Jose Luis Ruiz Rico
Expediente 683/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Luis Ruiz Rico
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto dictado el treinta de junio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por al quejoso **********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por *********, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, residente en Acámbaro, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 683/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que: El quejoso fue citado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, vía correo certificado, como heredero al juicio sucesorio intestamentario *** a bienes de su esposa. En dicho sucesoral ya se efectuó la declaratoria de herederos y designación del cargo de albacea. Ahora bien, el promovente se ostenta tercero extraño al procedimiento, bajo el argumento de que la notificación que le fue practicada resulta ilegal (concretamente, vulnerando el contenido del artículo 42 de la Ley del Servicio Postal) y, como consecuencia, que se haya emitido sin su participación, la declaratoria de herederos y designación de albacea. Ahora bien, la causal de improcedencia se actualiza, en razón de que el procedimiento aun no ha concluido y el promovente puede impugnar la notificación a través del incidente de nulidad de notificaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que menciona: "Art. 328.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Luego, al establecerse de manera expresa que el acto de autoridad tildado de inconstitucional admita en su contra el incidente de nulidad de notificaciones, en términos del artículo 328 del Cuerpo de Ley en cita, se concluye que al no haberse agotado dicho medio de impugnación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional, se encuentra el de definitividad, y el acto tildado de inconstitucional, carece de ella. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el tenor literal siguiente: "AMPARO, PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sirve también, por analogía y como criterio orientador, la tesis Iv.3o.C.47 C emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2380, tomo XXXIII, marzo de dos mil once, de rubro y texto: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SI LA QUEJOSA COMPARECE AL PROCEDIMIENTO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA Y NO AGOTA EL INCIDENTE RELATIVO, EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR NO HABER PREPARADO ESTA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE LA MATERIA". De la interpretación del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria al Código de Comercio, se advierten, entre otras cosas, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en la ley, la parte agraviada tendrá el incidente de nulidad de notificaciones para impugnarla, por lo que si la quejosa comparece al procedimiento antes del dictado de la sentencia y no agota dicho medio de impugnación, respecto del emplazamiento que alegue que se le practicó de manera irregular, todo lo que exponga en relación con él, resultará inoperante y, por tanto, el amparo promovido en su contra es improcedente, precisamente por no haberse preparado esa violación procesal en los términos que requiere el artículo 161 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido que también destaque como acto reclamado el proveído de nueve de junio de dos mil diecisiete en el que la autoridad se negó a tenerlo por apersonado al procedimiento; sin embargo, la lectura de la demanda en su integridad permite advertir que su queja es en calidad de tercero extraño; empero, aun si le hubiera atribuido vicios propios a ese proveído, de cualquier manera el juicio resultaría improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, es decir, al no haberlo recurrido a través del recurso de revocación previsto en la ley adjetiva local, acorde con la obligación que le impone la norma inmersa en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En esa medida, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por **********. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa autorizando en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a **********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. En razón de que el promovente señaló los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, se ordena notificarle el presente y los subsecuentes proveídos por medio de lista.
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