Jose Luis Rojas Aguirre
Expediente 509/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Luis Rojas Aguirre
Actuaciones
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de cuatro de julio actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el quince de junio de dos mil dieciocho (f. 32-35), que desechó la demanda promovida por *** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ***; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, en razón a lo ordenado en parágrafos precedentes, devuélvase al solicitante del amparo, por sí o por conducto de cualquiera de sus autorizados la documental que adjuntó a su escrito de demanda, previa certificación y razón que de su recibo se asiente en autos. En la inteligencia que de no hacerlo, tales documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de quince de junio actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** quien se ostenta como apoderado de ***, contra actos de la autoridad que denominó como Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI, con residencia en la ciudad de Guanajuato, y otra autoridad, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; carácter que se le reconoce en términos la copia certificada ante notario público del primer testimonio del instrumento notarial número 54825 de ocho de octubre de dos mil nueve, de la que se desprende que en la indicada fecha le fue otorgado a su favor poder general para pleitos y cobranzas por parte de ***; lo anterior con fundamento en el artículo 10 segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 509/2018-V-1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y anexos que se acompañan, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, *** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades que denominó como Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI (en su carácter de ordenadora) y Delegación Guanajuato del Registro Agrario Nacional (en su carácter de ejecutora), ambas con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a quienes reclamó los actos que describió de la siguiente forma: IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI, reclamo: 1. El emplazamiento por edictos ordenado y practicado al ahora quejoso, en el expediente 501/2014, así como todo lo actuado en vía de consecuencia. 2. La orden de inscripción de la sentencia dictada en el expediente 501/2014, en el Registro Agrario Nacional. 3. La declaración dictada en el expediente 501/2014, sobre la nulidad de todos los actos posteriores al reconocimiento del quejoso como legítimo sucesor de ***, efectuado en el expediente 428/2010, así como de todas las consecuencias jurídicas de dicha sentencia, consistentes en los documentos que en cumplimiento a ésta se hubieses (sic) generado y expedido a favor del quejoso. 4. La orden dictada en el expediente 501/2014, sobre la nulidad de todos los actos celebrados por el quejoso como titular de la Parcela 254 Z-1 P1/4, con una superficie de 3-43-18.09 del ***, del municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, así como del 0.550% de derechos sobre tierras de uso común del mismo ejido. De la Delegación Guanajuato del Registro Agrario Nacional reclamo la ejecución de los actos reclamados de la responsable ordenadora, señalados en los puntos 2 a 4. En ese orden, como antecedentes de los actos reclamados, se desprende, en lo que aquí interesa, que ante este mismo Juzgado de la Federación se encuentra radicado el juicio de amparo 378/2018, promovido por ***; juicio de amparo en el cual, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, le fue notificado por medio de lista el acuerdo de veintiuno de ese mismo mes y año, en el cual se le puso a la vista el informe rendido por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en la ciudad de Guanajuato, en el cual reconoció que sí era cierto el acto reclamado en aquel juicio; comunicado al que acompañó las constancias que conforman el expediente agrario 501/2014, promovido por ***, en contra de *** y el aquí promovente, ambos por su propio derecho; precisando el aquí solicitante del amparo que Fue en este momento que tuve acceso a dicho expediente y pude darme cuenta (antecedentes cinco, seis y siete de la demanda de cuenta). Del relato anotado, se desprende que el aquí promovente señala que fue el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, cuando se enteró de los actos que reclama en la demanda de cuenta, por haber sido en esa fecha cuando tuvo a la vista las constancias que conforman el expediente agrario 501/2014. Consecuencia de lo anterior, a fin de acordar lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo que se recibe, por conducto de la Secretaría, obténgase copia autorizada de la boleta de recepción de demanda de amparo con que se formó el juicio de amparo 370/2018-VI-1 (f. 1), demanda de amparo (f. 2-6), auto de admisión de demanda (f. 20-21), minuta de los oficios enviados a las autoridades responsables (f. 22), oficio 1655/2018, por el cual la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con residencia en la ciudad de Guanajuato, rindió informe justificado (f. 40-42), y del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (f. 52), con su respectiva notificación (f. 52 vta.); y agréguense al juicio de amparo en que se actúa para los efectos legales correspondientes. Realizado lo anterior, analizada la demanda que se recibe, sus anexos, así como copia autorizada del mencionado acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (f. 52), con su respectiva notificación (f. 52 vta.) que se encuentra agregada al diverso juicio de amparo 370/2018-V-1 del índice de este mismo Juzgado de la Federación, se obtiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en vinculación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la demanda de amparo de cuenta fue promovida en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Los indicados artículos en el orden apuntado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. (Lo destacado es nuestro). Esto es, del contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente al en que la parte solicitante del amparo haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y del diverso numeral 61 fracción XIV, primer párrafo, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que el promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados en la demanda de cuenta, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho; por tanto, el solicitante del amparo debió ejercer la acción constitucional dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha indicada; esto es, el término de quince a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a computarse el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho; día hábil siguiente a aquél en que se tiene dato el aquí promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados. Por tanto, si el solicitante del amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintidós de mayo de dos mil dieciocho; el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, quedó comprendido entre el veintitrés de mayo y doce de junio de dos mil dieciocho, con exclusión de seis días por ser inhábiles; a saber, los sábados veintiséis de mayo, dos y nueve de junio, así como los domingos veintisiete de mayo, tres y diez de junio todos de dos mil dieciocho. En consecuencia, si la demanda de amparo, génesis del juicio de amparo 509/2018-V-1, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, el trece de junio de dos mil dieciocho; ello significa que en relación con los actos reclamados, la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea a los quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo que conduce a la conclusión de que al no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo que para ello establece el indicado precepto legal, los actos reclamados fueron consentidos tácitamente tal y como lo dispone el diverso numeral 61 fracción XIV, primer párrafo, del apuntado ordenamiento legal. Sin que en la especie, la parte quejosa se ubique en alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 en sus fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días (fracción I); no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, en la que se imponga pena de prisión, caso en el cual podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años (fracción II); de igual forma, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el término es de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III); y de igual modo, el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; caso en que la demanda puede presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió el juicio de amparo indirecto dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ***. Es de invocarse, por lo que informa, la Tesis de datos de localización y contenido siguiente: Quinta Época Registro: 328325 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 3212 AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte. Así como la diversa Tesis que dice: Octava Época Registro: 216152 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Junio de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 235 ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en calle ***, de Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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