José Luis Sánchez Padilla

Expediente 772/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
772/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • José Luis Sánchez Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE.- Zapopan, Jalisco, doce de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho (foja 696), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado por lista de acuerdos el ocho de mayo siguiente, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente (foja 697). Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia pronunciada con fecha de engrose el treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 502 a 537), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "(.) la autoridad responsable 3. Dirección General de Administración y Desarrollo Humano del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: -Deje insubsistente el oficio DGAH0949/2016 de trece de abril de dos mil dieciséis, y el finiquito de esa fecha por la cantidad de 33,829.85 (treinta y tres mil ochocientos veintinueve pesos 85/100 moneda nacional), por laborar en la Comisaría de Seguridad Pública como Policía al día treinta de septiembre de dos mil quince. -Emita una nueva respuesta en forma congruente, completa y pronta, así como de manera fundada y motivada, a los escritos de diecisiete de abril de dos mil trece y veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, suscritos por el aquí quejoso, en los que solicitó en esencia que le fuera entregado y/o pagado su finiquito correspondiente y partes proporcionales por el tiempo efectivamente laborado desde el veintidós de abril de dos mil cinco hasta la fecha de la aplicación de su renuncia voluntaria al cargo de Policía tercero con número de empleado 1402 con adscripción en la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, y que le fueran pagadas las partes proporcionales que se hubieran generado al cargo de Oficial y/o Director Operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, y el pago de la indemnización que en derecho le correspondiera; lo que le deberá hacérselo saber de manera pronta. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se le reprocha a la diversa responsable 5. Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, toda vez que se le reclaman en vía de consecuencia y no por vicios propios." Mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 641 y 642), se recibió el testimonio relativo al recurso de revisión 28/2018, en el que se determinó confirmar la sentencia recurrida y se requirió a la responsable por el cumplimiento al fallo protector. Como se puede observar, los efectos de la protección constitucional consistieron básicamente en que se dejara insubsistente el oficio DGAH0949/2016 de trece de abril de dos mil dieciséis, en el que se había cuantificado el finiquito por haber laborado en la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, en atención a las solicitudes formuladas mediante escritos de diecisiete de abril de dos mil trece y veintitrés de febrero de dos mil dieciséis; que en lugar de dicha resolución, se emitiera una nueva contestación fundada y motivada respecto de dichas solicitudes; y, se dejara insubsistente el cálculo del finiquito formulado por el Tesorero del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, al ser consecuencia del oficio primordialmente reclamado. Por medio de los mencionados ocursos, el quejoso solicitó se le pagara el finiquito correspondiente por el tiempo efectivamente laborado desde el veintidós de abril de dos mil cinco, hasta la fecha de su renuncia voluntaria al cargo de Policía tercero con número de empleado 1402, con adscripción en la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, y que le fueran pagadas las partes proporcionales que se hubieran generado al cargo de Oficial y/o Director Operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, y el pago de la indemnización que en derecho le correspondiera. En proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 649), se recibió el oficio CGAIG/0226/2018, dirigido al quejoso Israel de Jesús García Mosqueda, por el cual se dejó insubsistente el diverso DGAH/0949/2016, de trece de abril de dos mil dieciséis y se otorgó una nueva contestación a los escritos de diecisiete de abril de dos mil trece y veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Al respecto, expuso la autoridad responsable que por lo que respecta al pago de finiquito y sus partes proporcionales por el tiempo efectivamente laborado como Policía Tercero con número de empleado 1402, desde el veintidós de abril de dos mil cinco, hasta la fecha de su renuncia voluntaria, las partes proporcionales le fueron cubiertas en el año dos mil doce y, en cuanto a diversas prestaciones que pudieran existir pendientes, no es procedente su pago, al no haber sido reclamadas en tiempo y forma. En cuanto a las prestaciones que le corresponden respecto del término de su nombramiento como Oficial o Director Operativo, le informó que le corresponde la cantidad de $33,829.85 (treinta y tres mil ochocientos veintinueve pesos 85/100, moneda nacional), relativa a las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de doscientos setenta y tres días efectivamente laborados; además se advierte el desglose respectivo de cada uno de esos conceptos. En proveído de once de diciembre último (foja 673), se recibió un oficio por el cual la responsable remitió el cheque emitido en favor del quejoso, así como la constancia de entrega respectiva. Por su parte, la autorizada en amplios términos del quejoso, Martha Reyes Vázquez (foja 13), mediante diverso escrito se inconformó en contra de la determinación de la responsable, argumentando que la respuesta no se encuentra fundada ni motivada, puesto que desde la fecha de terminación del cargo como policía, hasta el momento en que se solicitó el pago de las prestaciones correspondientes había transcurrido menos de un año; además, que el finiquito es el mismo que había combatido en este juicio mediante la ampliación de demanda y, que no se advierte que se haya dado respuesta a su solicitud de indemnización constitucional. No obstante, este juzgado de Distrito determinó declarar cumplida la sentencia de amparo en proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por los motivos y razones expuestas en el mismo, situación que la parte quejosa combatió ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en recurso de inconformidad, mismo que por razón de turno, le fue asignado al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito; el cual, en sesión plenaria celebrada el trece de marzo del año en curso, resolvió declarar fundado el recurso; y, revocar el auto recurrido; generando con ello, el requerimiento de la autoridad denominada Director General de Administración y Desarrollo Humano del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días hábiles siguientes al de su notificación, cumpliera a cabalidad con la sentencia de amparo. Mismos que se hicieron consistir en que la autoridad responsable debía otorgar una respuesta congruente al escrito presentado por la parte quejosa el pasado veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la cual debía fundar y motivar, empero, no la constreñía a que emitiera la resolución en determinado sentido o que se tomaran en consideración ciertas circunstancias, como lo pretende el quejoso; tampoco a examinar la legalidad de la resolución de la responsable, pues como se precisó, únicamente tenía que analizar que en la nueva respuesta se atendieron todos los argumentos hechos valer por el quejoso en sus peticiones y que se sustentaron en fundamentos y motivos suficientes. En el caso, se atendieron los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, pues la autoridad responsable estableció que el pago de finiquito y sus partes proporcionales por el tiempo efectivamente laborado como Policía Tercero con número de empleado 1402, desde el veintidós de abril de dos mil cinco, hasta la fecha de su renuncia voluntaria, le fueron cubiertas en el año dos mil doce y, en cuanto a diversas prestaciones que pudieran existir pendientes, es improcedente su pago, lo anterior, por tratarse de una terminación de nombramiento y no de un despido justificado, de conformidad con el artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, ahora bien, puesto que, al caso que nos ocupa, resulta aplicable el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo relativo en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, cuando se trata de fijar la indemnización, situación que no resulta aplicable al caso que nos ocupa, pues se trata la terminación de un nombramiento, tal y como lo refiere el citado numeral 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, circunstancia que se le dio a conocer a través de la notificación correspondiente. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable dejó insubsistente el oficio DGAH/0949/2016 y dio contestación en los términos establecidos en el ejecutoria del presente juicio, a los escritos de la parte quejosa de fechas diecisiete de abril de dos mil trece y veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo y se ordena el archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la Secretaria Judicial Alondra Betania Loza Aguilar, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/ABLA/tmhb

  2. Principal

    AVISO PRINCIPAL. Por medio de lista notifico a la parte quejosa el auto dictado el quince de julio pasado, cuya síntesis dice: ..SE ESTIMA QUE LA RESPONSABLE ACATO EL FALLO PROTECTOR... ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO... ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por medio del cual remite copia certificada del laudo dictado el siete de junio de este año, en el juicio laboral ********************, así como del audiencia de discusión y votación de uno de julio de este año. En consecuencia, con el comunicado y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrieron en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Director General de la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, remite el original de la opinión médica firmada por el Jefe de Medicina Interna de dicho órgano, en la que se hizo constar que los padecimientos médicos sufridos por el quejoso están establecidos y controlados, por lo que no es necesario continuar con servicios hospitalarios; agréguese lo de cuenta a los presentes autos para los efectos legales conducentes y téngase a la responsable en vías de cumplimiento. Asimismo, del estado de autos se advierte que, la próxima cita médica programada al quejoso se agendó hasta el nueve de julio de la presente anualidad, en la especialidad de medicina interna; sin embargo, lo anterior se justifica, en virtud de lo informado en la opinión médica de cuenta, en el sentido de que el padecimiento del quejoso se encuentra controlado y que deberá continuar su tratamiento en la unidad familiar correspondiente. Con tales manifestaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con respecto a las manifestaciones vertidas por el Jefe de Medicina Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la inteligencia de que lo manifestado o la abstención de pronunciarse al respecto, se tomará en consideración al momento de calificar el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo se estima necesario requerir al Director del Hospital General de Zona número 14 de la Delegación en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el término de diez días legalmente computados, remita copias certificadas de las constancias que acrediten la atención medica brindada en la cita programada al quejoso para el nueve de julio de la presente anualidad, en la especialidad de medicina interna, en el entendido de que, de no presentarse el quejos a la atención médica, deberá levantar una acta circunstancial de hechos, con la presencia de dos testigos. Se le apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, conforme prevé el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se les impondrá multa de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Ello con independencia de las responsabilidades legales diversas que eventualmente pudieran surgir derivadas de denotarse una indebida atención médica del quejoso, al ser el derecho a la salud uno de los fundamentales previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los actos que aquí se reclaman inciden de manera directa en la integridad física y la vida del quejoso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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