Jose Luis Salas Sanchez

Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
496/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • Jose Luis Salas Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de noviembre de dos mil veinte. ESCRITO. Súmese a los autos el escrito de cuenta recibido electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, signado por el por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se requiera a las autoridades responsables el pago de la actualización correspondiente sobre la cantidad que erogó la parte quejosa, por el concepto del Derechos Registrales, con motivo de la concesión del amparo. REQUIERE. En razón de lo anterior, con apoyo el artículo 192 de la Ley de Amparo y 59, fracción X, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, requiérase a la responsable exactora, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que reciban la presente notificación, exhiba el cálculo correspondiente a la actualización de las cantidades pagadas por la impetrante de amparo por el concepto de Derechos Registrales; asimismo, de resultar saldo a favor, acompañe copia del cheque que ponga a disposición por la cantidad que resultara reintegrar a la parte quejosa, el cual deberá cumplir con los requisitos señalados en auto previo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la Jurisprudencia número 66/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el doce de junio del dos mil diez, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, que a la letra establece lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 46/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2007, es la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a dicha contribución, formule el cálculo del impuesto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago del impuesto y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución de mérito, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán efectivas las medidas de apremio decretadas en autos. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Finalmente, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autorizan las notificaciones vía electrónica única y exclusivamente al usuario "***"; lo anterior, ya que previamente se había autorizado al referido usuario la consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta y notificaciones electrónicas, ello para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de octubre de dos mil veinte. CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en autos, en relación con el cumplimiento del fallo protector, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, no obstante, resulta procedente que este juzgado se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al promovente. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por la autoridad responsable vinculada, y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. AUTORIDAD VINCULADA -Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ SI NO "[.] I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales; lo cual no implica que en el futuro se exente a la parte quejosa del pago del derecho registral por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos (II) de este considerando; siendo tales preceptos: Los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que disponen el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de compra venta de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles. [.] II. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación de los numerales 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre al solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle al agraviado el numerario excedente que le corresponde respecto de las cantidades que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de la operación consignada en la factura exhibida en autos." En oficio agregado en autos, la autoridad exactora emitió la declaratoria correspondiente y exhibió copia del cheque que ampara la suma relativa al ajuste solicitado, en relación a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por la compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles. CONCLUSIÓN. En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. ARCHIVO. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, se ordena la depuración, en términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo tercero, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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