José Luis Rivera Sánchez

Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
128/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • José Luis Rivera Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta y del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez del mes y año en curso (fojas 31 a 37), por el cual se desechó de plano la demanda de garantías en la que aparece como quejoso José Luis Rivera Sánchez, dentro del juicio de amparo número 128/2022-VII; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso José Luis Rivera Sánchez, a través del cual comparece a dar cumplimiento a la prevención que este órgano jurisdiccional hiciera en proveído de treinta y uno de enero del año actual, y al efecto expone bajo protesta de decir verdad que quedó notificado de la resolución emitida el diez de enero de dos mil veintidós, dentro de la averiguación previa 378/2015, del índice de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, en la misma fecha en que se dictó la referida determinación e informa que no interpuso medio de defensa en contra de la misma. En el caso, se estima pertinente mencionar que el escrito inicial con el cual se integró este cuaderno y el aclaratorio recibido en este Juzgado el ocho de febrero del año en curso, en conjunto constituyen la demanda de amparo. Al anterior punto de vista, es aplicable la Jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Novena Época, abril de 2001, página 79, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Ahora bien, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: En la especie, analizada la demanda de garantías y escrito aclaratorio relativo, se llega a la convicción que deviene improcedente contra las violaciones cometidas dentro de la averiguación previa que refiere el quejoso; siendo imperativo desecharla de plano por actualizarse un motivo manifiesto de indudable improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, dispone el artículo 61, de la Ley de la Materia, en su fracción XVII, lo siguiente; "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. II. [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas de manera irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Acorde con la fracción antes invocada el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas de manera irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, los actos reclamados por una parte se hacen consistir en violaciones acaecidas dentro de la averiguación previa 378/2015, que se traducen en las omisiones de representar debidamente a la víctima u ofendido de un delito, y falta de seguimiento en el cumplimiento de las resoluciones dictadas en la citada averiguación que le atribuye al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas y al Primer Subprocurador General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, ambos con sede en Ciudad Victoria; sin embargo, el propio quejoso bajo protesta de decir verdad refiere que se dictó una nueva resolución el diez de enero de dos mil veintidós, circunstancia que cambió la situación jurídica del quejoso, pues con el dictado de la citada determinación quedaron consumadas de manera irreparable las posibles violaciones que pudieran ocurrir al integrarse la averiguación previa, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del agraviado. Tiene apoyo a lo anterior la tesis IV.2o. P.43 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la página 1373, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de dos mil nueve, Materia Penal, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la demanda de garantías por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en las omisiones acaecidas dentro de la averiguación previa 378/2015, que le atribuye al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas y al Primer Subprocurador General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, ambos con sede en Ciudad Victoria, ello con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Por otro lado, en lo tocante al acto reclamado consistente en la resolución de diez de enero del año actual, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 378/2015, del índice de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, por el delito de fraude genérico y/o fraude al salario, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora bien, en el presente caso debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la resolución de diez de enero del año actual, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 378/2015, del índice de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, por el delito de fraude genérico y/o fraude al salario, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, en atención a que previamente a su interposición, el promovente, como ofendido en la averiguación previa de la que derivan los actos que reclama, previo a promover la demanda de garantías que dio origen a este asunto debió haber agotado el medio de defensa que establece el artículo 112, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, mediante el cual pudo ser confirmada o modificada la determinación del no ejercicio de la acción penal, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: "ARTICULO 112. En la averiguación previa el Ministerio Público deberá tomar la declaración del indiciado, excepto cuando esto no sea posible por causas imputable a éste, en dicha declaración se le hará saber el derecho que tiene de abstenerse a declarar, así como nombrar persona de su confianza que lo defienda; si no estuviera detenido, podrá ofrecer las pruebas de descargo que a su interés convenga y el Ministerio Público tendrá la obligación de tomarlas en cuenta al momento de pronunciar su determinación. El Ministerio Público también recibirá las pruebas de descargo que el detenido o su defensor aporten dentro de la averiguación previa y que el tiempo permita y, de no ser así, se tendrán por ofrecidas para admitirse y recibirse, en su caso, dentro del período de preinstrucción, por el Juez de la causa, si se decidiera el ejercicio de la acción penal. Si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan eso datos y, entre tanto, se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos. En cualquier caso que el Ministerio Público determine que no es de ejercerse la acción penal, el denunciante, el querellante o el ofendido, dentro del término de 15 días, contados desde que se les haya hecho saber esa determinación, podrán ocurrir al Procurador General de Justicia para que decida en definitiva si es de confirmarse o modificarse la determinación del no ejercicio de la acción penal. La resolución del Procurador no admite recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad. También se reservará el expediente cuando a criterio del Ministerio Público no esté cubierto el requisito de procedibilidad." Respecto del recurso del medio de defensa, el referido numeral 112 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Tamaulipas, destacan los siguientes aspectos: Procede contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. Conocerá el Procurador General de Justicia. Dicho medio de impugnación se puede interponer dentro del término de 15 días, contados desde que se les haya hecho saber esa determinación. La resolución del Procurador no admite recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que la resolución de diez de enero del año actual, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 378/2015, del índice de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, por el delito de fraude genérico y/o fraude al salario, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, que se reclama, se clasifica en la categoría de determinación del no ejercicio de la acción penal. Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación pronunciada por el Agente responsable, constituye una determinación de la que derivan cargas o efectos en los derechos del aquí quejoso, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 112 del Código adjetivo penal del Estado de Tamaulipas, puede ser recurrida, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de las determinaciones del no ejercicio de la acción penal, sin exclusión alguna. De manera que, la resolución recurrida no se trata de la resolución dictada por el Procurador General de Justicia, que no admite recurso, para que se surtiera la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, previamente era menester agotar el recurso en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación procesal penal en comento. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de garantías, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8°.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos trece, Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA." De igual forma resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el semanario judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo a2, Sexta Parte, visible a página 37, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por consiguiente, en el caso, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que la resolución de diez de enero del año actual, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 378/2015, del índice de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, por el delito de fraude genérico y/o fraude al salario, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el promovente, en su carácter de parte procesal dentro de la averiguación previa del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el medio de impugnación correspondiente, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 112 del Código Adjetivo Penal del Estado, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de garantías, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el promovente estimó ilegal la resolución de diez de enero del año actual, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 378/2015, que se sigue ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, éste se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías mediante el recurso correspondiente, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le pude equiparar a un tercero extraño al procedimiento de origen al ser parte actora y por ende, con tal carácter se integró a la litis. Sólo resta decir que el acto que reclama el promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. No deriva de un procedimiento de restitución internacional de menores. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlo, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución de diez de enero del año actual, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 378/2015, que le atribuye al Agente Segundo del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Rivera Sánchez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por José Luis Rivera Sánchez, a través del cual solicita la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 128/2022-VII. Ahora bien, del estudio integral de la promoción de cuenta, este Juzgado de Distrito advierte que el impetrante de garantías en el apartado relativo a las autoridades responsables designó con tal carácter al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, al Primer Subprocurador General de Justicia en el Estado, ambos con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Agente Segundo del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad. De igual manera, el agraviado, en relación con el acto reclamado, señaló la resolución de diez de enero del año actual, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 378/2015, que se sigue ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, por el delito de fraude genérico y/o fraude al salario, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, por haberse actualizado la figura jurídica de prescripción. Con base en la anterior transcripción, se estima que la demanda de mérito es obscura e imprecisa; por tanto, de conformidad con los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente en cuestión para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, en observancia de lo dispuesto en el numeral 261 en su fracción I, de la Ley de Amparo, aclare la demanda en los términos siguientes: 1). Deberá precisar el estado procesal que actualmente guarda la averiguación previa 378/2015, que se sigue ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador, con residencia en esta ciudad, por el delito de fraude genérico y/o fraude al salario; en particular deberá indicar: 1.1. La fecha en que quedó notificado de la resolución de diez de enero del año actual, dictada en ese procedimiento. 1.2. Si se hizo valer o no por alguna de las partes, recurso o medio ordinario de defensa en contra de la misma. 1.3. De resultar afirmativo el cuestionamiento inmediato anterior, deberá señalar la naturaleza del recurso o medio ordinario de defensa que se hubiera hecho valer en contra de la citada determinación y el estado del mismo. Lo anterior, para que este Tribunal se encuentre en posibilidades de poder analizar sobre la procedencia de lo reclamado en los términos en que se hace la petición y, de esta forma, también las autoridades señaladas con el carácter de responsables tengan certeza de los actos que se les reprochan, ya que es indispensable que lo reclamado en los juicios de garantías sea claro y preciso, para poder establecer la relación procesal. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número, XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III de Marzo de mil novecientos noventa y seis, correspondiente a la Novena Época, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la oscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Apercibido el promovente, que de no dar cumplimiento con lo aquí ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, fracción V, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata. Téngase como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo; asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Miguel Zapién de la Torre, por encontrarse capturada su cédula profesional en el Registro Nacional de Cédulas Profesiones, y así mismo como lo pide en términos del segundo párrafo, última parte del citado numeral a Miguel Zapién Morales y Juan Manuel Rivera Sánchez, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Finalmente, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el presente juicio de garantías. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por medio de lista de acuerdos, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal.

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