José Luis Ruíz Simiano
Expediente 1601/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1601/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2018
Partes del expediente
- José Luis Ruíz Simiano
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito del quejoso José Luis Ruiz Simiano, visto su contenido, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos a que hace referencia en su ocurso de cuenta, previa toma de razón de su devolución y previo cotejo, quedando agregada en autos la copia certificada respectiva, para lo cual el quejoso deberá comparecer ante este juzgado en forma personal y debidamente identificado, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores de este juzgado, teniendo por autorizadas para recibirlos a la personas que menciona, previa identificación y razón que obre en autos.
- Principal
Téngase por recibido el oficio A.0678, de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual remite el oficio III-3771/17, del Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el cual indica recibió electrónicamente, esto en virtud de que se encuentra dirigido a este órgano judicial; sin embargo, no es el caso realizar mayor proveído al respecto atento que mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso se acordó el citado oficio; por tanto, agréguese al presente juicio el oficio de cuenta únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 OFICIO Agréguese a los autos el oficio 59564/2017 signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual remite el expediente 889/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Luis Ruiz Simiano, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y otras autoridades. 2 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA Establecido lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal acepta la competencia planteada. Acúsese el recibo correspondiente al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 DESECHAMIENTO En primer término, debe señalarse que el quejoso José Luis Ruíz Simiano, señala como autoridades responsables y acto reclamado en la presente instancia, los siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridad ORDENADORA al C. Gobernador del Estado de Puebla Licenciado ANTONIO GALI FAYAD. Y como autoridades Ejecutoras señalo al C. MARCO ANTONIO AGUILAR TREJO Subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla y JESÚS R. MORALES RODRÍGUEZ Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla "4.-ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable ORDENADORA, LA NEGATIVA hasta el momento de dar contestación a mi escrito presentado ante la oficialía de partes de la mencionada Subsecretaria de Inteligencia e investigación en fecha 28 de julio del año en curso, mediante el cual el suscrito solicito mi incorporación a la Dirección General de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, de la que soy titular, sin que hasta la fecha se me haya dado contestación a dicha petición, violando mis garantías individuales consagradas en los artículos 8 y 17 Constitucionales, tal y como lo acredito con mi acuse de recibido que en original acompaño a este escrito, lo que hace procedente este Juicio de Garantías". Precisado lo anterior, el suscrito advierte que la demanda de garantías que se analiza deviene improcedente, pues respecto del acto que se reclama se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que violen las garantías individuales. Entendiéndose por autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente del Estado, de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de los artículos anteriormente transcritos, con el acto que se les atribuye a las autoridades señaladas como responsables, se advierte que dicho acto no es susceptible de ser reclamado en la vía de amparo por la parte promovente, porque dicho acto deriva de una relación laboral existente entre la parte inconforme en su carácter de trabajador y las responsables que fungen como patrón. Entonces, si el acto reclamado por la inconforme no fue emitido en una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral; por tanto, éste no es materia de análisis constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De lo anterior, se puede advertir que el acto aquí reclamado no contiene las características distintivas para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como quedó precisado en líneas anteriores, éste deriva de una relación de trabajador-patrón, existente entre el quejoso y las autoridades responsables. En relación a lo anterior, resulta importante señalar que el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia de una relación laboral entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, exceptuando únicamente a los militares, marinos, miembros del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y agentes de las instituciones policiales, así como a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En similares términos el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias." Así, de dichos numerales se obtiene que los titulares de las dependencias tienen el carácter de patrón respecto de sus empleados y, por ende, no actúan como autoridad en lo que se refiere a cualquier conflicto individual, colectivo o intersindical surgido con sus trabajadores, sino como un particular susceptible de ser llamado a juicio con el carácter de patrón demandado. En el presente caso, del escrito de cuenta, y de los anexos adjuntos, se advierte que el inconforme se duele de la prohibición para entrar a su área de trabajo dentro del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C-5) o Arco de Seguridad de Huejotzingo, Puebla, por lo que resulta evidente que no encontramos frente a un conflicto suscitado ante la autoridad en su carácter de patrón y un trabajador, lo cual no es materia para el juicio de garantías. Entonces, toda vez que los actos reclamados en la presente instancia constitucional no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías. 4 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe Inda Chavira, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizada en los términos restringidos que prevé el citado numeral a la diversa persona que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 5 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 6 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 7 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 8 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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