José Luis Sánchez Ramírez

Expediente 63/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
63/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • José Luis Sánchez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    El catorce de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el proveído de veinticinco de enero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo, le transcurrió a la parte quejosa del siete al trece de febrero actual, sin que lo haya hecho así. Lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna de la referida parte procesal, en la que se interpusiera dicho recurso. 2. Si obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda CUENTA. El catorce de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ. JUICIO DE AMPARO 63/2023-III*C Cuenta. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Juez de Distrito, con la demanda de amparo promovida por José Luis Sánchez Ramírez, por su propio derecho, recibida en la oficialía de partes de este juzgado federal con tres copias y once anexos. Registrada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con el número 63/2023. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Sánchez Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 63/2023-III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo citado, impone la obligación a la Jueza de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En efecto, el numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? Asimismo, el referido precepto legal indica que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. En el caso concreto, la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "3. AUTORIDAD RESPONSABLE.- SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO. 4. ACTO RECLAMADO.- de la Autoridad señalada como Responsable la orden verbal o por escrito de suspenderme mi salario como venía devengándolo por orden de pago al portador como trabajador adscrito a la Secretaría de Salud en el Hospital General de Ometepec en el Estado de Guerrero. Por otra parte, al narrar los antecedentes de los actos reclamados literalmente manifestó: "PRIMERO: El que suscribe soy trabajador de base por más de 25 años de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Guerrero, adscrito al Hospital General de Ometepec, como se demuestra del gafete, vigente y expedido por el servicio de Recursos Humanos de dicha dependencia de gobierno en el cual obra fotografía que concuerda con mis rasgos físicos y mis generales (ANEXO 1); así como los recibos de nómina que se acompañan [.] MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? SEGUNDO: Es el caso, que derivado de una problemática de tipo administrativa, tuve que solicitar mi pago de nómina en la modalidad de orden de pago al portador, no así en transferencia bancaria como se me venía realizando, siendo cubiertos mis emolumentos hasta el año próximo pasado. Lo anterior, se podrá corroborar con los comprobantes de pago, identificados con datos de CLAVE DEL BENEFICIARIO: JL06012301, JL06012302 y JL06012303, respectivamente, todas con datos de ORDENANTE DE PAGO: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SA, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SANCHEZ RAMÍREZ JOSE LUIS (ANEXO 3), realizados por las últimas órdenes de pago que fueron hechas de mi conocimiento, por concepto de pago de mi salario, identificadas con la clave JL06012301, JL06012302 y JL06012303, por las cantidades de $39,126.24 (treinta y nueve mil ciento veintiséis pesos 24/100 moneda nacional), $1,860.35 (mil ochocientos sesenta pesos 35/100 moneda nacional), $7,441.34 (siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 34/100 moneda nacional), respectivamente, contrato enlace número 080120714030, las cuales fueron cobradas ante la institución bancaria denominada SANTANDER. TERCERO: Ahora bien, la autoridad que señalo como responsable; subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, sin motivo alguno al presentarme por mi orden de pago de mi salario, mismo que tengo derecho y no hay orden fundada y motivada que me los suspenda, se me fue negada el día dieciséis de enero de dos mil veintitrés, sin mediar ninguna explicación al respecto." En esa tesitura, de lo expuesto con antelación se aprecia que el impetrante se duele de la orden de suspensión de su salario y demás percepciones que recibe como trabajador de la Secretaría de Salud, adscrito al Hospital General de Ometepec, Guerrero. Por lo que a juicio de esta juzgadora resulta evidente que a través de la promoción del presente juicio de amparo se intenta combatir un acto que surge de una relación laboral entre la autoridad señalada como responsable y el impetrante, en la que la primera hace las veces de patrón y el quejoso se erige como empleado, por lo que esta instancia resulta improcedente, en virtud de que el acto reclamado dadas las características del caso, no proviene de un ente de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, a la autoridad que la parte quejosa señala como responsable, no le reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que, se insiste, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Carta Magna; 1 fracción I y 5 , MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia de esta instancia constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por aquélla la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual forma, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no acontece, tal y como enseguida se explicará con base en los siguientes razonamientos. En primer término, resulta conveniente establecer que procesalmente hablando, "autoridad responsable" es la parte a la cual se demanda en el juicio de amparo; quien emitió o ejecutó el acto combatido a través de este medio de control constitucional; es decir, se connota como todo aquél órgano del estado o particular dotado de facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares e impone a estos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Los órganos del Estado pueden actuar en dos tipos de relaciones de supra a subordinación y en relaciones de coordinación, en la primera actúa como autoridad frente a particulares y sus actos contienen entonces, las características de unilaterales, coercitivos e imperativos, y en la última se despoja de ese poder de mando y realiza actividad como cualquier particular. De tal suerte que, para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. Cabe señalar que la relación Estado-empleado se representa por dos características que no deben perderse de vista al analizar su esencia y que se refieren, en principio, a la naturaleza soberana del Estado, uno de los sujetos de esa relación, cuya voluntad orgánica se integra con la de los empleados, en contraste con la relación existente entre el patrón y el obrero, donde ambos sujetos son particulares; y en segundo, la naturaleza del servicio prestado, que es el desenvolvimiento y MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral ordinaria. Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, organización y funcionamiento de aquél, su naturaleza jurídica debía estimarse como administrativa, pero la fuerza del derecho positivo ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole en la generalidad de los casos, aunque respetando a manera de excepción, algunos supuestos bien determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de la relación. Luego, toda vez que del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que el ahora quejoso es trabajador de la Secretaría de Salud, adscrito al Hospital General de Ometepec, Guerrero, lo que demás se corrobora con las documentales que exhibió, consistentes en su credencial y los recibos de pagos. Por tanto, se concluye que en el caso, se está ante una relación de coordinación de tipo laboral entre el promovente y la autoridad a la que señala como responsable, en torno a la cual no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso de la afectada, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo; hipótesis que no se actualiza en la especie, al tratarse de una cuestión eminentemente laboral, (la que en todo caso podría dilucidar ante la autoridad laboral que resulta competente), porque aquí se le atribuye un acto que ejerce en calidad de patrón, como lo es la orden de suspensión de su salario y demás percepciones que recibe como trabajador de la Secretaría de Salud, adscrito al Hospital General de Ometepec, Guerrero. De ahí que, a tal funcionario no le resulta el carácter de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, de MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva. Es importante señalar que lo anterior no comprende a todos los trabajadores al servicio de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, pues la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, excluye a cinco grupos: 1. Militares; 2. Marinos; 3. Personal del Servicio Exterior; 4. Agentes del Ministerio Público, y 5. Miembros de instituciones policiales. Como se ve, los cinco grupos indicados, constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación Estado-empleado se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, excepción aceptada en el consenso internacional, porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera substanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo; sin que el quejoso se ubique dentro de alguna de las citadas excepciones, según sus propias manifestaciones y las documentales que exhibió. En efecto, los artículos 1o, 2o, 3o, 26, 29 y 80, fracción I, de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general para todas las autoridades, funcionarios y trabajadores de base integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Artículo 2.- Trabajador del Estado, es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los Municipios del Estado de Guerrero, un servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento que le fuere expedido, o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores temporales. Se considerará con igual carácter a los empleados y MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? trabajadores que presten sus servicios en los Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados de carácter estatal. Artículo 3.- La relación jurídica del trabajo reconocida por esta ley, se entiende establecida para todos los efectos legales, entre los trabajadores del Estado y de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los Municipios representados por sus titulares. Esta misma relación jurídica existe en favor de los empleados y trabajadores de los Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados de carácter estatal. Artículo 26.- Salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados". Artículo 29.- No deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores, sino en los casos siguientes: I.- Cuando el trabajador contraiga deudas con el Estado por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas. II.- Cuando se trate de cobro de cuotas sindicales ordinarias o de aportación de fondos para cooperativas de cajas de ahorro, constituidas legalmente o por la voluntad expresa de los trabajadores. III.- Cuando se trate de descuentos ordenados por la Autoridad Judicial competente. El monto total de los descuentos no podrá exceder del 30% del importe total del salario excepto el caso a que se refiere la fracción III de este artículo. Artículo 80.- El Tribunal de Arbitraje será competente: I.- Para resolver en definitiva los conflictos individuales que se suscitaren entre algunos de los Poderes, Municipios u Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado y sus trabajadores. [.]". A partir de esto se obtienen las siguientes premisas: a). La relación que existe entre el Estado y sus trabajadores se rigen por la Ley 51. b). El salario es un derecho de los trabajadores del Estado. c). El salario no puede retenerse; salvo las excepciones que marca la propia ley. d). La retención del salario es un conflicto individual que se suscita entre el Estado y sus trabajadores. e). El Tribunal Estatal del Conciliación y Arbitraje es competente para conocer de los conflictos individuales de trabajo, entre ellos la retención del salario. Lo anterior muestra que la suspensión del salario que se reclama tiene su fuente en una relación de naturaleza obreropatronal entre el Estado de Guerrero y el quejoso José Luis Sánchez Ramírez; esto es, la relación que subyace entre ellos es una de coordinación, no de supra a subordinación. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 En consecuencia, al estimarse que el acto que en la especie se reclama, consistente en la orden de suspensión de su salario y demás percepciones que recibe como trabajador de la Secretaría de Salud, adscrito al Hospital General de Ometepec, Guerrero, deriva de una relación laboral, se concluye que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, por no estar en presencia de una conducta atribuible a una autoridad para efectos de la materia. En tales condiciones, una vez que fue demostrado que los actos reclamados en esta vía de amparo se originan en virtud de una relación entre particulares que deriva de una relación laboral, y no de autoridad a particular, es patente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1, fracción I y 5, todos de la Ley de Amparo. Sin que ello implique, que se provoque un estado de indefensión, pues el quejoso puede acudir al juicio de amparo una vez que resuelva la legalidad de los actos que impugna ante las instancias comunes. En la especie, no se exige el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino que los actos de reproche provengan de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que se deja expedito su derecho de comparecer ante la justicia ordinaria que estime conveniente a hacer valer sus derechos, en contra de la orden de suspensión de su salario y demás percepciones que recibe como trabajador de la Secretaría de Salud, adscrito al Hospital General de Ometepec, Guerrero, mediante un juicio seguido ante los tribunales creados por la ley para ese fin. Debe agregarse que el hecho de que el acto reclamado no sea de autoridad para efectos del amparo y al efecto se actualice una causa de manifiesta e indudable de improcedencia, no significa que se le violen sus derechos, pues la procedencia del juicio de amparo también se encuentra sujeta a presupuestos procesales y reglas de procedencia. Además, permitir la admisión de la demanda de amparo hasta la celebración de la audiencia constitucional, crearía falsas expectativas al quejoso, así como se retrasaría la expedites en el asunto pues derivaría igualmente en el sobreseimiento, ya que el MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? acto reclamado no deriva de un acto de autoridad -de supra a subordinación-, en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino que se trata de una relación de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. L/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Tomo IV, Octubre de 1966, página 315, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE UNA SECRETARIA DE ESTADO, CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. De lo dispuesto por los artículos 123, apartado "B", parte inicial, de la Constitución, 1o., 2o. y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o., 2o. y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que si los organismos federales no son descentralizados, sino desconcentrados y, por tanto, quedan comprendidos dentro de una Secretaría de Estado del Ejecutivo Federal, ha de considerarse que conforme al último de los preceptos invocados, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos laborales en que sea parte alguno de dichos organismos desconcentrados." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ. Resulta aplicable la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), registro 2011298, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de suprasubordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". De igual forma, es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda de amparo; y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alan Ruiz Urióstegui, Arturo Miranda Cisneros y Edgar Alejandro Larequi Galeana, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Rafael Martínez Ventura, por no contar con dicho registro. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE ??????????????? recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se comunica a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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