Jose Luis Rosendo Sánchez y Otros.

Expediente 723/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
723/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2016

Partes del expediente

  • Jose Luis Rosendo Sánchez y Otros.
  • Jose Luis Rosendo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis (fojas 17 a 20), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la ley en consulta, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número ********************, y fórmese expediente. Analizada la demanda de amparo en su integridad, el suscrito Secretario del Juzgado Encargado del Despacho, advierte que la misma resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Así, el texto del precepto legal transcrito en segundo término, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que el impetrante del amparo destaca en su libelo constitucional su acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO. A). DE LAS ORDENADORAS, el auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, que requiere la entrega del menor ********************a la C. ******************** B) DE LAS EJECUTORAS, el cumplimiento y ejecución que pretenden realizar de la orden que requiere la entrega del menor ********************a la C. ******************** " Del análisis de la demanda de amparo de trato se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el proveído de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de guarda y custodia ********************del índice de la autoridad responsable, por medio del cual se ordena la entrega del menor ********************a su progenitora ******************** Luego, respecto de dichos actos reclamados por el impetrante de garantías, cabe acotar que tuvo a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual la resolución combatida pudo ser revocada, modificada o nulificada, por lo que debió agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que es el recurso de reconsideración previsto por los artículos 381, 385 y 386 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que dicen: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 385. Procedencia.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. Artículo 386.- Resoluciones apelables.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las Sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste." En efecto, los numerales antes transcritos prevén la existencia de un medio de impugnación contra las determinaciones dictadas por el juzgador respecto de aquellos autos o decretos que no fueren apelables, y que en el caso, lo constituye el auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, que se emitió en el juicio de guarda y custodia ********************contra el cual se estima procedente el consabido recurso de apelación que tiene por objeto precisamente que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique dicho auto en el que la autoridad responsable provea lo que en derecho corresponda en relación a la entrega del menor ********************a su progenitora ******************** En consecuencia, los actos reclamados por el impetrante de garantías carecen de definitividad para los efectos del amparo, ya que en su contra procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 385 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, por lo que, atento a la técnica que rige el juicio de amparo, el peticionario de garantías está obligado a agotarlo previamente al juicio constitucional, habida cuenta que, con tal medio de defensa, puede ser revocado, modificado o nulificado el acto reclamado en esta vía constitucional; de ahí que resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6º.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, consultable a página novecientos dos, que en rubro establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.". Así, se estima que procede dicho medio de impugnación porque el numeral 381 antes citado dispone que dicho medio de impugnación es procedente contra autos y decretos de los juzgadores que no fueren apelables, salvo que la propia ley disponga que no lo son, lo cual en el caso, no se actualiza porque los actos reclamados encuadran en los supuestos del diverso numeral 386 del Código Procesal Civil del Estado. Luego, la procedencia de juicio de amparo contra actos dictados dentro de un juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Pues dicha procedencia así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su naciente criterio plasmado en la jurisprudencia 44/2012 (10ª), por contradicción de tesis 277/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil doce, cuyo rubro dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". Dicho en otros términos, porque el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, de ahí que este principio, encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En tales circunstancias, y al haberse establecido que el promovente de amparo tuvo un medio de defensa ordinario a su alcance, se actualiza en la especie la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, antes transcrita, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso artículo 113 de la propia ley. Tiene aplicación al caso particular la jurisprudencia número 241, visible a foja 410, del Apéndice 1917-1985, al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS.". De igual forma aplica al caso, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************.

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