José Luis Serrano de los Santos
Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Luis Serrano de los Santos
Actuaciones
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 708/2022, promovido por José Luis Serrano de los Santos, por su propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado el siete siguiente, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, José Luis Serrano de los Santos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "1.- LA NEGATIVA DE EMITIR ACUERDO, respecto de los escritos presentados ante el responsable los días 22 (veintidós) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho), 09 (nueve) de mayo, 07 (siete) de agosto del 2019 (dos mil diecinueve), 06 (seis) de febrero del 2020 (dos mil veinte), 21 (veintiuno) de septiembre del 2021 (dos mil veintiuno) y 19 (diecinueve) de mayo del 2022 (dos mil veintidós), mediante los cuales se solicita se dicte el auto de ejecución del laudo de diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho y se vincule al cumplimiento del laudo AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y Trámite. El doce de julio de dos mil veintidós, se tuvo recibido el escrito de demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 708/2022, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de Litis. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra a la demanda de amparo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica el quejoso se duele de: * La omisión de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en acordar los escritos presentados por la parte actora -aquí quejosa- el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, nueve de mayo, y siete de agosto de dos mil diecinueve, seis de febrero de dos mil veinte, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 287/2012. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Gurrero, con sede en esta ciudad, ello, no obstante que al rendir su informe justificado hubiera negado la omisión atribuida, haciendo manifestaciones posteriores que dejaron ver su certeza. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Certeza que se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de la actualización de causa de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Ahora, es preciso reiterar que el acto que en esta vía se combate, lo es, la omisión de la Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en acordar los escritos presentados por la parte actora -aquí quejosa- el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, nueve de mayo y siete de agosto de dos mil diecinueve, seis de febrero de dos mil veinte, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 287/2012; esta potestad, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, lo cual obliga a SOBRESEER en el juicio, dispositivos que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, opera la causa de sobreseimiento citada, toda vez que, para que así suceda, se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de sus derechos violados. Numeral descrito, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Énfasis añadido) En ese orden, y dado que la parte quejosa en esencia se duele que el la Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ha sido omiso dictar dentro del juicio natural los escritos de promoción presentado en su oficialía el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, nueve de mayo y siete de agosto de dos mil diecinueve, seis de febrero de dos mil veinte, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y diecinueve de mayo de dos mil veintidós; así como que, de la constancia enviada por el referido órgano laboral, anexa a su informe justificado, a la que se ha concedido valor probatorio se aprecia que el tribunal obrero, en acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, data posterior a la presentación de la demanda de amparo, dicho tribunal obrero, emitió pronunciamiento al respecto; lo anterior, se sostiene, dado que de la lectura del mismo se aprecia que la autoridad responsable en lo que interesa acordó: "Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de a de (sic) agosto del año dos mil veintidós. Por recibidos seis escritos exhibidos ante este Tribunal Laboral los días, veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, nueve de mayo del año dos mil diecinueve, siete de agosto del año dos mil diecinueve, seis de febrero del año dos mil veinte, veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno y diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, signados por el LIC. RUFINO LUCAS LUNA, apoderado legal de la parte actora dentro del expediente laboral 287/2012 que promueve el C. JOSE LUIS SERRANO DE LOS SANTOS en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO; con que la Secretaria da cuenta se acuerda: Téngase por recibidos los escritos de referencia y agréguense a los autos del expediente laboral en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes, ahora bien y en atención al mismo este Tribunal ordena, dictar auto de ejecución del laudo de fecha 19 de septiembre del año dos mil dieciocho, ahora bien y en razón de que en el laudo en comento, condena a la demandada a la reinstalación de la actora y otras prestaciones, por lo que este Tribunal primeramente procede a señalar fecha para que tenga verificativo la REINSTALACIÓN del actor C. JOSÉ LUIS SERRANO DE LOS SANTOS para tal efecto se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, por lo que se comisiona al actuario de este Tribunal para que lleve a cabo la ya mencionada debiéndose constituir en el domicilio del demandado ampliamente conocido en el Palacio Municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero, debiendo dar fe de la Reinstalación del actor, en los mismos términos y condiciones en que lo venía realizando, tal y como esta ordenado en el laudo en comento; con el apercibimiento para la parte actora, que de no comparecer a la ya mencionada, se dará por terminada la relación laboral con el demandado y a la parte demandada, en caso de no reinstalar al actor, se estará a lo que establece el (.)" [Énfasis añadido] En esas condiciones, debe decirse que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable atendió a lo solicitado por la parte actora en el juicio de origen, y emitió auto en el que declaró ejecutoriado el laudo y emitió pronunciamiento respecto a la ejecución material, es decir, efectuar la correspondiente reinstalación y requerimiento de pago bajo los correspondientes apercibimientos de ley. Lo anterior, sin que este órgano de control constitucional pueda estudiar la legalidad o ilegalidad de ese auto pues no forma parte de la litis en este juicio, aunado a que la parte quejosa no amplió demanda respecto de dicho acuerdo, no obstante de haber sido notificada del informe justificado mediante notificación electrónica personal realizada el dos de septiembre de dos mil veintidós, a través de su autorizado y correo electrónico proporcionado, como se constata de actuaciones; además de que este órgano jurisdiccional, se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por las razones que la sustentan, el criterio 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, página 732, de la Décima Época, con registro 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En ese orden de ideas, a criterio de este órgano jurisdiccional resulta evidente que el tribunal obrero señalado como responsable restituyó el goce del derecho fundamental violado que aduce el impetrante del amparo, lo que conlleva a la conclusión de que en el presente caso se surte de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado a la parte quejosa la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, pues con fecha posterior a la demanda la autoridad responsable emitió pronunciamiento en el que emitió auto de ejecución y ordenó el requerimiento del pago a la demandada; por tanto, resulta ocioso el estudio del acto reclamado de referencia pues ya no está surtiendo efectos. Cobra aplicación al presente caso el criterio de jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala, visible en la página doscientos cincuenta, tomo VII, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del aludido Semanario, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por las razones anotadas, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 62, 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE IMPONE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo respecto de los actos en comento, tal como lo establece la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós, mismo que fue notificado personalmente a través de su autorizado el quince siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción XXI, 62 y 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Luis Serrano de los Santos, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud de que aún no fenece el término otorgado a la parte quejosa en auto de veintiséis de agosto del año en curso, respecto de la vista dada con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado, con su contenido y constancia que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, cualquiera de las partes que requiera revisar físicamente la constancia allegada, deberá realizar las gestiones establecidas en el artículo 6º del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR); o en su defecto hacer llegar a este órgano de control constitucional el usuario y solicitud de acceso al expediente electrónico a través del Portal de Juicio en Línea que el Poder Judicial ha puesto a su disposición. Notifíquese por lista, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, a fin de que rinda su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a la debida integración del presente asunto, la celebración de la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan para su desahogo las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez constituye un acuerdo de mero trámite.
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