José Luis Sánchez Palma

Expediente 1029/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1029/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • José Luis Sánchez Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1029/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de uno y catorce de diciembre de dos mil veintidós (fojas 69-71 y 80-82), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genovave Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de uno y catorce de diciembre de dos mil veintidós (fojas 69-71 y 80-82), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, a las once horas del ocho de febrero de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1029/2022, promovido por José Luis Sánchez Palma; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Verónica Yazmín Bautista Soto, secretaria con quien actúa y da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, informa de las constancias que integran el expediente y, hace constar que a la presente fecha han transcurrido ocho días respecto del informe rendido por la última de las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias y, toda vez que no existe obstáculo alguno, continúese con el desahogo de la presente audiencia, en las etapas que la conforman. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas en copia fotostática simple por la parte quejosa junto a su escrito de demanda (fojas 72 y 73) y las que como justificación de sus actos remitieron las autoridades responsables 4. Comandante de la Tercera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz (foja 101) y el 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz (foja 127). Atento a lo anterior, el Juez acuerda: ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las de las mencionadas autoridades responsables, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. Se acuerda: como las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se concluye este período de la audiencia constitucional. En seguida, se dicta sentencia Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1029/2022 y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el diez de octubre de dos mil veintidós, turnado en la misma fecha a este Juzgado, entre otros, el quejoso José Luis Sánchez Palma promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe justificado y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJAS SENTIDO 1. Secretario de Marina EN LÍNEA NIEGA CIUDAD DE MÉXICO 2. Gobernador del Estado de Veracruz 93 NIEGA 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz 86 NIEGA XALAPA, VERACRUZ 4. Comandante de la Tercera Región Naval 99-100 NIEGA 5. Presidente Municipal de Veracruz 104-105 NIEGA 6. Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable 87 NIEGA 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz 106-107 Y 117 NIEGA VERACRUZ, VERACRUZ 8. Delegación de la Policía Estatal Región XXIII Conurbación Veracruz- Boca del Río 83 NIEGA BOCA DEL RÍO, VERACRUZ De quienes reclamó los actos que más adelante quedarán precisados. SEGUNDO. Trámite. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, este juzgado, entre otras cuestiones, acordó: la separación de la demanda en juicios individuales, y remitirlas con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta localidad para su turno correspondiente (fojas 63 a 69). Hecho lo anterior, el nueve de noviembre de la referida anualidad, se tuvo por recibida en este juzgado la papeleta de turno por parte de la mencionada oficina, a la que se adjuntó el oficio 31793 con copia de la demanda y sus anexos, promovida por el quejoso José Luis Sánchez Palma y, por auto de diez de noviembre siguiente, el suscrito ordenó: admitir la demanda de amparo, requerir a las responsables su informe justificado, dar la intervención que le compete a la persona Fiscal de la Federación y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 74 a 78) la que se llevó a cabo en el horario y día señalados (foja 112 vuelta). Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclaman actos a autoridades administrativas, que se dice tendentes a despojar de su fuente de trabajo a la parte quejosa, impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues la ejecución de los actos reclamados se dijo tuvieron lugar en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que dichos actos, el quejoso los hace consistir en: la orden de despojo de su centro de trabajo que refiere ha estado desarrollando en la plancha del Malecón y Comodoro en Veracruz. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probado o no su existencia. CUARTO. Inexistencia de actos. Del cuadro de reseña de autoridades responsables ubicado en el resultando primero de esta sentencia, se advierte que las identificadas con los arábigos 1 al 8, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama. Por ende, como la parte quejosa no aportó medio de convicción idóneo alguno que desvirtuara dichas negativas, pues corresponde a ésta acreditar la existencia del acto que les atribuye, con apoyo el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior lo manifestado por la autoridad responsable 4. Comandante de la Tercera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado, quien si bien negó la existencia del acto que se le atribuye, agregó que el Grupo de Tarea de la Policía Naval en Apoyo a la Seguridad Pública recibió solicitud mediante oficio PML/1038/2022 de fecha tres de octubre de dos mil veintidós (anexo a su informe en copia certificada como prueba) en donde el Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz, solicitaba el apoyo de seguridad y acompañamiento policial a personal de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz en la Macro Plaza del Malecón, con la finalidad de preservar la seguridad de los ciudadanos, así como a personal de dicha Dirección, para mantener ese lugar sin presencia de comercios irregulares, de acuerdo a las atribuciones del Ayuntamiento de Veracruz. Igualmente, que personal perteneciente a la Secretaría de Marina adscrito al Grupo de Tarea de la Policía Naval en Apoyo a la Seguridad Pública, brindó el apoyo requerido a la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, en la Macro Plaza del Malecón. Sin embargo, y tomando en consideración que el 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz, en su carácter de autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, y que dicha negativa se veía desvirtuada con lo manifestado por el 4. Comandante de la Tercera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz, y para no dejar sin defensa a ninguna de las partes, este juzgado, el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós (vía oficio 37718) requirió al 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz, para que ratificara o rectificara su informe justificado, debiendo rendirlo respecto de los actos que le atribuye el aquí quejoso José Luis Sánchez Palma. Aunado a lo expuesto, y como se advirtió además la participación de una diversa autoridad que no fue señalada como responsable por la parte quejosa en su escrito de demanda, a saber, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, y al guardar relación con el acto que por esta vía se reclama, en el mismo proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se previno al quejoso para que dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, quince días computados legalmente, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo (fojas 111 a 112). Sobre lo anterior, el 7. Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, Veracruz, ratificó su informe justificado, y el quejoso fue omiso en ampliar su demanda de amparo, como quedó asentado en acuerdos de tres y veintiséis de enero del año en curso (fojas 118 y 131 respectivamente) por lo que, se ordenó continuar el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Con base en lo expuesto, es que se llega a esa conclusión de que debe sobreseerse en el juicio por inexistencia de actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, pues no existe prueba en contrario, máxime que el quejoso no amplió su demanda. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Luis Sánchez Palma, contra los actos y por las autoridades responsables identificadas bajo los arábigos 1 al 8, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que la parte quejosa no hizo manifestación alguna dentro del plazo de quince días que se le otorgó por auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el cual le feneció el pasado veinticuatro de enero del año en curso. Lo anterior, en el sentido de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar al titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, como nueva autoridad responsable, así como qué acto en específico le reclama. De igual forma, de la referida certificación se desprende que no existe promoción alguna dirigida al presente juicio pendiente de acordar, relacionada con la prevención de referencia. Con base en lo expuesto, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aludido auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós y, se ordena continuar el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Notifíquese en términos de ley.

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