Jose Luis Salgado Aranda
Expediente 1130/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Jose Luis Salgado Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Por consiguiente, al haber desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Carlos Velasco Muñoz, Encargado del Despacho de la Presidencia de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior.
- Principal
SENTENCIA Visto para resolver en el juicio de amparo 1130/2020, promovido por el quejoso José Ulises Salgado Aranda, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. La parte quejosa, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno a este Juzgado Séptimo de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que precisa en su escrito de demanda. SEGUNDO. Este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud que el acto reclamado carece de ejecución al ser de naturaleza omisiva y, por tanto, es competente el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción en el lugar donde el quejoso haya presentado la demanda. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el juicio, el acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consiste en la omisión de emplazar a la parte demandada y como consecuencia, desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 01/220/2020, en los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. No se soslaya que la parte quejosa refirió que reclama la omisión o abstención de la responsable en el cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de la Materia para el desahogo del procedimiento laboral, así como el dictado del laudo en el juicio laboral de origen, sin embargo, del contenido integral de la demanda se advierte que el impetrante de amparo se duele de la omisión de emplazamiento de la parte demandada, así como la fecha lejana de audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Existencia de actos. El Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado y durante la tramitación del presente juicio de amparo remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio laboral 01/220/2020, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que cuentan con la certificación correspondiente. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación y de la constitucionalidad o no del acto reclamado, procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se tendrá que analizar de oficio; conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese sentido, este juzgador estima que relación al acto reclamado consistente en la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 01/220/2020, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, o bien, realiza la actuación que había omitido, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de actualizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, es importante recordar que el impetrante de amparo por una parte se duele de la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 01/220/2020. Así, de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se emplazó a la demandada Tatz, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el doce de julio de dos mil veintiuno, se emplazó a las demandadas Novirsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servixcios Corporativos Panye, Sociedad Anónima de Capital Variable, Honor Rodríguez Dasilva, Tonatiuh Leyva Moreno, y Juan Francisco Ocampo Aquino, Lo anterior, deja en evidencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, ya que en el juicio laboral de origen se emplazó a la parte demandada; por lo tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo únicamente respecto al acto consistente en la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 01/220/2020, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la citada ley. Circunstancia por la cual existe imposibilidad para analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su escrito de demanda encaminados a evidenciar la ilegalidad del aludido acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 58, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, omo LXX, octubre de 1993, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita ene l juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por lo actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, por que aquélla cuestión es de estudio preferente." Al no advertir se actualice alguna otra causal de improcedencia, se procede al estudio del diverso acto reclamado, consistente en la dilación en el procedimiento por no cumplir con los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y que se ha traducido en la omisión de desahogar el procedimiento laboral en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral. QUINTO. Problema jurídico a dilucidar. Determinar si la omisión en que ha concurrido la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al no desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen transgrede o no, en perjuicio de la parte quejosa en relación al artículo 17 constitucional. Resultan fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, toda vez que de las constancias que la Junta responsable remitió con su informe justificado, se advierte que por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se señaló el veinte de septiembre de dos mil veintiuno para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud que no se encontraba notificada la parte demandada al juicio de origen. De lo anterior, se advierte que se transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. --- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El precepto constitucional transcrito establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En materia de términos y plazos en el procedimiento laboral prevén un primer término de quince días para que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones contados a partir del siguiente en que se haya recibido el escrito de demanda y dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia para así poder llevar a cabo el desahogo de la misma. Términos que en el caso específico han sido inobservados por la responsable porque en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se señaló el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para el verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De ahí que, procede concluir que la citada autoridad ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 constitucional, toda vez que incurrió en denegación de justicia al no actuar en el juicio laboral dentro de los términos estipulados por los invocados preceptos de la Ley Federal del Trabajo. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: a) Deje insubsistente la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y señale nueva fecha para su celebración, ajustándose a lo preceptuado por la ley. b) En el entendido de que si a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, la fecha señalada para el desahogo de la audiencia referida en el juicio de origen ya transcurrió sin llevarse a cabo, la responsable se encuentra conminada a fijar una nueva fecha que resulte acorde al plazo legal indicado, con la subsecuente obligación de notificar a las partes en la forma legal que proceda. c) En el caso de que las partes se encuentren debidamente notificadas para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen, la Junta Laboral responsable deberá desahogar la citada audiencia en términos de ley y, remitir a este Juzgado Federal las constancias que lo acrediten; lo anterior, únicamente en caso de que, derivado de los términos establecidos por la propia Ley de la Materia para que en su caso cause estado el presente fallo y se requiera el cumplimiento de la misma, y de ser más cercana la fecha ya señalada en autos del juicio de origen, la autoridad laboral desahogará la audiencia mencionada, en beneficio de la parte quejosa. d) Lleve a cabo la notificación a las partes de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. SÉPTIMO. Publicidad. En términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia, y Acceso a la Información Pública, elabórese la versión pública de la presente determinación, suprimiendo los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José ****, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, para los efectos expuestos en el penúltimo considerando de este fallo. TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia, y Acceso a la Información Pública, elabórese la versión pública de la presente determinación, suprimiendo los datos personales y secciones clasificadas como reservadas.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual remite la constancia de emplazamiento de la parte demanda en el juicio laboral de origen. En consecuencia, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado en autos, esto para los efectos legales a los que haya lugar.
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