposiciones de la legislación vigente, en términos de su artículo sexto transitorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de notificación y emplazamiento al juicio ordinario civil 597/2012, del indicie del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. La fijación del acto ante señalado se realiza sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa realizó respecto su inconstitucionalidad, puesto que ello se realizará, en su caso, en el apartado relativo al estudio de fondo respectivo, de conformidad con la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 9 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 11, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". CUARTO. Existencia Del Acto Reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, es cierto el acto reclamado al Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (fojas 36 y 37), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes copias certificadas del expediente 597/2012 del índice del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna que de oficio que deba analizarse; razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. Así, de manera oficiosa, se advierte que en el particular se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones: Los preceptos citados de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." El artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo, en tratándose de actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él. En primer término, es conveniente determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 invocado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el más Alto Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Por lo que, para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sin embargo, no basta para tener tal carácter el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se advierte que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta cause ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través de los medios de impugnación que la ley le otorga, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, cuyo rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, página 211, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." Para acreditar la eficacia de la causa de improcedencia propuesta, es conveniente en este apartado hacer una reseña del juicio de amparo 372/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la tesis XIX.1o.P.T. J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164049, bajo el rubro HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS; los cuales, en esencia son: 1. Mediante escrito recibido el diecinueve de marzo de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el veinte siguiente a este órgano jurisdiccional, José Luis Terreros Corrales, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "AL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, PERTENECIENTE AL ESTADO DE MÉXICO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 597/2012. [.] DILIGENCIARIO ENCARGADO DE LOS EXPEDIENTES NONES ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO ".reclamo todos LO ACTUADO si el INDEBIDO EMPLAZAMIENTO EN MI CONTRA, ASÍ COMO todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictada dentro del referido expediente." 2. En proveído de veinte de marzo de dos mil catorce, se previno al quejoso para que formulara una narración sucinta y cronológica de los hechos; por lo que al ostentarse el quejoso como tercero extraño al procedimiento, se solicitó al juez del procedimiento diera acceso al quejoso al expediente del cual derivaba el acto reclamado. 3. Así por oficio número 722 de veintiuno de marzo de dos mil catorce, el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, informó que autorizó el acceso al expediente 597/2012, al citado quejoso; el cual fue notificado por lista al quejoso el veinticinco siguiente. 4. Seguido en su cauce legal, en proveído de diez de abril de dos mil catorce, este Juzgado Federal determinó tener por no presentada la demanda de amparo al no haberse desahogado en el plazo de cinco días la prevención formulada. 5. Finalmente, por acuerdo del veinticinco de abril del citado año (al no haberse interpuesto el medio de impugnación correspondiente), se declaró firme el auto de diez de abril del mismo año, por tanto, se ordenó el archivo del expediente 372/20014. Ahora, de la anterior reseña de antecedentes de actos reclamados se acredita la existencia de un juicio de amparo radicado en este juzgado, promovido por José Luis Terreros Corrales, contra el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y actuario adscrito, en el que se ostentaba como tercero extraño ajuicio dentro del juicio ordinario civil 597/2012. También se acredita de las constancias que el propio quejoso señaló como acto reclamado todo lo actuado dentro del citado expediente, ostentándose como tercero extraño a juicio. Por tanto, si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si el quejoso tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo Expuesto lo anterior, debe decirse que el promovente del juicio de amparo se ostenta como persona extraña al procedimiento juicio ordinario civil 597/2012 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, afirmando que no tuvo legal conocimiento del procedimiento iniciado en su contra, toda vez que no fue notificado y emplazado en éste; sin embargo, de las constancias del juicio de amparo 372/2014 del índice de sete juzgado de autos se advierte que el inconforme tuvo conocimiento de aquél litigio, toda vez que el veintiuno de marzo de dos mil catorce, se le dio acceso al citado procedimiento (con motivo del citado juicio de amparo). Lo que pone en evidencia que deja de tener la calidad de tercero extraño por equiparación, al conocer del juicio ordinario civil incluso (antes de que se emitiera la sentencia respectiva), pues esta se dictó el trece de junio de dos mil dieciséis, quedaban expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma correspondientes. En efecto, de las constancias que integran los autos del juicio 372/2014, se aprecia que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio seguido en el que se le señaló como demandado, tan es así que promovió juicio de amparo indirecto; documentales que hacen prueba plena, conforme a lo establecido en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Con lo anterior, queda demostrado que el quejoso José Luis Terreros Corrales, tuvo pleno conocimiento del procedimiento del que derivan los actos reclamados, por lo que es inconcuso que se desvirtúa el carácter de persona extraña al juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento para ejercitar su defensa en el mismo y, en el caso, como se ha dejado señalado, el impetrante de amparo tuvo conocimiento de la existencia del juicio ordinario civil 597/2012, incluso antes de que se emitiera sentencia definitiva, por ende, quedaron a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara pertinente. En las relatadas condiciones, este juicio de amparo resulta improcedente, en razón que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen seguido en su contra, el amparo en la vía indirecta es improcedente, porque deja de ser persona extraña a juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto de falta de emplazamiento, o que su ilegalidad le haya ocasionado un desconocimiento absoluto que le impida imponerse de los autos y estar en aptitud de defender sus intereses dentro del procedimiento, sino que están en el supuesto de que tuvieron conocimiento del juicio natural y que por tanto, contaban con la oportunidad de agotar los recursos de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En el caso, si el quejoso se hizo sabedor del juicio seguido en su contra, previo a que se dictara la sentencia definitiva y por ende, de que ésta cause ejecutoria, es evidente que como se ha dejado precisado, por ese sólo hecho perdió el carácter de persona extraña por equiparación al procedimiento, pues ello le permitía hacer valer, a través de los medios de impugnación ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del juicio ordinario civil 597/2012 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y por tanto, en su caso, hacer el planteamiento de las violaciones procesales que estimara procedente, al momento de combatir la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página: 1627, del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como la tesis I.3o.C.65 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009274, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2395, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESTE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE ACUDE POR SEGUNDA VEZ A PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA UN ILEGAL EMPLAZAMIENTO. Si con motivo de un juicio de amparo promovido contra un emplazamiento al procedimiento de origen se declara la nulidad de todo lo actuado, el inconforme adquiere conocimiento de la existencia del juicio natural, por lo que pierde el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, puesto que para conservar esa categoría es menester que no se ligue de alguna manera a la controversia de origen y desconozca su tramitación antes de que se dicte sentencia definitiva. Así, el interesado no puede acudir por segunda vez al juicio de amparo con dicho carácter a impugnar el ilegal o defectuoso emplazamiento y alegar que conserva la referida calidad, pues desde el primer juicio se ostentó sabedor de la controversia y es a partir de dicho conocimiento que se computa el plazo para acudir al amparo sin necesidad de observar el principio de definitividad; además, con la reposición del procedimiento, el quejoso se integra a la relación procesal y puede hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Expuesto lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la diversa fracción VI interpretada en sentido contrario, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que se encuentra acreditado que el juicio natural fue del conocimiento de la parte quejosa antes de que se dictara la sentencia definitiva, razón por la quedaron expeditos sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondientes. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se estima pertinente precisar que la admisión de la demanda de amparo, no constituye un impedimento para estudiar de oficio la causa de improcedencia analizada en esta sentencia, pues este órgano de control constitucional está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. En lo conducente es aplicable la tesis publicada en la página 544, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 211352 de contenido: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento del amparo que se hace extensiva a los actos de la ejecutora al no haberse impugnado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Terreros Corrales, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero y cuarto, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, hasta hoy dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este juzgado, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las aseveraciones que a manera de alegatos formula Silvia Osorio Ávalos, en su carácter de apoderada de la tercero interesada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en el escrito de cuenta; sin perjuicio de tomarlos en consideración y acordar lo procedente en la audiencia de ley. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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