José Luis Sainz Muñoz

Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
340/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • José Luis Sainz Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que ************, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el veintisiete del citado mes y año en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito; por tanto, se procede a proveer lo conducente en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa antes citada cumpliendo el requerimiento que se le hizo en auto de veintiuno de mayo de la presente anualidad, lo que hace: Manifestando bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado; y, Precisando que el acto que reclama en esta vía lo hace consistir en el mandamiento de ejecución **********, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad; notificado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 del mismo cuerpo de leyes, a su vez correlacionado con las jurisprudencias emitidas al respecto que se invocarán en párrafos posteriores Los citados numerales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Dichos preceptos legales disponen medularmente que en los casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o en Salas, los Plenos de Circuito o bien, los Tribunales Colegiados del Circuito, mediante criterios que constituyan jurisprudencia, determinen la existencia de una causa de improcedencia de la acción constitucional diversa a las contenidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo; con apoyo en la fracción XXIII del numeral trascrito en último término se remitirá a la tesis jurisprudencial que determine dicha causal. En la especie, tanto el Máximo Tribunal de la República como los Tribunales Colegiados que a continuación se precisan, sustentaron jurisprudencias en los términos precisados en el artículo 217 de la ley de la materia, que establecen la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos derivados de otros consentidos. Criterios que tienen los siguientes datos de identificación y cuyo contenido es: La jurisprudencia 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, número de registro 393973, del Apéndice de 1995, de rubro y texto: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Así como la jurisprudencia número II.3º.J/69 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 45, Tomo 75, Marzo de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Asimismo, la jurisprudencia número V.2º.J/38 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 54, Tomo 54, Junio de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto que derivan." Se parte de la idea de que la acción constitucional se ve animada por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, es decir, que se promueve por la persona a quien perjudique el acto que se reclama, en términos de lo dispuesto por el ordinal 6º de la Ley de Amparo; dicho principio implica una manifestación de la voluntad expresa del gobernado de combatir determinada actuación de autoridad, la cual considera violatoria de sus derechos fundamentales; logrando con ello que el órgano de control constitucional examine la cuestión fundamental planteada por el quejoso, a fin de decidir si los actos de autoridad reclamados son inconstitucionales. Para que la causa de improcedencia se actualice en dichos términos, es preciso que se den los siguientes requisitos: Que exista un acto consentido tácitamente; Que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió exista una relación de causa a efecto, es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución o proveído; Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. Cuestión que a juicio de este tribunal de amparo, se encuentra actualizada por las consideraciones que a continuación se exponen. A manera de antecedente cabe señalar que: Mediante oficio B00.910.01.4/00785 el Director Local Guanajuato de la Comisión nacional del Agua, con sede en esta ciudad, ordenó llevar a cabo visita de inspección de ocupación de zona federal en la localidad de la Moncada, municipio de Tarimoro Guanajuato. Los pormenores de la misma se precisaron en el acta de visita de once de septiembre de dos mil dieciocho. Mediante el oficio BOO.910.01.04/003654 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, dio a conocer al quejoso el inicio del Procedimiento Administrativo, derivado de la revisión al expediente administrativo número VI/GU/GTO/2018/00194, integrado a nombre del citado solicitante del amparo. Mediante el oficio número BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, la autoridad antes aludida emitió la resolución administrativa de imposición de sanciones, por medio de la cual determinó en contra del solicitante del amparo un crédito fiscal por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de multa; mismo que fue notificado el día veintisiete de febrero de dos mil veinte. Luego, atendiendo a la resolución antes descrita la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, emitió el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número 332651Z0671781 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al solicitante del amparo José Luis Sainz Muñoz. Acto que se reclama en la presente vía constitucional. Ahora, el primer requisito relativo a que exista un acto consentido tácitamente, necesario para que se actualice la causa de improcedencia señalada en párrafos precedentes, se demuestra en virtud de que la autoridad responsable emitió el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número 332651Z0671781 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al solicitante del amparo José Luis Sainz Muñoz, en atención a la determinación contenida en el oficio número BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el cual la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, determinó un crédito fiscal por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n.). En ese contexto, se considera consentida la resolución contenida en el oficio BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la cual se le determinó el crédito fiscal, puesto que no fue controvertida por el quejoso; por tanto, ello entraña la voluntad de consentir dicha determinación puesto que debió inconformarse por la imposición de la citada sanción. Ya que es precisamente dicha determinación, la que afecta jurídicamente al quejoso en cuanto al tema que es materia de los conceptos de violación en el presente juicio, puesto que en ella se le impuso la sanción que posteriormente fue exigida por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad. Se estima que dicho consentimiento es de tipo tácito, pues es precisamente el que se actualiza cuando se deja de actuar o hacer valer en tiempo un derecho que se tiene. Por otro lado, el segundo de los mencionados requisitos se comprueba, ya que el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número ********* de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al solicitante del amparo **********, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, deriva de la determinación contenida en el oficio número BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el cual la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, determinó un crédito fiscal por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n.). De modo que el acto reclamado ante esta instancia constitucional no puede subsistir por sí solo, sino que es producto o consecuencia legal y necesaria de la resolución determinante contenida en el oficio BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte. Por tanto, se considera que existe entre ambas determinaciones una relación de causa y efecto; porque el oficio 332651Z0671781, de requerimiento de pago y/o embargo, sólo es consecuencia de la determinación contenida en el diverso BOO.910.1.4/000546, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se ordenó la imposición de una multa por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n). De igual manera, se corrobora el último de los requisitos relativo a que el acto no lo reclama el quejoso por vicios propios, pues en sus motivos de disenso nada arguye acerca del mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número ******** de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, ya que sólo se constriñe a mencionar que: A la fecha de la emisión por parte de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, del oficio BOO.910.1.4/000546, en el que se ordenó la imposición de una multa al quejoso, había caducado el derecho de dicha autoridad para emitirla, puesto que habían transcurrido los plazos previstos por los numerales 60 y 74 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Existe una diversa resolución contenida en el oficio numero BOO.E.52.1.4/011308, de siete de diciembre de dos mil doce, por la que se impuso al solicítate del amparo una sanción en los mismos términos que la dictada mediante el oficio BOO.910.1.4/000546, de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en contra de la cual se interpuso recurso de revisión presentado ante la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, el cual a la fecha no ha sido resuelto, y que atendiendo a que se trata de la misma falta y es el mismo procedimiento debieron acumularse. De modo que esos argumentos, no permiten desvincular el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo 332651Z0671781, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, de la determinación contenida en el oficio BOO.910.1.4/000546, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se ordenó la imposición de una multa por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n), porque aquel mandamiento se sustenta y es consecuencia legal y necesaria del citado oficio por el que se impuso la sanción. Razones expuestas por las cuales se considera que el acto reclamado ante esta instancia constitucional, deriva de otro consentido tácitamente; y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra por surtirse la causal invocada -actos derivados de otros consentidos-. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 del mismo cuerpo de leyes, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que *********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el veintisiete del citado mes y año en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito; por tanto, se procede a proveer lo conducente en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa antes citada cumpliendo el requerimiento que se le hizo en auto de veintiuno de mayo de la presente anualidad, lo que hace: Manifestando bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado; y, Precisando que el acto que reclama en esta vía lo hace consistir en el mandamiento de ejecución **********, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad; notificado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 del mismo cuerpo de leyes, a su vez correlacionado con las jurisprudencias emitidas al respecto que se invocarán en párrafos posteriores Los citados numerales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Dichos preceptos legales disponen medularmente que en los casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o en Salas, los Plenos de Circuito o bien, los Tribunales Colegiados del Circuito, mediante criterios que constituyan jurisprudencia, determinen la existencia de una causa de improcedencia de la acción constitucional diversa a las contenidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo; con apoyo en la fracción XXIII del numeral trascrito en último término se remitirá a la tesis jurisprudencial que determine dicha causal. En la especie, tanto el Máximo Tribunal de la República como los Tribunales Colegiados que a continuación se precisan, sustentaron jurisprudencias en los términos precisados en el artículo 217 de la ley de la materia, que establecen la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos derivados de otros consentidos. Criterios que tienen los siguientes datos de identificación y cuyo contenido es: La jurisprudencia 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, número de registro 393973, del Apéndice de 1995, de rubro y texto: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Así como la jurisprudencia número II.3º.J/69 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 45, Tomo 75, Marzo de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Asimismo, la jurisprudencia número V.2º.J/38 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 54, Tomo 54, Junio de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto que derivan." Se parte de la idea de que la acción constitucional se ve animada por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, es decir, que se promueve por la persona a quien perjudique el acto que se reclama, en términos de lo dispuesto por el ordinal 6º de la Ley de Amparo; dicho principio implica una manifestación de la voluntad expresa del gobernado de combatir determinada actuación de autoridad, la cual considera violatoria de sus derechos fundamentales; logrando con ello que el órgano de control constitucional examine la cuestión fundamental planteada por el quejoso, a fin de decidir si los actos de autoridad reclamados son inconstitucionales. Para que la causa de improcedencia se actualice en dichos términos, es preciso que se den los siguientes requisitos: Que exista un acto consentido tácitamente; Que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió exista una relación de causa a efecto, es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución o proveído; Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. Cuestión que a juicio de este tribunal de amparo, se encuentra actualizada por las consideraciones que a continuación se exponen. A manera de antecedente cabe señalar que: Mediante oficio B00.910.01.4/00785 el Director Local Guanajuato de la Comisión nacional del Agua, con sede en esta ciudad, ordenó llevar a cabo visita de inspección de ocupación de zona federal en la localidad de la Moncada, municipio de Tarimoro Guanajuato. Los pormenores de la misma se precisaron en el acta de visita de once de septiembre de dos mil dieciocho. Mediante el oficio BOO.910.01.04/003654 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, dio a conocer al quejoso el inicio del Procedimiento Administrativo, derivado de la revisión al expediente administrativo número VI/GU/GTO/2018/00194, integrado a nombre del citado solicitante del amparo. Mediante el oficio número BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, la autoridad antes aludida emitió la resolución administrativa de imposición de sanciones, por medio de la cual determinó en contra del solicitante del amparo un crédito fiscal por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de multa; mismo que fue notificado el día veintisiete de febrero de dos mil veinte. Luego, atendiendo a la resolución antes descrita la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, emitió el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número 332651Z0671781 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al solicitante del amparo José Luis Sainz Muñoz. Acto que se reclama en la presente vía constitucional. Ahora, el primer requisito relativo a que exista un acto consentido tácitamente, necesario para que se actualice la causa de improcedencia señalada en párrafos precedentes, se demuestra en virtud de que la autoridad responsable emitió el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número 332651Z0671781 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al solicitante del amparo José Luis Sainz Muñoz, en atención a la determinación contenida en el oficio número BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el cual la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, determinó un crédito fiscal por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n.). En ese contexto, se considera consentida la resolución contenida en el oficio BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la cual se le determinó el crédito fiscal, puesto que no fue controvertida por el quejoso; por tanto, ello entraña la voluntad de consentir dicha determinación puesto que debió inconformarse por la imposición de la citada sanción. Ya que es precisamente dicha determinación, la que afecta jurídicamente al quejoso en cuanto al tema que es materia de los conceptos de violación en el presente juicio, puesto que en ella se le impuso la sanción que posteriormente fue exigida por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad. Se estima que dicho consentimiento es de tipo tácito, pues es precisamente el que se actualiza cuando se deja de actuar o hacer valer en tiempo un derecho que se tiene. Por otro lado, el segundo de los mencionados requisitos se comprueba, ya que el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número ********* de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al solicitante del amparo **********, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, deriva de la determinación contenida en el oficio número BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el cual la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, determinó un crédito fiscal por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n.). De modo que el acto reclamado ante esta instancia constitucional no puede subsistir por sí solo, sino que es producto o consecuencia legal y necesaria de la resolución determinante contenida en el oficio BOO.910.1.4/000546 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte. Por tanto, se considera que existe entre ambas determinaciones una relación de causa y efecto; porque el oficio 332651Z0671781, de requerimiento de pago y/o embargo, sólo es consecuencia de la determinación contenida en el diverso BOO.910.1.4/000546, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se ordenó la imposición de una multa por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n). De igual manera, se corrobora el último de los requisitos relativo a que el acto no lo reclama el quejoso por vicios propios, pues en sus motivos de disenso nada arguye acerca del mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo, número ******** de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, ya que sólo se constriñe a mencionar que: A la fecha de la emisión por parte de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, del oficio BOO.910.1.4/000546, en el que se ordenó la imposición de una multa al quejoso, había caducado el derecho de dicha autoridad para emitirla, puesto que habían transcurrido los plazos previstos por los numerales 60 y 74 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Existe una diversa resolución contenida en el oficio numero BOO.E.52.1.4/011308, de siete de diciembre de dos mil doce, por la que se impuso al solicítate del amparo una sanción en los mismos términos que la dictada mediante el oficio BOO.910.1.4/000546, de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en contra de la cual se interpuso recurso de revisión presentado ante la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, el cual a la fecha no ha sido resuelto, y que atendiendo a que se trata de la misma falta y es el mismo procedimiento debieron acumularse. De modo que esos argumentos, no permiten desvincular el mandamiento de requerimiento de pago y/o embargo 332651Z0671781, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, de la determinación contenida en el oficio BOO.910.1.4/000546, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se ordenó la imposición de una multa por la cantidad de $120,900.00 (ciento veinte mil novecientos pesos 00/100 m.n), porque aquel mandamiento se sustenta y es consecuencia legal y necesaria del citado oficio por el que se impuso la sanción. Razones expuestas por las cuales se considera que el acto reclamado ante esta instancia constitucional, deriva de otro consentido tácitamente; y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra por surtirse la causal invocada -actos derivados de otros consentidos-. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 del mismo cuerpo de leyes, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por *****************, a través del cual aduce cumplir con la prevención efectuada mediante auto de veintiuno de mayo de la presente anualidad; antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos coincidentes pero notoriamente discrepantes con la estampada por el nombrado en su escrito constitucional; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y toda vez que la presencia física de las partes a los órganos jurisdiccionales deberá ser mediante el modelo de atención presencial basado en citas, en términos del artículo 6, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a nombre de ****************, para que en el término de tres días legalmente computado, acuda ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificada, en punto de las DIEZ HORAS DEL OCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, y en diligencia especial ratifique el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. De igual forma, hágasele saber que en caso de que pretenda acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por este órgano jurisdiccional, en términos de la fracción II del indicado numeral, deberá generar la misma a través del sistema "Agenda OJ", hipótesis en la que estará sujeto a la disponibilidad que arroje el sistema. En ese sentido, instrúyase a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que, de manera personal, notifique el presente proveído a la parte quejosa y le hagan entrega de la cita generada, junto con Código QR respectivo, a fin de que pueda ingresar a este órgano jurisdiccional.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano