José Luis Sauceda Tavares
Expediente 863/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- José Luis Sauceda Tavares
- José Luis Sauceda Tavares y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se desprende que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se tuvo por consentido el diverso de veintiocho de febrero del año en curso, en el que se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia dictada en este asunto. En virtud de lo anterior, y toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Rubén Moreno Loera y José Luis Sauceda Tavares; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad y actuarios de su adscripción, para que en el improrrogable término de tres días, informe sobre el cumplimiento dado al fallo concesorio; apercibidas que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá a cada una, una multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 863/2019-IV, y celebrada a las once horas con treinta minutos de hoy, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El secretario: Juicio de amparo 863/2019-IV, promovido por Rubén Moreno Loera y José Luis Sauceda Tavares contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Se hace constar que la presente diligencia es para llevar al cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo con el que se da cuenta. De igual forma, se hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente. El juez: Secretario, dé cuenta con las constancias que conforman este cuaderno. El secretario: Se da cuenta con lo siguiente: 1. Con el escrito inicial de demanda de amparo (fojas 01 a 07). 2. Auto admisorio de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 09 y 10). 3. El informe justificado rendido por: a) El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta localidad (fojas 29 y 30). b) Los Actuarios adscritos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta localidad (fojas 66 y 67). 4. Constancia de notificación de los terceros interesados Rosario Medina Salazar y Restaurante Señor Alambre, de veintisiete de septiembre y de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente (foja 16 y 71). El juez: Se tiene a la secretaría relacionando las constancias de autos, por rendido el informe de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta localidad y por los actuarios adscritos a la misma, así como notificados los terceros. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; secretario, de cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El secretario: Se da cuenta con la documental que allegó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda ; con las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta localidad, residente en esta ciudad, allegó mediante oficio 13272019 al rendir su informe justificado, consistente en la copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el Expediente 00425/E06/2018 de su índice. El juez: En términos de los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas con las que da cuenta la secretaría. Acto seguido, se cierra el período probatorio y se declara abierto el de alegatos; secretario dé cuenta con los que hayan formulado las partes. El secretario: Se da cuenta con la intervención ministerial 345/2019, del Fiscal de la Federación adscrito formulando alegatos de su intención. El juez: Se tiene al representante social formulando alegatos de su intención, los que de ser procedentes, serán tomados en consideración al pronunciarse la sentencia respectiva. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, a fin de proceder a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 863/2019-V promovido por Rubén Moreno Loera y José Luis Sauceda Tavares contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecinueve ante este Juzgado de Distrito, Rubén Moreno Loera y José Luis Sauceda Tavares promovieron juicio de amparo indirecto, en el que reclamaron de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y actuarios adscritos a la misma, lo siguiente. Acto reclamado: "A las autoridades que señalamos como responsables en los puntos 1 y 2, del capítulo de autoridades responsables les reclamamos la audiencia lejana decretada en acuerdo de la fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve respecto de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente labora 00425/E06/2018, radicado ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad., y que sea notificado por las autoridades responsables, a las partes, el acuerdo en el que recaiga lo solicitado." Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en el artículo 17 constitucional y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno bajo el número 863/2019-IV que le correspondió, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que después de un diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, en virtud de que el acto aquí reclamado por la parte quejosa, lo constituye una dilación en el juicio laboral que se tramita ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; lugar donde este órgano de control jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, se tiene que el acto que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y de los actuarios adscritos a la misma consiste en: La omisión de la responsable en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al programar, en proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 00425/E06/2018, hasta el catorce de enero de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados que atribuyen a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo admitió al rendir su informe justificado (fojas 29 y 30). Lo cual se corrobora con las documentales que se allegaron a petición de este tribunal mediante oficio 1327/2019 (fojas 31 a 65); constancias a las que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, en relación con el diverso 74, fracción III, de esta última ley, al ser expedidas por un funcionario revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, los actuarios adscritos a dicho tribunal laboral, refirieron desconocer si eran ciertos o no los actos reclamados; lo anterior conlleva a que éstos se tengan por ciertos para efectos de este juicio; ello con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, de dichos funcionarios se reclama la falta de notificación del proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve en el expediente 425/E06/2018; sin que exista constancia alguna tendente a justificar sí realizaron las notificaciones ahí indicadas; por lo que, dada la naturaleza omisiva del acto, se tiene por cierto. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. Se procede al estudio del concepto de violación, mismo que resulta fundado, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su transcripción. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En efecto, los quejosos se duelen de la transgresión a la pronta impartición de justicia inserta en el artículo 17 de la Constitución, pues refieren que dentro del expediente administrativo laboral 425/E06/2018, se señaló para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en una fecha que excede el término establece la Ley Federal del Trabajo; por lo que, es a la luz de este último numeral que se efectuará el estudio del presente asunto. En su concepto de violación, la parte quejosa afirma que el acto reclamado es violatorio del derecho humano previsto en el artículo 17 de la Carta Magna, en la medida en que la responsable ha sido omisa en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, toda vez que programó el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en una fecha que excede el término fijado en la Ley Federal del Trabajo. Para el caso, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales a fin de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: 1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Para el análisis del acto reclamado, son aplicables los artículos de la Ley Federal del Trabajo reformados el treinta de noviembre de dos mil doce, en virtud de que entraron en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que el juicio origen de donde deriva el acto reclamado fue iniciado en el año dos mil dieciocho, motivo por el que le son aplicables las referidas reformas. En ese orden de ideas, es menester señalar lo que dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo: Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. En el caso concreto, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que en proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio laboral de origen, con motivo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señaló las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veinte; esto es, más de dos meses de lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; con lo cual se trasgredió dicho precepto. Tales circunstancias, hacen evidente que la responsable no ha acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no ha cumplido con las obligaciones jurídicas que les impone la Ley Federal del Trabajo. No se desatiende la excesiva carga de trabajo del Tribunal Laboral; sin embargo, no es justificable que se fije fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo previsto por la norma laboral. Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa, procede conceder el amparo y la protección de la justicia de la unión, y con fundamento en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo la concesión es para que la autoridad responsable deje sin efectos la hora y fecha señaladas en el auto aludido y fije nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 452/E06/2018, la cual deberá ajustarse al plazo a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En relación al cumplimiento de esta resolución, no se pasa desapercibido que la obligación de la autoridad responsable nace a partir de que causa ejecutoria; sin embargo, ello no impide que actué de inmediato, máxime si se toma en cuenta que, según el dicho del quejoso en la demanda de garantías, el auto que constituye el acto reclamado data del mes de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se fijaron las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, con una dilación muy prolongada, si se toma en cuenta lo establecido en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a ello, la protección constitucional que se otorga también tiene el efecto de que la Junta responsable, al fijar la fecha y hora para la celebración de la Audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 425/E05/2018 deberá ajustarse al plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y vigilar que se lleve al cabo la audiencia en la fecha indicada, lo que implica la realización de las notificaciones respectivas por parte de los actuarios responsables, además, en la hipótesis de no tener verificativo, ésta deberá ser reprogramada ajustándose al plazo legal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Rubén Moreno Loera y José Luis Sauceda Tavares, en contra de los actos que reclamaron de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y actuarios de su adscripción, ello para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que los acuerdos en que se pusieron a la vista de las partes las constancias allegadas por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y por los actuarios adscritos a la misma, todos con residencia en esta ciudad, contenidas en los oficios 1327/2019 y 1330/2019 de diez de octubre del año en curso, fueron notificadas por medio de lista de acuerdos publicada el quince de octubre de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que no fueron recibidas con la anticipación de ocho días al de la celebración de la audiencia constitucional, que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tal motivo, se considera que las partes no tuvieron el tiempo suficiente para imponerse del contenido de las mismas y hacer valer lo que a sus intereses convenga. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y se fijan las once horas con trece minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve a fin de que tenga verificativo el desahogo de la misma, debiendo citar a las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- José Luis Salazar Alejo2174/2014
- José Luis Salazar Alejo96/2016
- José Luis Salazar Alejo997/2015
- José Luis Salazar Alejo1021/2018
- José Luis Salazar Martínez1457/2012
- José Luis Sánchez Herrera608/2016
- José Luis Sosa Mayorga701/2014
- José Luis Sosa Mayorga1031/2015
- José Luis Sosa Mayorga727/2014
- José Luis Trejo Ramos y Otros.410/2022
- José Luis Turrubiates Rios190/2021
- José Luis Turrubiates Ríos123/2020