José Luis Santiago Ferrer

Expediente 1028/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1028/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • José Luis Santiago Ferrer

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de nueve de noviembre del año en curso, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de destrucción. el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuenta con noventa días a efecto de que comparezca ante este órgano jurisdiccional, a efecto de recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, correrán la misma suerte que el expediente principal.

  2. Principal

    I.- Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por José Luis Santiago Ferrer, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. II.- Creación del expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número 1028/2020-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. III.- Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, siendo solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso." En ese sentido, la causa de improcedencia en estudio, se refiere a actos que se consienten de manera tácita, y se actualiza cuando se presenta la demanda de garantías de forma extemporánea. La integración de las formas del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de amparo, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señala el artículo 17 de su ley reglamentaria. Así, la improcedencia del juicio de amparo, contra actos consentidos tácitamente, se actualiza cuando éstos no son reclamados dentro del plazo establecido en el artículo 17 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. . . . "Artículo 17. El término de la interposición de la demanda de amparo será de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la intelección del artículo citado, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que debe contarse de la siguiente manera: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. En el caso, tal como se advierte del escrito de demanda, la parte quejosa precisa que reclama el cumplimiento de la sentencia en la que se ordena el desalojo respecto del inmueble de la parte del inmueble que refiere poseer en su carácter de arrendatario, acto del cual, manifestó haber tenido conocimiento, el cuatro de marzo de dos mil veinte, por así manifestarlo expresamente en su escrito de demanda. Las expresiones del quejoso hacen prueba en su contra, de conformidad con los artículos 95, 96 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. . . . En consecuencia, el término de quince días, con que contaba el promovente para presentar la demanda de garantías en el caso que nos ocupa, transcurrió del seis de marzo al trece de agosto de esta anualidad, sin contar los días siete, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de marzo, y ocho y nueve de agosto, todos del presente año, por haber sido, inhábiles en términos del artículo 19, de la Ley de Amparo, así como del dieciocho de marzo de dos mil veinte al treinta y uno de julio del año en curso, toda vez que no corrieron plazos en virtud de la Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19. Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa, fue presentada hasta el cinco de noviembre de la presente anualidad, tal como se advierte del sello de recepción y de la papeleta de ingreso, dicha presentación resulta extemporánea, por lo que debe considerarse que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el quejoso. Por tanto, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia es mainfiesta e indudable. . . .

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