José Luis Rodríguez Escoto

Expediente 39/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
39/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
13/02/2017

Partes del expediente

  • José Luis Rodríguez Escoto

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, trece de febrero de dos mil diecisiete. Vista la constancia secretarial de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja, contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, que fue notificado al quejoso por lista que se fijó en los estrados de este juzgado, así como por lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación el uno de los presentes, en el cual se desechó la demanda de amparo, y al haber transcurrido a la fecha el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Así mismo, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los juzgados de distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en la carátula del presente expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por tanto, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la PARTE QUEJOSA el auto de fecha 13 DE FEBRERO DE 2017, en el que: ***, Mexicali, Baja California, trece de febrero de dos mil diecisiete. Vista la constancia secretarial de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja, contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, que fue notificado al quejoso por lista que se fijó en los estrados de este juzgado, así como por lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación el uno de los presentes, en el cual se desechó la demanda de amparo, y al haber transcurrido a la fecha el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Así mismo, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del catorce de febrero de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los juzgados de distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en la carátula del presente expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por tanto, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    .........procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso José Luis Rodríguez Escoto, apoderado legal de Águilas de Mexicali, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete......Vista la demanda de amparo y anexos, presentada por ****, apoderado legal de la empresa Águilas de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número ***(***) de fecha ****, otorgada ante la fe del Notario Público número 9 de esta ciudad; con la cual se le tiene promoviendo juicio de amparo indirecto, en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 39/2017-1. Ahora bien, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre la misma; en consecuencia, del análisis integral de dicha demanda de amparo se advierte que: El acto reclamado es el acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 698/2009 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, en el que contiene inserta la orden de que el Secretario Actuario, se constituya en compañía de la parte actora y del nuevo depositario judicial designado, en el domicilio de la parte demandada Águilas de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiera a dicha moral por la entrega del bien embargado en autos, a efecto de ponerlo en posesión del nuevo depositario. Por otro lado, al resolver sobre la demanda, este juzgador invoca como hecho notorio, por tener conocimiento del mismo, en razón de la actividad jurisdiccional que se desarrolla, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; parte de las actuaciones del juicio de amparo número 170/2016-1 del índice de este Juzgado. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.P. J25, consultable en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se lee: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Así, al tener a la vista los autos originales del expediente 170/2016-1, se advierte que éste fue promovido por José Luis Rodríguez Escoto, (quien promueve el presente juicio de amparo) en contra de la diligencia de embargo efectuada el día catorce de marzo de dos mil dieciséis, por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali de Baja California, en relación del expediente número 698/2009; en la que se trabó embargo respecto del bien inmueble pantalla electrónica P16MM, con número de serie del certificado CSD 30001000000100000800, orden de compra TDA027, propiedad de su representada. Del citado expediente se desprende que ambos actos reclamados derivan del expediente número 698/2009 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y del escrito de demanda obrante en el expediente 170/2016-1, en los antecedentes del acto reclamado el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que es parte demanda en el juicio ordinario mercantil número 698/2009 del índice del Juzgado antes mencionado, teniendo conocimiento que en fecha seis de mayo de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se le condenó al pago de la cantidad de $862,521.00 (ochocientos sesenta y dos mil quinientos veintiuno pesos 00/100 moneda nacional) a la parte actora Carmen Natalia García Luna; además en dicho medio de defensa aclaró, que la sentencia se encuentra firme, sin medio de impugnación pendiente de resolver. Sin necesidad de que deban glosarse copias certificadas de dichas constancias, puesto que su conocimiento derivó de la actividad jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que permite válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las actuaciones que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico. Al respecto de lo anterior, cobra aplicación, por mayoría de razón y por no contravenir las disposiciones de la vigente Ley de Amparo, la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En ese sentido, el acto que se reclama en la presente litis constitucional se está realizando en la etapa de ejecución de sentencia; lo que se conoce de manera completa y exacta por las razones antes acotadas. Precisado el acto que por esta vía biinstancial se reclama, es menester acotar que el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y dada la naturaleza del acto reclamado este órgano jurisdiccional procede desechar el libelo constitucional por notoriamente improcedente, en virtud de que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De los preceptos transcritos se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiendo por última resolución, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; es menester indicar que la redacción de la ley vigente, limita de manera precisa, lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "solo", para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. En la demanda de amparo, como previamente se citó, la parte promovente reclama, el acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 698/2009 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mismo acuerdo que el agraviado anexó a su demanda, del cual se advierte que se designó como depositario judicial de los bienes embargados a Luz Amelia Luna Vega, y se ordenó al Secretario actuario adscrito a dicho juzgado a constituirse en compañía de la parte actora y del nuevo depositario judicial, en el domicilio de la parte demandada y le requirieran por la entrega del bien embargado a efecto de ponerlo en posesión del depositario; dicho proveído que si bien pudiera ser susceptible de ser contrario a los intereses de la demandada en el juicio de origen, lo cierto es que el mismo es un acto en la etapa de ejecución de sentencia, de ahí que forma parte del sistema establecido para que, quien resultó condenado en sentencia firme cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que el acto del que se duele, sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución de sentencia y que lo hubiere dejado sin defensa, pues tal determinación, no implica una decisión que involucre aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, pues como ya quedo previamente establecido en el juicio natural se dictó sentencia definitiva, en la que se le condenó, sin que haya dado cumplimiento voluntaria a la misma, por lo que la parte actora está realizando las gestiones necesarias para lograr su ejecución, de ahí que no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozco el cumplimiento total de la sentencia. Incluso, el acuerdo reclamado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente en que se tramita el juicio ordinario mercantil. De lo anterior, se desprende que si el acto reclamado es considerado por la parte promovente como lesivo a sus derechos, sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución del sentencia, y que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se insiste, que las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", sólo las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como la que se combate en el presente juicio. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Del análisis de la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001 del rubro citado, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que su finalidad es evitar el abuso del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia y de las legítimas pretensiones del vencedor, por lo que sólo procede el amparo biinstancial contra la "última resolución" dictada en esa etapa, la cual será aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sin embargo, esto implica que debe existir sentencia que haya causado estado, para llevar a cabo la ejecución de lo condenado, esto es, que tenga el carácter de cosa juzgada, lo que significa que ya no admita ningún recurso a través del cual pueda ser revocada, modificada o nulificada y, en tanto verdad legal, obligue al demandado a cumplir con aquello a lo que se le condenó. En el presente caso es evidente porque así lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, en un juicio de amparo previo (170/2016-1, del índice de este juzgado) que la sentencia definitiva dictada en el juicio de donde deriva el acto reclamado se encuentra firme, sin que exista medio de defensa pendiente de resolver en contra de la misma, lo que la convierte en cosa juzgada, que obliga al demandado en el propio procedimiento a cumplir con ella; por lo tanto nos encontramos, ante un caso donde notoria y manifiestamente el acto de ejecución reclamado, deriva de una sentencia firme. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por las razones jurídicas que la conforma, la tesis I.4o.C.13 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, febrero de 2005, página 1674, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA, Y RESULTA INAPLICABLE LA TESIS DE RUBRO: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Del análisis de la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001 del rubro citado, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, se advierte que su finalidad es evitar el abuso del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia y de las legítimas pretensiones del vencedor, por lo que sólo procede el amparo biinstancial contra la "última resolución" dictada en esa etapa, la cual será aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sin embargo, esto implica que debe existir sentencia que haya causado estado, para llevar a cabo la ejecución de lo condenado, esto es, que tenga el carácter de cosa juzgada, lo que significa que ya no admita ningún recurso a través del cual pueda ser revocada, modificada o nulificada y, en tanto verdad legal, obligue al demandado a cumplir con aquello a lo que se le condenó. Esto no ocurre en el caso en que, estando sub júdice el juicio, se permite la ejecución por haberse admitido la apelación sólo en el efecto devolutivo. Por lo que, aun cuando se lleven a cabo actos tendientes a ejecutar la sentencia, la sola circunstancia de que en el procedimiento de ejecución no se trate de la última resolución, no hace notoria y manifiesta la causa de improcedencia, suficiente para desechar la demanda de garantías, pues si todavía se encuentra pendiente de resolver algún recurso contra la sentencia definitiva en la que fue condenado el demandado, no es aplicable el criterio de la tesis de jurisprudencia analizada, al no darse el caso de una sentencia firme." Ahora bien, por regla general procede el amparo de acuerdo a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, por lo que se considera que dicha regla de procedencia puede operar en el procedimiento de ejecución tratándose de actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada, lo que implica que deben ser autónomos a ésta. En ese sentido, el acto que se reclame como de imposible reparación en el procedimiento de ejecución deberá de cumplir con las siguientes características: i) Ser intermedio dentro del procedimiento de ejecución, ii) Ser autónomo, a la institución de cosa juzgada, y iii) Lesionar derechos sustantivos. En la especie, no se surte el tercer de los requisitos, dado que la remoción del cargo de depositario y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, no afecta el derecho de propiedad del quejoso, pues la facultad del actor ejecutante para nombrar al depositario de los bienes embargados consiste en una medida temporal justificada para garantizar el derecho de crédito del acreedor ejecutante. Por tanto, no existe una afectación irrestricta al derecho de propiedad del demandado en razón de que los bienes embargados únicamente se reservan en calidad de garantía de un crédito, sin que la designación de depositario implique la privación total del bien. Tiene sustento, la jurisprudencia 1a. XCIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 1110, Décima Época, de rubro y texto: "DEPOSITARIO JUDICIAL. EL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE PREVÉ LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL ACTOR EJECUTANTE DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PARA NOMBRARLO, NO VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. El artículo 444 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado dentro del procedimiento ejecutivo mercantil, de forma supletoria al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1393, establece que de todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes que sean objeto de él a la persona o institución de crédito que, bajo su responsabilidad, nombre el ejecutante -salvo en los casos de excepción contemplados en los artículos 445, 448 y 449, párrafos primero y último, de la legislación adjetiva referida-, esto es, permite que el depósito judicial recaiga en una persona distinta al demandado; cuestión que no vulnera su derecho de propiedad, pues la facultad del actor ejecutante para nombrar al depositario de los bienes embargados consiste en una medida temporal justificada para garantizar el derecho de crédito del acreedor ejecutante. Por tanto, no existe una afectación irrestricta al derecho de propiedad del demandado en razón de que los bienes embargados únicamente se reservan en calidad de garantía de un crédito, sin que la designación de depositario implique la privación total del bien." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia V.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1996, Página 414, Novena Época, de rubro y texto: DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso. Por otro lado, es menester recalcar, que de la lectura del acto reclamado, que en copia simple el quejoso acompañó a su demanda, se advierte que no se han autorizado los medios de apremio, como es el auxilio de la fuerza pública o rompimiento de cerraduras; sólo se apercibió de que en caso de su negativa, se autorizaría su uso. Sin embargo, es necesario conocer la forma en la que actuará el requerido, para saber si la responsable autorizará la utilización de los referidos medio de apremio. En consecuencia, el sólo requerimiento de la entrega del bien embargado, no implica que se exista peligro de invasión a su derecho a la propiedad o intimidad; por tanto, no puede constituirse como un acto que afecte directamente los derechos sustantivos de la quejosa. En esas condiciones, se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez Escoto, apoderado legal de la empresa Águilas de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable. Cobra aplicación al caso por analogía y al no oponerse a la disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo y anexos, presentada por ****, apoderado legal de la empresa Águilas de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número ***(***) de fecha ****, otorgada ante la fe del Notario Público número 9 de esta ciudad; con la cual se le tiene promoviendo juicio de amparo indirecto, en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 39/2017-1. Ahora bien, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre la misma; en consecuencia, del análisis integral de dicha demanda de amparo se advierte que: El acto reclamado es el acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 698/2009 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, en el que contiene inserta la orden de que el Secretario Actuario, se constituya en compañía de la parte actora y del nuevo depositario judicial designado, en el domicilio de la parte demandada Águilas de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiera a dicha moral por la entrega del bien embargado en autos, a efecto de ponerlo en posesión del nuevo depositario. Por otro lado, al resolver sobre la demanda, este juzgador invoca como hecho notorio, por tener conocimiento del mismo, en razón de la actividad jurisdiccional que se desarrolla, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; parte de las actuaciones del juicio de amparo número 170/2016-1 del índice de este Juzgado. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.P. J25, consultable en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se lee: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Así, al tener a la vista los autos originales del expediente 170/2016-1, se advierte que éste fue promovido por José Luis Rodríguez Escoto, (quien promueve el presente juicio de amparo) en contra de la diligencia de embargo efectuada el día catorce de marzo de dos mil dieciséis, por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali de Baja California, en relación del expediente número 698/2009; en la que se trabó embargo respecto del bien inmueble pantalla electrónica P16MM, con número de serie del certificado CSD 30001000000100000800, orden de compra TDA027, propiedad de su representada. Del citado expediente se desprende que ambos actos reclamados derivan del expediente número 698/2009 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, y del escrito de demanda obrante en el expediente 170/2016-1, en los antecedentes del acto reclamado el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que es parte demanda en el juicio ordinario mercantil número 698/2009 del índice del Juzgado antes mencionado, teniendo conocimiento que en fecha seis de mayo de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se le condenó al pago de la cantidad de $862,521.00 (ochocientos sesenta y dos mil quinientos veintiuno pesos 00/100 moneda nacional) a la parte actora Carmen Natalia García Luna; además en dicho medio de defensa aclaró, que la sentencia se encuentra firme, sin medio de impugnación pendiente de resolver. Sin necesidad de que deban glosarse copias certificadas de dichas constancias, puesto que su conocimiento derivó de la actividad jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que permite válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las actuaciones que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico. Al respecto de lo anterior, cobra aplicación, por mayoría de razón y por no contravenir las disposiciones de la vigente Ley de Amparo, la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En ese sentido, el acto que se reclama en la presente litis constitucional se está realizando en la etapa de ejecución de sentencia; lo que se conoce de manera completa y exacta por las razones antes acotadas. Precisado el acto que por esta vía biinstancial se reclama, es menester acotar que el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y dada la naturaleza del acto reclamado este órgano jurisdiccional procede desechar el libelo constitucional por notoriamente improcedente, en virtud de que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En efecto los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De los preceptos transcritos se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiendo por última resolución, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; es menester indicar que la redacción de la ley vigente, limita de manera precisa, lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "solo", para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. En la demanda de amparo, como previamente se citó, la parte promovente reclama, el acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 698/2009 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mismo acuerdo que el agraviado anexó a su demanda, del cual se advierte que se designó como depositario judicial de los bienes embargados a Luz Amelia Luna Vega, y se ordenó al Secretario actuario adscrito a dicho juzgado a constituirse en compañía de la parte actora y del nuevo depositario judicial, en el domicilio de la parte demandada y le requirieran por la entrega del bien embargado a efecto de ponerlo en posesión del depositario; dicho proveído que si bien pudiera ser susceptible de ser contrario a los intereses de la demandada en el juicio de origen, lo cierto es que el mismo es un acto en la etapa de ejecución de sentencia, de ahí que forma parte del sistema establecido para que, quien resultó condenado en sentencia firme cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que el acto del que se duele, sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución de sentencia y que lo hubiere dejado sin defensa, pues tal determinación, no implica una decisión que involucre aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, pues como ya quedo previamente establecido en el juicio natural se dictó sentencia definitiva, en la que se le condenó, sin que haya dado cumplimiento voluntaria a la misma, por lo que la parte actora está realizando las gestiones necesarias para lograr su ejecución, de ahí que no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozco el cumplimiento total de la sentencia. Incluso, el acuerdo reclamado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente en que se tramita el juicio ordinario mercantil. De lo anterior, se desprende que si el acto reclamado es considerado por la parte promovente como lesivo a sus derechos, sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución del sentencia, y que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se insiste, que las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", sólo las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como la que se combate en el presente juicio. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Del análisis de la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001 del rubro citado, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que su finalidad es evitar el abuso del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia y de las legítimas pretensiones del vencedor, por lo que sólo procede el amparo biinstancial contra la "última resolución" dictada en esa etapa, la cual será aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sin embargo, esto implica que debe existir sentencia que haya causado estado, para llevar a cabo la ejecución de lo condenado, esto es, que tenga el carácter de cosa juzgada, lo que significa que ya no admita ningún recurso a través del cual pueda ser revocada, modificada o nulificada y, en tanto verdad legal, obligue al demandado a cumplir con aquello a lo que se le condenó. En el presente caso es evidente porque así lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, en un juicio de amparo previo (170/2016-1, del índice de este juzgado) que la sentencia definitiva dictada en el juicio de donde deriva el acto reclamado se encuentra firme, sin que exista medio de defensa pendiente de resolver en contra de la misma, lo que la convierte en cosa juzgada, que obliga al demandado en el propio procedimiento a cumplir con ella; por lo tanto nos encontramos, ante un caso donde notoria y manifiestamente el acto de ejecución reclamado, deriva de una sentencia firme. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, por las razones jurídicas que la conforma, la tesis I.4o.C.13 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, febrero de 2005, página 1674, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA, Y RESULTA INAPLICABLE LA TESIS DE RUBRO: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Del análisis de la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001 del rubro citado, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, se advierte que su finalidad es evitar el abuso del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia y de las legítimas pretensiones del vencedor, por lo que sólo procede el amparo biinstancial contra la "última resolución" dictada en esa etapa, la cual será aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sin embargo, esto implica que debe existir sentencia que haya causado estado, para llevar a cabo la ejecución de lo condenado, esto es, que tenga el carácter de cosa juzgada, lo que significa que ya no admita ningún recurso a través del cual pueda ser revocada, modificada o nulificada y, en tanto verdad legal, obligue al demandado a cumplir con aquello a lo que se le condenó. Esto no ocurre en el caso en que, estando sub júdice el juicio, se permite la ejecución por haberse admitido la apelación sólo en el efecto devolutivo. Por lo que, aun cuando se lleven a cabo actos tendientes a ejecutar la sentencia, la sola circunstancia de que en el procedimiento de ejecución no se trate de la última resolución, no hace notoria y manifiesta la causa de improcedencia, suficiente para desechar la demanda de garantías, pues si todavía se encuentra pendiente de resolver algún recurso contra la sentencia definitiva en la que fue condenado el demandado, no es aplicable el criterio de la tesis de jurisprudencia analizada, al no darse el caso de una sentencia firme." Ahora bien, por regla general procede el amparo de acuerdo a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos, por lo que se considera que dicha regla de procedencia puede operar en el procedimiento de ejecución tratándose de actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada, lo que implica que deben ser autónomos a ésta. En ese sentido, el acto que se reclame como de imposible reparación en el procedimiento de ejecución deberá de cumplir con las siguientes características: i) Ser intermedio dentro del procedimiento de ejecución, ii) Ser autónomo, a la institución de cosa juzgada, y iii) Lesionar derechos sustantivos. En la especie, no se surte el tercer de los requisitos, dado que la remoción del cargo de depositario y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, no afecta el derecho de propiedad del quejoso, pues la facultad del actor ejecutante para nombrar al depositario de los bienes embargados consiste en una medida temporal justificada para garantizar el derecho de crédito del acreedor ejecutante. Por tanto, no existe una afectación irrestricta al derecho de propiedad del demandado en razón de que los bienes embargados únicamente se reservan en calidad de garantía de un crédito, sin que la designación de depositario implique la privación total del bien. Tiene sustento, la jurisprudencia 1a. XCIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 1110, Décima Época, de rubro y texto: "DEPOSITARIO JUDICIAL. EL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE PREVÉ LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL ACTOR EJECUTANTE DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PARA NOMBRARLO, NO VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. El artículo 444 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado dentro del procedimiento ejecutivo mercantil, de forma supletoria al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1393, establece que de todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes que sean objeto de él a la persona o institución de crédito que, bajo su responsabilidad, nombre el ejecutante -salvo en los casos de excepción contemplados en los artículos 445, 448 y 449, párrafos primero y último, de la legislación adjetiva referida-, esto es, permite que el depósito judicial recaiga en una persona distinta al demandado; cuestión que no vulnera su derecho de propiedad, pues la facultad del actor ejecutante para nombrar al depositario de los bienes embargados consiste en una medida temporal justificada para garantizar el derecho de crédito del acreedor ejecutante. Por tanto, no existe una afectación irrestricta al derecho de propiedad del demandado en razón de que los bienes embargados únicamente se reservan en calidad de garantía de un crédito, sin que la designación de depositario implique la privación total del bien." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia V.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1996, Página 414, Novena Época, de rubro y texto: DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso. Por otro lado, es menester recalcar, que de la lectura del acto reclamado, que en copia simple el quejoso acompañó a su demanda, se advierte que no se han autorizado los medios de apremio, como es el auxilio de la fuerza pública o rompimiento de cerraduras; sólo se apercibió de que en caso de su negativa, se autorizaría su uso. Sin embargo, es necesario conocer la forma en la que actuará el requerido, para saber si la responsable autorizará la utilización de los referidos medio de apremio. En consecuencia, el sólo requerimiento de la entrega del bien embargado, no implica que se exista peligro de invasión a su derecho a la propiedad o intimidad; por tanto, no puede constituirse como un acto que afecte directamente los derechos sustantivos de la quejosa. En esas condiciones, se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Luis Rodríguez Escoto, apoderado legal de la empresa Águilas de Mexicali, Sociedad Anónima de Capital Variable. Cobra aplicación al caso por analogía y al no oponerse a la disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación."

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