José Luis Rendon Rodríguez

Expediente 492/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
492/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • José Luis Rendon Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Luis Rendón Rodríguez. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda ha causado estado. II. Archivo. Consecuentemente, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. III. Destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. IV. Información reservada. Ahora, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a ocho de agosto de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, para conocimiento de la quejosa José Luis Rendón Rodríguez; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. I. Radicación. Se tiene por recibido el escrito de demanda, promovido por José Luis Rendón Rodríguez, por su propio derecho, contra actos que considera violatorios de sus derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, y 16 Constitucionales. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 492/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el no ejercicio de la acción penal en el expediente ESCPA/I/25/2009/2009 que se encuentra radicada en la Agencia Cuarta del Ministerio Público de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad; caso en que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" El principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Octava Época. Registro 216176. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, junio de 1993, materia común, página 252). De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, consiste, en el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa ESCPA/I/25/2009/2009 que se encuentra radicada en la Agencia Cuarta del Ministerio Público de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad. En ese tenor, es claro que dicha determinación puede ser objeto de impugnación a través del medio de control previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el que puede lograrse ante las propias instancias ordinarias (como es el Juez de Control) que se modifique o revoque la determinación de la que se duele el quejoso. En la especie, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018, la Primera Sala del máximo Tribunal del país, determinó que los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, refiere que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Esto, sin dejar de considerar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Asimismo, artículo 258 citado, tiene como finalidad que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese sentido, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, consistente en el medio de defensa innominado que prevé el artículo 258, en cita, en observancia al principio de definitividad. Desde esa perspectiva, es incuestionable que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la determinación de no ejercicio de la acción penal está condicionada a la interposición del mencionado medio de impugnación; ya que se encuentra previsto en una ley formal y material, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no en un reglamento u otro tipo de normatividad inferior; de ahí el medio de impugnación no es optativo, sino obligatorio, por lo que se debe agotar previamente al juicio de amparo. Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia y tesis siguientes: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental". (Jurisprudencia 1a./J. 118/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 162669). "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO RESUELVE ES IMPUGNABLE ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO DEBE AGOTAR ESTE MEDIO DE DEFENSA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra la determinación del Ministerio Público que resuelve el no ejercicio de la acción penal es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución es impugnable ante el Juez de Control, a quien corresponde confirmar o, en su caso, dejar sin efectos la decisión ministerial y ordenar reabrir la investigación". (Tesis aislada I.8o.P.19 P (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Libro 53, abril de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016567). Finalmente, cabe acotar que de acuerdo con la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas por la Ley de Amparo o por nuestro Máximo Tribunal, toda vez que, como manifiesta el quejoso, es parte en la carpeta de investigación y no tercero extraño a la misma; además, no se trata de un acto de privación de libertad que le exima de la obligación de agotar el recurso ordinario antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que, se insiste, estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda por notoriamente improcedente. Apoya a lo anterior los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Séptima Época. Registro 257209. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 12, Sexta Parte, materia común, página 37). "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." (Octava Época. Registro 213455. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, febrero de 1994, materia común. Tesis: XXI.1o.45 K, página 307). "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Décima Época. Registro: 2005039. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación. Diciembre de 2013, materia común. Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.). III. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Erasmo Toledo Hernández y Alfonso García García; y, únicamente en los términos restringidos de dicho numeral, esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos a José Manuel Rojas, en razón de que, como se advierte de la certificación de cuenta, no se encuentra registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

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