José Luis Sanabria Hermenegildo
Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Sanabria Hermenegildo
- J. Jesus Sanabria Hermenegildo
- Juvenal Sanabria Hermenegildo
- Juez de Control Y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Y Oral Morelia, Michoacan, Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
En treinta de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, transcurrió del dieciséis al veintinueve de junio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada mediante lista de acuerdos el catorce de junio del año en curso, sin que lo hubiere hecho. Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de junio de dos mil veintitrés. 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES CONSERVABLE, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 20, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, previo a la visita física destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir dentro de los treinta días siguientes constancia de la baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación; y en cuanto al cuaderno incidental una vez concluido el plazo de conservación remítase al Archivo de Concentración. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en este, para el efecto legal procedente. 5. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase la copia certificada de la carpeta de investigación con número único de caso 1003202301651, que anexó como complemento a su informe justificado el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En trece de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo de TRES DÍAS de que disponía la parte quejosa, para comparecer a este órgano jurisdiccional a señalar domicilio transcurrió del ocho al doce de junio del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiese hecho.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintitrés.********************NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. De la certificación secretarial de cuenta se desprende que el término de TRES DÍAS de que disponía la parte quejosa, para comparecer a este órgano jurisdiccional a señalar domicilio transcurrió del ocho al doce de junio pasado, toda vez que fue notificada mediante lista de acuerdos el seis de junio del año actual, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído, la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, así como de practicarle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Como esta ordenado se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado a la parte quejosa la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, que dice: VISTOS, para resolver el juicio de amparo 122/2023, promovido por J. JESUS, JUVENAL y JOSÉ LUIS, todos de apellidos SANABRIA HERMENEGILDO, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO CON SEDE EN MORELIA. Mediante ocurso depositado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés -fojas 9 a 17-, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, turnado al Juzgado Segundo de Distrito, JESUS, JUVENAL y JOSÉ LUIS, todos de apellidos SANABRIA HERMENEGILDO, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: 1.- CC. Jueces de Control Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia,.." 2.- CC. Jueces de Control Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan,.." 3.- Fiscal Regional de Justicia de Morelia. 4.- Fiscal Regional de Justicia de Uruapan. 5.- Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. EN CUANTO AUTORIDADES EJECUTORAS.- 1.- Secretario de seguridad Pública del Estado de Michoacán. 2.- Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: de las autoridades señaladas como ORDENADORAS, se reclama LA ORDEN DE APREHENSIÓN y/o DETENCIÓN y/o ORDEN DE LOCALIZACIÓN y/o PRESENTACIÓN y/o CITATORIO PENAL, DICTADA EN NUESTRA CONTRA; y de las AUTORIDADES señaladas como EJECUTORAS, se reclama el cumplimiento que pretenden darle a dicho mandato a la orden de captura y/o auxilio de la fuerza pública o arresto". La promovente del amparo expuso que se violaron las garantías establecidas por los numerales 1º, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, declaró carecer de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, por lo que la remitió al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el uno de marzo del año en curso, turnada en la misma fecha a este Juzgado Sexto de Distrito. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE ESTE JUZGADO DE DISTRITO. El dos de marzo de dos mil veintitrés -fojas 26 a 28-, este Juzgado Federal registró la demanda con el número de expediente 122/2023; la admitió a trámite; pidió los informes justificados de las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; ordenó la notificación al quejoso y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las once horas con quince minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés ?foja 87?, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que se hizo constar que únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado los formuló, con lo que cerró dicho periodo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de tribunales judiciales, con ejecución en lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la quejosa reclama: De los Jueces de Control Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de las Regiones de Morelia y Uruapan, del Estado de Michoacán; De los Fiscales Regionales de Justicia de Morelia y Uruapan, Michoacán de Ocampo y; Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Las órdenes de aprehensión y/o detención y/o orden de localización y/o presentación y/o citatorio penal, dictadas en su contra; Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, en su calidad de autoridades ejecutoras. El cumplimiento que pretenden darle a los mandatos reclamados a las autoridades ordenadoras. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR NEGATIVA DE ACTOS. No son ciertos los actos reclamados consistentes en: la orden de aprehensión y/o detención y/o orden de localización y/o presentación y/o citatorio penal, así como su ejecución, pues las autoridades responsables Jueces de Control Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de las Regiones de Morelia y Uruapan, Fiscales Regionales de Justicia de Morelia, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia, con sede en Morelia, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado negaron la existencia de dichos actos. Igualmente, no es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, consistente en la ejecución del citatorio, pues así lo informó al rendir su informe justificado. Luego, si las autoridades responsables Jueces de Control Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de las Regiones de Morelia y Uruapan, Fiscales Regionales de Justicia de Morelia, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia, con sede en Morelia, todas del Estado de Michoacán de Ocampo, negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no son ciertos, entonces la carga de la prueba recae sobre la solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las referidas autoridades no fue desvirtuada. De lo anterior se observa que resultan inexistentes los actos reclamados, a las autoridades responsables precisadas, de ahí que, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisadas en este considerando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al rendir su informe justificado admitió la certeza de acto que se le reclama, consistente únicamente en la emisión de los citatorios de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés ?fojas 63 ?. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de la carpeta de investigación MOR/053/35143/2022, en la que obran los citatorios expedidos a los quejosos, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Igualmente, son ciertos los actos reclamados Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, pues no obstante que los negó al rendir su informe justificado (foja 53), en su calidad de autoridad ejecutora le corresponde la ejecución del mandato de la ordenadora; lo que se corrobora de las constancias integrantes de la carpeta de investigación MOR/053/35143/2022, específicamente del informe de citatorio de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, del que se aprecia, que la Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía General del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, llevó a cabo la notificación del citatorio librado a los quejosos por la Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Extinción de dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º de la Ley de Amparo , que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ." En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; así, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. Ahora, si bien es cierto que el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece la figura del "interés legítimo" en el juicio de amparo, a la par del "interés jurídico", cuyos contenidos y alcances son diversos, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina, no menos lo es también que la norma Constitucional refiere de manera expresa y clara que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, esto es, deberá acreditar su interés jurídico. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para acreditar el interés jurídico, el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según lo establecido en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Mientras que el interés legítimo no necesariamente ha de dar lugar a un derecho subjetivo, ya que para que éste se actualice es suficiente una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, pues no requiere necesariamente la titularidad del derecho subjetivo como ocurre con el interés jurídico. El perjuicio, entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos y/o objetivos, en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción Constitucional, es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. Conceptualizado el concepto de interés jurídico desde la perspectiva del juicio de amparo, resulta trascendente precisar que en la especie, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en los citatorios, donde se les hizo saber que deberían comparecer para el desahogo de una diligencia ministerial el día veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán dentro del expediente MOR/053/35143/2022; acto que no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Ello es así, pues el citatorio no es más que la simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, lo que cualquier persona (sea indiciado, testigo, perito, etc.), en caso de atenderlo, lo hace por propia voluntad. Así entonces, el citatorio emitido por la responsable dentro de una carpeta de investigación, no es un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo que se corrobora de la naturaleza de dichas citaciones, las cuales no restringen la libertad personal de la persona, pues ese no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales , está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con la excepción que los mismos preceptos establecen. Asimismo, cabe destacar que una vez terminada la diligencia, el citado podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal de la persona citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Sobre el tema, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018 , esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque señaló, contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo era improcedente; y si bien esa regla admitía excepciones, precisó, ello sería cuando se afectaren, o existiera la posibilidad de que se afectaren derechos sustantivos de los gobernados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 141/2018, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sostuvo que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -afirmó- constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De forma que, -precisó-, la orden de aprehensión con la que apercibía al investigado en la hipótesis de no comparecer, no era inminente, pues dependía de hechos futuros e inciertos, como son su inasistencia, su falta injustificada y en la eventual solicitud del fiscal para que el juez ordenara su captura. Dicha jurisprudencia es de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Lo anterior, orilló a que dicha sala del Máximo Tribunal del País abandonara el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.) , en donde se estableció, en su momento, que el juicio de amparo indirecto era procedente contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, por estimar que el apercibimiento de orden de aprehensión que contenía, transgredía el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria, porque colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el hecho de no acudir. Por tanto, el nuevo criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sostenido por el Pleno en Materia Penal citado, permiten arribar a la conclusión de que la cita a una diligencia de carácter ministerial emitida por la representación social dentro de una carpeta de investigación, incluso con apercibimiento de imposición de alguna medida de apremio conforme al Código Nacional, no afecta a la libertad personal del quejoso ni su deambulatoria. Lo anterior, porque, en todo caso, la posibilidad de hacer efectivo un apercibimiento estaría sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta. La primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no existiera justificación de tal inasistencia; y, la tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público emitiera la determinación respectiva. En el caso, considerando lo anterior, queda mayormente manifiesta la falta de afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues de los citatorios despachados a los quejosos se aprecia que la citación se hizo sin apercibimiento alguno que pueda llegar a considerar que se hará efectivo algún medio de apremio que pueda afectar derechos sustantivos. Lo anterior, pues el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, únicamente les hizo del conocimiento que deberían de comparecer, José Luis Sanabria Hermenegildo a las 11:30 once horas con treinta minutos, Jesús Sanabria Hermenegildo, a las 11:00 once horas, Juvenal Sanabria Hermenegildo, a las 12:00 doce horas, todos del veintitrés de febrero del año en curso, en el lugar en que se ubica dicha unidad, -Periférico Independencia, número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, Michoacán-, que deberían llevar consigo copia de su IFE y comparecer con su abogado, toda vez que se le citó en calidad de imputados. De ahí la actualización de la causal de improcedencia señalada. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por J. JESUS, JUVENAL y JOSÉ LUIS, todos de apellidos SANABRIA HERMENEGILDO, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
En doce de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos electrónicamente vía SISE INTERCONEXIÓN, registrados bajo el folio 7456. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de junio de dos mil veintitrés.********************DEVOLUCIÓN DE EXHORTO. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, devolviendo diligenciado el exhorto 40/2023 (número de orden 148/2023), que se envió para notificar el avocamiento del presente asunto a la parte quejosa; dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente.********************Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que el propio sistema lo genera.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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