José Luis Silva Manríquez

Expediente 131/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
131/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • José Luis Silva Manríquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    SE TIENE POR CONSENTIDO CUMPLIMIENTO, ARCHÍVESE EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, DEPURABLE UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 14 DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO: Visto el estado de autos, de los cuales se advierte, que mediante oficio TM/CJ/5613/2016 signado por el Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, remitió copia certificada del cheque 0007593, por la cantidad de $23,468.84 (veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 84/100 moneda nacional), expedido a favor del quejoso José Luis Silva Manríquez, con lo que se le dio vista, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que dentro de la temporalidad haya hecho manifestación alguna, pese a estar debidamente notificado para ello; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio en que se actúa, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso, en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar a la responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Ahora bien, en sentencia terminada de engrosar el veintisiete de abril de dos mil quince, se sobreseyó en un aspecto, y por otro y en lo que interesa, se concedió la protección constitucional al quejoso José Luis Silva Manríquez, en la que se determinó el efecto de la concesión del fallo, en los siguientes términos: "(.)No obstante la inconstitucionalidad mencionada, la misma no implica que la quejosa deje de pagar el impuesto predial, por el ejercicio fiscal dos mil quince, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la quejosa el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial, industrial, especial, bodegas y talleres, es decir, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. En virtud de lo anterior, aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango revelan la capacidad contributiva mínima establecida en la categoría de menor cuantía. Por lo tanto, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga al quejoso al pago de la categoría establecida como de menor cuantía, resulta inconcuso que en cumplimiento de la ejecutoria las autoridades responsables deberán, restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Sin embargo, a fin de que la quejosa, sea restituida en el pleno goce de la garantía individua violada, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad de dinero que cubrió por concepto del Impuesto Predial, debidamente actualizadas, a fin de darle su valor real al momento en que aquéllas se efectuaron, y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la quejosa las cantidades que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenían al momento en que se erogaron. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 5, Amparo contra Leyes, Sexta Sección Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, bajo el número 315, página 3987, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Así como la jurisprudencia 2a./J.13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 5, Amparo contra Leyes, Sexta Sección, Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, número 357, página 4043, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Y la tesis 1a. LXXI/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, abril de 2012, Tomo 1, Décima época, página 871, bajo el rubro: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005)". En consecuencia, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, en contra de los actos que reclamó del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, así como del Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, todos del municipio de Juárez, Chihuahua, para los efectos antes precisados"(.). Posteriormente, la autoridad responsable Congreso del Estado, interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, remitiéndose los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que en sesión de seis de mayo de dos mil dieciséis resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Tesorero y Director de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, consistentes en la aplicación y/o ejecución de los decretos legislativos impugnados. TERCERO. Para los efectos precisados por a quo, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Silva Manríquez, en contra de los actos que reclamo del Congreso y Gobernador del estado de Chihuahua, así como del Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de los Decretos 761/2014 I P.O. y 621/2014 I P.O., en lo relativo al impuesto predial". En virtud de lo anterior, una vez que se recibieron los autos originales, mediante acuerdo de diecinueve de mayo pasado, se ordenó la apertura del incidente innominado, con la finalidad de determinar la cantidad líquida que habría de devolverse al quejoso por el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince, requiriendo a las partes para que ofrecieran las pruebas pertinentes para determinar dicho monto; asimismo se señaló fecha y hora para celebrar la respectiva audiencia siendo ésta el nueve de junio de dos mil dieciséis, la cual concluyó el trece del mismo mes y año, resolviéndose que la cantidad que debería devolverse al quejoso era de $26,292.30 (veintiséis mil doscientos noventa y dos pesos 30/100 moneda nacional), debidamente actualizada; en esa misma fecha, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable, sin obtener respuesta favorable alguna. Recibiéndose el diecisiete de junio del año pasado, el oficio signado de manera conjunta por el Tesorero Municipal de Juárez y Director de Catastro, mediante el cual interpusieron recurso de queja contra la resolución de trece de junio de dos mil dieciséis; medio de impugnación que se envió al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que en sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, resolvió: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja a que este toca se refiere". Por lo que el tres de noviembre último, al recibirse la resolución en comento, en donde la superioridad determinó que la cantidad correcta a devolver al quejoso era de $22,646.77 debidamente actualizada, motivo por el cual, en esa propia fecha se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector; recibiéndose el diez de ese mes y año por parte del Tesorero Municipal un oficio en donde precisó el monto total actualizado, así como operaciones correspondientes a dicha cantidad; luego por, diverso oficio TM/CJ/5613/2016, recibido el veintitrés de noviembre pasado, al que anexó copia certificada del cheque 0007593 por la cantidad de $23,468.84 (veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 84/100 moneda nacional), con el cual se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que a la fecha lo haya hecho. Por consiguiente, se obtiene que la responsable ha obedecido las obligaciones jurídicas que se le impusieron, pues reintegró debidamente la cantidad establecida en resolución dictada por la superioridad a saber: $22,646.77 (veintidós mil seiscientos cuarenta y seis pesos 77/100 moneda nacional), que al ser correctamente actualizada arrojó la cantidad total de $23,468.84 (veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 84/100 moneda nacional). De ahí que, en términos de lo preceptuado en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, con el que remite copia certificada del cheque 0007593, a cargo de la institución bancaria denominada BANAMEX, por la cantidad de $23,468.84 (veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con 84/100 moneda nacional) el cual, refiere, se encuentra a disposición de la parte quejosa en la caja general de esa Tesorería Municipal, en un horario de 8:00 a 12:30 p.m. de martes a viernes. Dése vista al quejoso por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector de garantías, igualmente, se le requiere para que dentro del mismo término, se constituya en la oficina indicada por la citada autoridad, a fin de recoger el cheque referido y lo informe a este juzgado federal; apercibido que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Agréguense a los autos los oficios firmados por el Tesorero Municipal de Juárez, Chihuahua, mediante los cuales informa respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en uno de ellos, señala el procedimiento y operaciones aritméticas para el cálculo de la actualización, de la cantidad a devolver a la quejosa, por concepto de impuesto predial, siendo la suma de $22,646.77, y arroja la cuantía de $23,468.84 debidamente actualizada. Con lo anterior, dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable. Lo anterior, en apego a lo dispuesto por la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible a foja 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En el diverso ocurso, solicita se le amplíe el plazo a fin de dar el cabal cumplimiento, para el pago de la citada cantidad a la parte quejosa; en tales condiciones, y en atención a su petición, de conformidad a lo que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, por única ocasión, se le concede un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, para que informe el cumplimiento dado al fallo protector, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal de Alzada, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado dentro del lapso concedido, se le impondrá como medio de apremio una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al salario mínimo vigente a partir del primero de enero del año que transcurre, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarla en caso de requerimientos posteriores y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las Atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al Ejercer la Competencia Delegada para Conocer de los Incidentes de Inejecución de Sentencia y de Repetición del Acto Reclamado.

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