José Luis Tapia Rodríguez
Expediente 1106/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Tapia Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se otorgó al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial una prórroga de diez días, para que remita a este juzgado las constancias solicitadas en proveído de nueve del mes y año en curso, mismo que se encuentra transcurriendo, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, respecto del oficio 23473/2023, a través de cual se hizo de su conocimiento dicha prorroga. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia Constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado, en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el último punto considerativo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la Juez Octavo Oral Familiar de este Distrito Judicial, al rendir su informe de ley, adjunto como complemento copias certificadas de algunas de las constancias que integran el juicio ordinario oral familiar de divorcio *********; consecuentemente, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, requiérase a la autoridad responsable de que se trata, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, remitan copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el citado juicio de origen, a fin de estar en posibilidad de resolver el presente asunto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento.". Ahora bien, es de señalar que con apoyo en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de terceras interesadas a las menores identificados con las iniciales L. G., B. y M. R, todas de apellidos R. R., pues es sobre su persona que se resolverá y ejecutará el acto reclamado, por ello, es que dichos menores deben ser oídos en cuanto terceros interesados, pero no a través de alguno de los progenitores, dado el conflicto de intereses que existe entre estos últimos. Por tanto, previo a proveer lo conducente al emplazamiento de los terceros interesados, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juez responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, informe a este órgano jurisdiccional a quien se designó cómo tutor de los menores, a efecto de que esté en condiciones de comparecer al mismo y asistirlos, bajo apercibimiento que de hacer caso omiso, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 244 de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.2o.C.T.16 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, publicada en la página 1237, Tomo XXIV, Julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174683, que establece: "MENOR DE EDAD. CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO EL HECHO DE QUE EL ASCENDIENTE, EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PROMUEVA EL JUICIO DE GARANTÍAS A NOMBRE DE AQUÉL, SI DEL PROPIO ESCRITO SE ADVIERTE QUE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVARON LOS ACTOS RECLAMADOS, IMPLICA UN EVIDENTE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE AMBOS, POR LO QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE DESIGNARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL PARA QUE INTERVENGA EN SU NOMBRE. De acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el juzgador de garantías debe examinar la demanda y en caso de que el quejoso haya incurrido en irregularidades en el escrito mencionado o hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la propia ley, debe requerir al promovente para que los subsane, o bien, en situaciones específicas dictar las medidas necesarias para corregir la irregularidad advertida. En función de esas razones y al ser la personalidad de las partes un presupuesto procesal sin el cual no se integra debidamente la relación jurídica inherente al proceso y cuyo examen es oficioso, el Juez de Distrito debe decidir lo relativo a la personalidad de la parte quejosa al recibir la demanda, y si advierte que no está plenamente demostrada, dicho juzgador está constreñido a prevenir al promovente para ese efecto. Ahora bien, constituye una irregularidad en el escrito de la demanda de amparo, el hecho de que el padre, la madre o algún otro ascendiente, en ejercicio de la patria potestad sobre un menor, promueva el juicio de garantías a nombre de éste, si del propio escrito se advierte que la materia del procedimiento del que derivan los actos reclamados (pérdida de la patria potestad) implica un evidente conflicto de intereses entre representante (ascendiente) y representado (menor quejoso); es así, pues en función de ese conflicto de intereses, la admisión de la demanda y la tramitación del procedimiento crearían una situación potencialmente perjudicial para los intereses jurídicos del menor, ante la posibilidad de que el juicio de garantías se haya promovido con el fin de favorecer los intereses del representante; aunado a que no es lógico ni jurídico que en la controversia de garantías se admita y se reconozca la personería aducida por el ascendiente, a pesar de que las posiciones jurídicas en que se encuentran representante y representado en el expediente del que derivan los actos reclamados son incompatibles o antagónicas, más todavía si el acto reclamado versa sobre la medida provisional relativa al depósito del menor en una institución del gobierno, en virtud de actos u omisiones cometidos en su perjuicio, precisamente por el representante quien, además, promueve por su propio derecho. Como esta situación anómala atañe a la correcta representación del indicado menor, hace procedente la aplicación del artículo 6o. de la Ley de Amparo, es decir, que al admitir la demanda y dictar las medidas que considere urgentes, el juzgador de garantías debía designar o procurar un representante especial para que intervenga en el juicio en nombre del menor, y si no lo hace, infringe las disposiciones antes invocadas; lo que amerita la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción III, de la invocada ley." Consecuentemente, a efecto de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio OCC/C11/JDM/664/2023, signado por el Encargado de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, informa que se efectuó la compensación de cargas de trabajo relativa al juicio de amparo promovido por ****************, quedando registrada en el sistema de turno SIAT 3.0 con el número de registro OCC **************, del rubro de amparo indirecto y contabilizada a favor de este órgano jurisdiccional, como lo justifica con la boleta que anexo al oficio de cuenta, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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