José Luis Salas Cruz
Expediente 211/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2016
Partes del expediente
- José Luis Salas Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual remite copia autorizada del testimonio de la ejecutoria emitida en la queja laboral 70/2016, en la que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente; "Único. Es Infundado el recurso de queja interpuesto por J*************, contra el proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio de amparo 211/2016-II-A del índice del juzgado Séptimo de Distrito de amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro." En consecuencia, se ordena acusar recibo y hacer del conocimiento de la parte quejosa que la superioridad declaró infundado el recurso de queja. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los ********************s el oficio de cuenta, signado por el Secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, en Querétaro, Querétaro, mediante el cual transcribe el proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, del que se aprecia que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del ******************** de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, correspondiéndole el toca número 70/2016. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por signado por **** autorizado de los quejosos; en atención a su contenido, se tiene interponiendo recurso de queja en contra de resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que éste Juzgado Federal emitió el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, del Vigésimo Segundo Circuito, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra la resolución que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por **** autorizado de los quejosos, ambos por derecho propio, con dieciocho copias y sin anexos: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por los quejosos, quienes fueron precisos en hacer la mención especial de que su acto reclamado consistente en: El presente juicio de garantías no va encaminado a forjar un amparo contra leyes, sino de las modificaciones en las condiciones del contrato colectivo de trabajo, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Lo anterior por considerar que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I, del artículo 1°, (a contrario sensu), así como con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.) De lo anterior, se deduce que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos provenientes de una autoridad que perjudiquen la esfera jurídica del gobernado, excluyendo, por ende, los actos derivados de particulares. El concepto actual de autoridad se refiere a todo órgano hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, con facultades que implican poder de decisión y ejecución, esto es, que realiza actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones unilateralmente, modificando o alterando situaciones jurídicas concretas. Es aplicable, la tesis 2a. CCIV/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 188436), que prescribe: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Lo anterior lleva a considerar que "autoridad" para efectos del juicio de amparo, es la que reúne los siguientes requisitos: a) Es un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación se origina en una ley; c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Para la emisión de esos es innecesario acudir a los órganos judiciales, sin que tampoco sea necesario el consentimiento de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, puede decirse que la relación jurídica entablada con motivo del acto que reclaman los quejosos, no es de aquéllas de supra a subordinación, sino de coordinación; lo que se afirma, porque las primeras (de supra o subordinación) se originan entre gobernantes y gobernados, regulándose por el derecho público, que establece los procedimientos para dirimir los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado; mientras que las relaciones de coordinación implican un plano de igualdad, en el que las partes (por lo general particulares) se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. Luego entonces, como se precisó en la demanda de amparo, así como del escrito de cumplimiento a la prevención, se advierte que los quejosos xxx consideraron indispensable hacer especial mención a este órgano jurisdiccional, de que el presente juicio de garantías no va encaminado a forjar un amparo contra leyes, sino de las modificaciones en las condiciones del contrato colectivo de trabajo, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Así pues, lo anterior no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que se originan en las obligaciones que como patrón tiene Comisión Federal de Electricidad; y no de un deber como autoridad de hacer el pago destacado a la parte quejosa. De esta forma, para hacer efectivos los derechos derivados de esa declaración, incluso hasta para obligar a los órganos encargados de los recursos humanos de la paraestatal a su pago, al derivar precisamente de una relación de coordinación entre particulares su reclamo no es en sede constitucional, al no constituir un acto de autoridad para efectos del amparo. Se transcribe para información, la tesis de jurisprudencia PC.V. J/8 L (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1332, de la fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, que dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA 11 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CFE-SUTERM 2014-2016, RELATIVA A LA RECLAMACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUFRAN EL SINDICATO DE ELECTRICISTAS O SUS TRABAJADORES. De la cláusula aludida se advierte que la Comisión Federal de Electricidad, debe resolver las reclamaciones realizadas por el Sindicato Único de los Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) o de sus trabajadores, por los daños y perjuicios que sufran, derivados del incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, de los convenios celebrados por las partes o de la Ley Federal del Trabajo, en un plazo que no excederá de 20 días, contados a partir de su presentación, y de ser procedente el pago, lo hará dentro de los 20 días siguientes. Ahora, la cláusula aludida debe interpretarse en el sentido de que se genera en favor del Sindicato o del trabajador una opción para hacer una petición directa ante dicho organismo a fin de que decida sobre los daños y perjuicios; por tanto, esa instancia no implica que sea la única ni que necesaria u obligatoriamente deba agotarse, antes de ocurrir ante el tribunal competente, pues la interpretación más favorable a los trabajadores, que es acorde a los principios de justicia social y equidad, en congruencia con el derecho humano de acceso a la justicia pronta, permite razonar que se genera con ese clausulado un derecho con doble dimensión, sustantivo y procesal: como derecho sustantivo, se crea una obligación de resarcimiento de daños y perjuicios, por incumplimiento a las normas laborales que rige sus relaciones de trabajo; y, en el aspecto procesal, se instrumenta un medio optativo para dirimir en vía administrativa interna el reclamo por concepto de la aludida prestación; pero ello, debe entenderse sin perjuicio del derecho humano de acceso directo a la jurisdicción laboral. Una interpretación diversa implicaría generar un presupuesto procesal o requisito de procedibilidad que podría restringir o hacer nugatorio el cumplimiento de ese derecho sustantivo y a la vez, su exigencia mediante la acción laboral directa ante el tribunal competente, por limitar con base en un acuerdo del orden privado, el derecho humano correlativo, supeditando además la decisión, a la fuente extralegal de las excepciones o defensas opuestas; restricción que no puede estipularse en un contrato colectivo de trabajo ya que éste, por su naturaleza, no puede contravenir las disposiciones imperativas previstas en los artículos 17 y 123, apartado A, fracciones XX, XXVII y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, 33, 386, 391, 396 y 604, de la Ley Federal del Trabajo, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora bien el artículo 5º de la Ley de Amparo incluye como autoridad responsable a aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción II y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Según se ve, el texto de la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, modifica el concepto tradicional de autoridad responsable, para contemplar ahora a los particulares como tales, es decir, se aleja de naturaleza formal del emisor del acto, para atender a la unilateralidad del mismo y, por ende, se considera que aquellos particulares podrán ser llamados como responsables dentro del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad formal que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XI.1o.A.T.25 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, página 3823, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. De forma que, para estimar que un acto realizado por un particular sea considerado como de autoridad para efectos del amparo, es necesario que éste reúna los siguientes requisitos: a) Dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto; b) Que ese acto sea dictado en forma unilateral y obligatoria; c) Que el acto, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, d) Que las funciones estén determinadas por una norma general. Precisado lo anterior, es necesario analizar si se cumplen con los elementos contenidos en el artículo 5, Fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ya precisados. Así, por lo que hace al elemento marcado con el inciso a), se encuentra acreditado ya que mediante el contrato impugnado, la Comisión Federal de Electricidad, ordenó el incremento de la pensión jubilatoria en el contrato colectivo de trabajo. Por lo que hace al diverso elemento referido en el inciso b), se acredita ya que el acto reclamado fue emitido de manera unilateral y sin consentimiento de la aquí quejosa, por lo que se constriñe a ésta a su cumplimiento sin su intervención, pues la Comisión señalada como responsable, fue la que determinó la modificación a las condiciones del contrato colectivo de trabajo, lo cual hace que sea un acto obligatorio y unilateral. De igual manera, se encuentra acreditado el elemento marcado con el inciso c), ya que el acto unilateral que ordenó la autoridad responsable, modifica la situación jurídica de los quejosos, toda vez que trasciende en el incremento de su pensión jubilatoria. Finalmente, por lo que hace al elemento marcado en el inciso d) en el sentido de que las funciones estén determinadas por una norma general, no se acredita el mismo, pues no obstante que la creación de los estatutos se encuentra prevista como una prerrogativa de los trabajadores miembros de un sindicato; tanto en la Constitución como en los numerales de la Ley Federal del Trabajo referidos, los estatutos del contrato colectivo de trabajo no adquieren el carácter de Ley, pues es aplicable únicamente a los miembros del sindicato en concreto, quienes se dan asimismo sus propios estatutos, para la defensa de sus intereses; con lo cual no adquiere la característica de la generalidad, que tiene toda norma. En tales términos, resulta claro que los actos que realiza el particular señalado como autoridad responsable, no se despliegan a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general de orden público, por lo cual, no puede estimarse que se coloque en un plano equivalente al de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I, del artículo 1°, (a contrario sensu), así como con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso 113 de dicho ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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