Jose Luis Rodriguez Nuñez
Expediente 517/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jose Luis Rodriguez Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se tiene por recibido el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; y en cuanto a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la prueba pericial ofrecida. Remisión. En consecuencia, notifíquese a las demás partes la interposición de dicho recurso para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse con el referido recurso; transcurrido el plazo remítase el escrito original del recurso interpuesto, copia certificada de las constancias respectivas, así como el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno. Suspende procedimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento en el juicio constitucional en el que se actúa, toda vez que lo que se resuelva en el recurso de queja antes citado, puede trascender al sentido de la resolución que en su momento se dicte, debiendo proceder a la reanudación del mismo una vez resuelto el medio de impugnación referido. Conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, se apoya a la anterior consideración, la tesis 1a. XIV/96, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 154, Tomo IV, Julio de 1996. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se cita: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. CORRESPONDE DECRETARLA AL JUEZ DE DISTRITO." Virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, esto es, las diez horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés; y, se reserva señalar día y hora para la celebración de ésta, hasta en tanto obre la resolución del recurso de queja correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se reservó sobre la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, hasta en su momento procesal oportuno, por lo cual se acuerda lo siguiente: Se desecha pericial. Ahora bien, este juzgado federal procede a pronunciarse en torno a la pertinencia e idoneidad de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, al tomar como base el objeto y pretensión con los cuales se ofrece. Enseguida, al analizar que en la demanda se reclama la inconstitucionalidad del artículo 54 fracción II, Inciso 1) y 60) fracción II inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a razón de que dichos preceptos establecen la tarifa respectiva por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad por la utilización del Sistema Integral de Informática Registral del Instituto, es por lo cual se estima que en el caso la prueba pericial ofrecida no resulta idónea para acreditar dicha circunstancia; toda vez que si bien con dicha prueba se pretenden demostrar la inconstitucionalidad de la ley; y, que los montos que se autoaplicó el quejoso, no son proporcionales ni equitativos. No obstante lo anterior, se considera que dichos aspectos no son susceptibles de acreditarse a través de la prueba pericial contable, pues la inconstitucionalidad de la ley no depende de un resultado cuantitativo que pudiera derivar de las operaciones que se realicen, sino del análisis propio de la ley, en cuanto a que para establecer los montos respectivos, tome en cuenta o no valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública. Por tanto, resulta evidente que dicha prueba no satisface el requisito de idoneidad que todo medio de convicción debe tener, por lo que es inconcuso que su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el suscrito juzgador considera pertinente no admitirla, en términos de lo previsto en el artículo 119 de la ley de la materia. Diferimiento. Para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga de esta determinación, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se notifica al quejoso. Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se reservó sobre la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, hasta en su momento procesal oportuno, por lo cual se acuerda lo siguiente: Se desecha pericial. Ahora bien, este juzgado federal procede a pronunciarse en torno a la pertinencia e idoneidad de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, al tomar como base el objeto y pretensión con los cuales se ofrece. Enseguida, al analizar que en la demanda se reclama la inconstitucionalidad del artículo 54 fracción II, Inciso 1) y 60) fracción II inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a razón de que dichos preceptos establecen la tarifa respectiva por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad por la utilización del Sistema Integral de Informática Registral del Instituto, es por lo cual se estima que en el caso la prueba pericial ofrecida no resulta idónea para acreditar dicha circunstancia; toda vez que si bien con dicha prueba se pretenden demostrar la inconstitucionalidad de la ley; y, que los montos que se autoaplicó el quejoso, no son proporcionales ni equitativos. No obstante lo anterior, se considera que dichos aspectos no son susceptibles de acreditarse a través de la prueba pericial contable, pues la inconstitucionalidad de la ley no depende de un resultado cuantitativo que pudiera derivar de las operaciones que se realicen, sino del análisis propio de la ley, en cuanto a que para establecer los montos respectivos, tome en cuenta o no valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública. Por tanto, resulta evidente que dicha prueba no satisface el requisito de idoneidad que todo medio de convicción debe tener, por lo que es inconcuso que su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el suscrito juzgador considera pertinente no admitirla, en términos de lo previsto en el artículo 119 de la ley de la materia. Diferimiento. Para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga de esta determinación, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto lo de cuenta, se advierte que en relación a la ampliación de la demanda de amparo, aun no obra el informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo, de la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las diez horas del diez de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.
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