José Luis Ruedas Arias

Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
889/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • José Luis Ruedas Arias

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente asunto, de las que se advierte que el quejoso ********************; reclama medularmente del Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada y del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, ambos de la Fiscalía General de la República, los actos consistentes en: . Posteriormente, el Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, al rendir su informe justificado manifestó lo siguiente: "Al respecto, cabe señalar que se recibido el escrito de petición del quejoso de 20 de octubre de 2021; . sin embargo, toda vez que esta autoridad responsable carece de facultades para pronunciarse sobre lo peticionado por el quejoso, mediante oficio FGR/FEMDO/DGAJCMDO/8383/2021, dirigido al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, se turnó la petición a dicha autoridad para su atención, por ser un asunto de la competencia de esa Unidad Especializada; asimismo, una vez que el Titular de dicha Unidad, recibió la petición del quejos y el oficio de mérito, a su vez los turnó para su atención, mediante el diverso FGR/FEMDO/UEIDMS/TU/542/2021, a la Licenciada María Cristina Guzmán Gutiérrez, Coordinadora General B de esa Unidad Especializada. ." Asimismo, remitió el oficio FGR/FEMDO/DGAJCMDO/8383/2021 de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y dirigido al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, por el que dio respuesta a su petición en el siguiente sentido: "Una vez analizada dicha petición y atendiendo al principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, al que estamos sujetas todas las autoridades en el sentido de que estas únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sea de su competencia y al tratarse de actos que se encuentran dentro del ámbito de las facultades de la unidad a su digno cargo ., es que se remite el escrito original de referencia para los efectos que conforme a derecho correspondan" Igualmente, hizo llegar el diverso oficio FGR/FEMDO/UEIDMS/TU/542/2021 de la misma fecha, firmado por el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, dirigido a la Coordinadora General "B" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, en el cual se asentó lo siguiente: "Me permito adjuntar el oficio FGR/FEMDO/DGAJCMDO/8383/2021, recibido el día de la fecha, al cual se adjunta escrito suscrito por el C. Armando Espartaco de la Mora Mondragón, dirigido al Titular de la FEMDO, por el cual y con fundamento en el artículo 8 constitucional realiza diversas manifestaciones y solicitudes, entre ellas, cambio de adscripción, al respecto me permito remitir a usted, dicho ocurso con anexos, para que en el ámbito de facultades, de debida contestación al peticionario a nombre del suscrito en el término legal establecido, para salvaguardar su derecho de petición." Oficios que tiene el carácter de documentos públicos de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público investido de fe pública y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones; la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firma y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documentos públicos se les confiere eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Procesal invocado. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que, en el plazo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo de referencia, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a las autoridades y actos consistentes en: El acuerdo en comento fue notificado a la parte quejosa el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por lo que el plazo que le fue otorgado feneció el siete de los actuales, sin que a la fecha en que se proveé se haya recibido manifestación o promoción alguna a efecto de atender la vista referida. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara precluído su derecho para hacerlo. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, es claro que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma Ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable no había dado contestación a la petición solicitada por el directo quejoso y fue hasta el veinticinco de abril del año en curso, que el quejoso tuvo conocimiento de la respuesta de las autoridades responsables a su escrito de petición, resulta evidente que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, aunado al hecho que la quejosa no realizó manifestación alguna respecto a la respuesta proporcionada. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. . En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para el día veintiocho del mes y año en curso, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio se le dio con la respuesta dada a su petición, sin que se pronunciara al respecto, de lo cual surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. . Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. . Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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