José Luis Sanchez Pardo
Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Sanchez Pardo
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia dentro del expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente de autos se advierte que se encuentra pendiente de remitir al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud Federal, contra el auto de uno de marzo del año en curso, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Sin embargo, como se hizo referencia en autos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a once años, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, lo que dejó a la parte quejosa en condiciones de realizar dicho registro y así le señalaran fecha para la inoculación de la menor, razón por la cual resulta ocioso remitir el medio de impugnación señalado con antelación, dado que no tendría ningún efecto jurídico con su substanciación. Lo anterior, resulta así en virtud de que el juicio de amparo se constituye bajo el principio de economía procesal, con la finalidad de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, de acuerdo con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en relación con el cual los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable posible para ponderar la efectividad del mismo, con el objeto de evitar la imposición de formulismos poco prácticos contrarios a la finalidad de la norma, al igual que convertir cualquier irregularidad procesal en un obstáculo insuperable para la continuación del proceso y obtener con ello una resolución práctica sobre la controversia planteada (principio de favorecimiento de la acción). Por lo que, desde una perspectiva de proporcionalidad se debe observar un distinto tratamiento en torno al grado de complejidad o defectuosidad de los diversos asuntos, los vicios o errores en que pudieran incurrir las partes y en relación con las circunstancias concurrentes su trascendencia práctica e incluso la voluntad de los promoventes, permitiendo que éstos en su caso los corrijan o incluso realizar ello de oficio para preservar sus derechos, sin soslayar la igualdad procesal de las partes (principio de subsanación de los defectos procesales); ello, tomando en consideración además a todos los justiciables que ejercen su derecho en específico ante este órgano jurisdiccional. Así, en virtud de lo expuesto y tomando en consideración el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, resultaría ocioso continuar con la tramitación del recurso de queja hasta su resolución, pues ello resultaría contrario al principio de economía procesal ya referido, en perjuicio, como ya se dijo con antelación, del resto de los justiciables, pues no deviene práctico ponderar un interés particular sobre el general; por tanto, no se continúa con el trámite de dicho recurso al no existir cuestión sobre la cual resolver, ya que el asunto se encuentra totalmente concluido en lo principal y se ordenó su archivo; lo anterior, aunado a que la autoridad no insistió en la prosecución del recurso de queja interpuesto, aun cuando fue notificada de la interposición del mismo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, informa las gestiones a su cargo para aplicar la vacuna acticovid-19 a la menor quejosa; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Asimismo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye hecho notorio la página electrónica de la Delegación Bienestar Michoacán, de la que se advierte que del día veintiocho de junio al uno de julio de dos mil veintidós, inició la vacunación en esta ciudad para niñas y niños de cinco a once años, con la primera dosis de la vacuna Pfizer, en cuatro puntos distintos de esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del mismo código, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, informe si la menor quejosa ya fue inoculada, o bien, informe el motivo por el que ello no haya ocurrido. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio que en la página oficial del "GOBIERNO DE MÉXICO", en dicho link se advierte el comunicado de prensa "290. Mañana se abre registro de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años", en el que la Secretaría de Salud hizo del conocimiento de la población en general que partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abriría el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, lo que a su vez se informó en diversos medios de comunicación. Lo anterior implica que la autoridad responsable a la fecha ha efectuado las gestiones necesarias para incluir en el esquema vacunación a los menores de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ''De todas las autoridades señaladas, la omisión de vacunar a la menor quejosa contra el virus COVID-19, al solo contar con 9 nueve años de edad, pues es un hecho notorio que, para las autoridades señaladas como responsables, la aplicación de la vacuna COVID con un esquema primario y de refuerzo debe priorizarse para personas 1 adultas, trabajadoras del sector salud y personas inmunodeprimidas, 2 personas adultas con comorbilidades, mujeres embarazadas, personal educativo, 3 el resto de la población adulta, así como niños y niñas con comorbilidades, 4 adolescentes de 15 quince años en adelante.'' (sic). Establecido lo anterior, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, si bien es cierto en el escrito inicial de demanda la parte quejosa reclamaba esencialmente la omisión de aplicarle la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2, por lo que la responsable al rendir su informe justificado y en oficios remitidos posteriormente informó la imposibilidad que tenía para aplicar ésta, también lo es que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, esto para que la parte quejosa esté en condiciones de realizar dicho registro y así le señalen fecha para su inoculación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que en proveído de treinta de mayo del presente año, se ordenó reenviar vía ESTAFETA, el oficio 9475 dirigido al Consejo de Salubridad General en la Ciudad de México, por lo que se encuentra en proceso la notificación respectiva, esto para que esté en condiciones de rendir el informe de ley requerido en autos. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental y en su lugar se fijan para su verificativo las once horas del doce de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. En otro aspecto, se tienen por recibidos los sobres devueltos por la Admiradora Local de Correos, con residencia en esta ciudad, que contiene los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por los motivos siguientes: 1. OF. 7716. Secretaría de Salud en la Ciudad de México. (Cambio de domicilio). 2. Of. 7717. Consejo de Salubridad General en la Ciudad de México. (Cambio de domicilio). Asimismo, de autos se advierte que no obra el acuse de entrega del oficio 7718, dirigido al Secretario de Bienestar en la Ciudad de México. En relación a lo anterior, se ordena el reenvió de los oficios citados en los párrafos que anteceden, por vía ESTAFETA, en los domicilios respectivos, esto para que se les notifique sobre el recurso de queja interpuesto por una de las autoridades responsables en contra de la suspensión de plano dictada en el presente asunto. Notifíquese por lista y mediante oficios a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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