José Luis Sanabria Pérez
Expediente 392/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Sanabria Pérez
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", Huimanguillo, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
León, Guanajuato, a trece de julio de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del encausado de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este proveído por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y al Defensor Público Federal Héctor Hugo Gallardo Cruz. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA AUTO DE MANERA ELETRÓNICA ASÍ COMO EL DIVERSO DE 26/05/2021
- Principal
Instituto Federal de Defensoría Pública designa asesor jurídico. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad oficiante, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno y, al efecto, designa al licenciado ***************, asesor jurídico federal adscrito a esta ciudad, para que asuma la representación quejoso ********************. Se requiere a asesor jurídico. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 6 de la Ley de Amparo, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiérase al asesor jurídico federal********************, para que dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de representante del citado quejoso, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19.
- Principal
NOITIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEFENSOR. I. Quejoso cumple con requerimientos. Vista la diligencia de notificación que antecede, se advierte que el quejoso dio cumplimiento con los requerimientos formulados en proveído de dieciocho de mayo anterior; en consecuencia, se provee: II. Fijación de la litis. Se advierte que el quejoso reclama: "la orden de traslado ejecutada del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", en Huimanguillo, Tabasco, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato"; III. Se desecha la demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto e indudable, la causal prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Esta causa de improcedencia tiene relación, como se citó anteriormente, con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece que el efecto y finalidad del juicio de amparo es conseguir la restitución en el goce del derecho fundamental violado, a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Ahora bien, en el presente asunto dicha causa de improcedencia se encuentra acreditada de una forma clara, pues el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso José Luis Sanabria Pérez, del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "sureste", en Huimanguillo, Tabasco, al Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato; así como la ejecución de dicha orden. Ello es así, debido a que resulta un hecho notorio que el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "sureste", en Huimanguillo, Tabasco, fue cerrado definitivamente el veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, a fin de generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria. Por su parte, el quejoso refiere en su demanda de amparo que ese acto debe declararse inconstitucional, toda vez que las autoridades responsables carecen de facultades para ordenar y ejecutar dicho traslado, lo que de ser fundado tendría como efecto ordenar su reingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 6 "sureste", en Huimanguillo, Tabasco, por ser el centro de reclusión en el que se encontraba previo a la orden de traslado reclamada. Bajo ese contexto, la causal de improcedencia invocada se actualiza, pues aún en el supuesto de que fuera favorable a la parte quejosa la sentencia que se dictara en el presente amparo, no se podría producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que se restablecieran las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, obligar a las responsables a que lo reingresen al centro de reclusión en el que se encontraba interno previo a la emisión de la orden de traslado reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.P. J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia penal del Décimo Sexto Circuito, visible en la página dos mil seiscientos diez, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 2012734, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO POR ESTIMARSE QUE SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REGRESAR AL QUEJOSO AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA RECLUIDO PREVIAMENTE A SU EMISIÓN. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo serán para que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, en virtud de que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro tiene dicho carácter, cuando se conceda el amparo por estimarse que se emitió por una autoridad incompetente por ser facultad exclusiva del Poder Judicial decretarla, de conformidad con el precepto mencionado, la protección constitucional que se otorgue debe ser para el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado con motivo del actuar de la autoridad responsable, por lo que es necesario que ésta deje insubsistente la orden de traslado y se tomen las medidas necesarias para que el quejoso sea regresado al lugar donde se encontraba recluido previamente a la emisión de dicho acto. Sin que deba darse la opción a la responsable de solicitar la intervención de la autoridad competente (Juez de ejecución), pues ello implica que no se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Lo anterior, pues aún en el supuesto de que se concediera el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, sería jurídicamente imposible obligar a las autoridades responsables al debido cumplimiento del acto reclamado señalado por el impetrante del amparo, puesto que el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "sureste", en Huimanguillo, Tabasco, a la fecha ya no existe. En efecto, de acuerdo a la noticia publicada el veintidós de octubre de dos mil veinte, en el portal oficial de internet del Diario Oficial de la Federación, el referido Centro Federal de Readaptación Social número 6 "sureste", en Huimanguillo, Tabasco, cerró sus puertas definitivamente, a fin de generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria; lo que tuvo como consecuencia el traslado definitivo de la totalidad de los internos. Por lo antes expuesto, resulta materialmente imposible que se pudieran concretar los efectos de una concesión del amparo a favor del quejoso, pues el multicitado centro penitenciario ya no existe como tal; circunstancia que actualiza la causal de improcedencia apuntada. Bajo ese contexto, y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Tiene aplicación al presente caso, la tesis de Jurisprudencia 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Diciembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que en su rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." IV. Se contesta diversa manifestación del quejoso. Ahora bien, respecto de su solicitud de que se le designe defensor de oficio, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se requirió a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que designara a alguno de los defensores públicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que lo represente y asesore jurídicamente durante la tramitación del presente juicio de amparo, estando este órgano jurisdiccional a la espera de que dé cumplimiento a dicho requerimiento. V. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del encausado de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este proveído por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia.
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