José Luis Sánchez Hernández

Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
475/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • José Luis Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del auto de nueve de los corrientes del que se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento, circunstancia de la que se toma conocimiento, toda vez que por diverso de trece de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgador en auto de veintiocho de mayo pasado y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por José Luis Sánchez Hernández, por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México; en consecuencia; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO C. ANT. 475/2021 Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual a la letra dice: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y, b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General" En tal virtud, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dése cumplimiento y procédase a su destrucción. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por José Luis Sánchez Hernández, por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la Región de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 475/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por José Luis Sánchez Hernández, por propio derecho, se advierte que reclama lo siguiente: La resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral 277/2021, que confirma el acuerdo de veintidós de abril del mismo año. Ahora, de los antecedentes de la demanda se advierte: "Con fecha 22 de abril del 2021, se dictó acuerdo, mismo del cual se desprende: 'TERCERO. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO. Con base en lo expuesto, se tiene a la parte actora desahogando la prevención ordenada. En los siguientes términos: 1.- El actor manifiesta que, desde la etapa previa conciliatoria, desconocía el nombre correcto y/o completo de sus patrones, como los señala en la demanda ingresada, inició y ratificó la solicitud de conciliación tan es así que ambas empresas demandadas acudieron al centro de conciliación y si dicho centro solo emitió la constancia respecto de una de las empresas no es responsabilidad para el promovente. Por lo anterior, se tiene por desahogada la prevención realizada a la parte actora en todos los puntos que le fueron requeridos. (Énfasis propio). CUARTO. ACUERDO. Del estudio de las constancias exhibidas dentro del presente asunto, se deriva que, si bien Karin Viridiana Quintanar Vega compareció a la audiencia de conciliación, lo hizo solo en el carácter de dueña de la empresa Servicios Profesionales en Recursos Humanos SERPRO-RH, S.A. y por Almacenadora Mercader, Sociedad Anónima, de esto se tiene que si compareció, sólo lo hizo con el carácter antes mencionado y no por propio derecho y por cuanto hace a Joaquín Emmanuel Ortiz López, no fue citado a la audiencia de conciliación. CUARTO. (SIC) REMISIÓN DE AUTOS A CONCILIACIÓN PREVIA. Del análisis integral de las actuaciones del presente expediente y de los documentos exhibidos se advierte que la parte actora, solo agotó la etapa de conciliación respecto de Servicios Profesionales en Recursos Humanos SERPRO-RH, S.A. y por Almacenadora Mercader, Sociedad Anónima y no justifica haber agotado la instancia prejudicial de JOAQUIN EMMANUEL ORTIZ LÓPEZ Y KARIN VIRIDIANA QUINTANAR VEGA, a quienes también demanda y tampoco evidencia encontrarse en alguno de los supuestos de excepción, para no agotar la etapa de conciliación prejudicial. En la especie, además de que la parte actora o se ubica en alguna de las hipótesis de excepción a la etapa de conciliación, antes señalada, únicamente presentó constancia de no conciliación respecto de Servicios Profesionales en Recursos Humanos SERPRO-RA, S.A y de la audiencia de conciliación se desprende que el centro de conciliación fu(sic) omiso en poner el nombre de la segunda demandada siendo Almacenadora Mercad(sic), sin embargo, respecto de los demandados físicos no justifica por qué (sic) no se agotó la etapa prejudicial, motivo por el cual se remite a dicho centro para agorar la etapa conciliatoria. Hecho lo anterior, una vez que se reciba el acuse de recibo de la autoridad conciliadora, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 521 y 724 de la Ley Federal del Trabajo. ." (Énfasis Propio)' [.]" En contra de tal determinación el hoy quejoso interpuso recurso de reconsideración, mismo que se resolvió el siete de mayo de dos mil veintiuno (el cual constituye el acto reclamado) y que, en lo que nos interesa, determinó: "[.] 'En efecto, al remitir la demanda inicial con sus anexos al Centro de Conciliación para que inicie la fase conciliatoria entre las partes, ello implica que este Tribunal no puede iniciar el procedimiento ordinario y menos ordenar el emplazamiento al resto de los demandados, pues, por no haber sido admitida, ello trae como consecuencia que se archive el escrito inicial (Énfasis propio), y se dejen a salvo los derechos de la parte interesada, para que, culminando aquella fase conciliatoria, ejerza sus derechos en la vía y términos que estime pertinentes, lo que no puede afectar algún derecho relacionado con la acción que ejerció, en tanto ésta podrá intentarla respecto de los demandados, una vez que culmine la fase conciliatoria respecto de todas las personas que decidió demandar en la vía ordinaria. [..] Consecuentemente, al no prosperar los agravios hechos valer, se impone legalmente confirmar el acuerdo recurrido y, con fundamento en el artículo 521, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se ordena remitir el asunto al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, a fin de que inicie la fase de conciliación respecto del reclamo del trabajador José Luis Sánchez Hernández, en contra de Joaquín Emmanuel Ortiz López. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido. TERCERO. Remítase el asunto al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, que corresponda, a fin de que inicie la fase de conciliación, en los términos de postrer considerando de esta resolución'." De lo anterior, se observa, que el acto reclamado que se combate, por su naturaleza, constituye una resolución dictada por una autoridad del trabajo que decide el juicio y le pone fin sin decidirlo en lo principal, y respecto del cual las leyes comunes, no conceden ningún recurso ordinario a través del cual pueda ser modificado o revocado, y de aquí que es competente para conocer del asunto un Tribunal Colegiado, en términos de los numerales 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, por lo tanto, el suscrito declara que este Juzgado de Distrito, carece legalmente de competencia para conocer del presente juicio de garantías, dado que a juicio de este Juzgador el acto reclamado, es una resolución que puso fin al juicio natural; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) constitucional, así como 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, mismos que señalan lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;..." De los preceptos legales transcritos, se advierte que contra las resoluciones que pongan fin al juicio procede el juicio de amparo directo, y que se entenderán por resoluciones que pongan fin al juicio las que, no decidiéndolo en lo principal, lo dan por concluido y las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Consecuentemente, para determinar cuándo se está en presencia de una "resolución que haya puesto fin al juicio" debe advertirse que el acto reclamado: a) No haya decidido el juicio en lo principal; b) Que lo dé por concluido; y, c) Que contra dicho acto no proceda ningún recurso ordinario de defensa que pueda modificarlo o revocarlo. Robustece lo anterior la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página trescientos once, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, que establece: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTICULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO). Para los efectos del juicio de garantías, debemos entender como resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido por razón de que el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que le impide resolver el fondo de la controversia, y la nota distintiva que caracteriza a las resoluciones de tal naturaleza estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución del juicio." En ese contexto, en la especie, se desprende que el acto por esta vía impugnado constituye una resolución que puso fin al juicio sin decidirlo en lo principal, respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario por el que pueda ser modificado o revocado, dado que la Ley Federal del Trabajo, no contempla la existencia de algún medio de defensa al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que expone, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable a página 1107, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2003, Novena Época, que dice: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio." Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la tesis 2a./J. 41/2018 (10a.), visible en la página 1450, Libro 54, Tomo II, Mayo de 2018 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. registro digital: 2016973, cuyo rubro y texto establecen: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido. " En las narradas condiciones, con apoyo en los referidos preceptos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. En esta virtud, con apoyo en el artículo 47 de la ley de la materia, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para el efecto de que lo envíe al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en turno, solicitando atentamente al Tribunal Colegiado, de no tener inconveniente alguno, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe la determinación que adopte respecto del conocimiento del presente juicio constitucional. Fórmese cuadernillo de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala, ubicado en calle 21 de Marzo, número 21, colonia Altamira, Naucalpan, Estado de México; en consecuencia, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio citado y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Por cuanto hace a las personas a que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría pública, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese

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