Jose Luis Rayon Reyes
Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Luis Rayon Reyes
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, párrafo primero, inciso b), y párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte actora están catalogados como no originales por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que de no recogerlos se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos que reclama del Agente de Tránsito Municipal de Pénjamo, Guanajuato y otros, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 818/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del estudio íntegro de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el acta de infracción con número de folio 25975 y su calificación. Del acto que por esta vía se reclama, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario de defensa en sede administrativa para combatir los actos impugnados. Para demostrar tal aserto, es pertinente destacar que el precepto normativo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El artículo preinserto prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y d) para conceder la suspensión definitiva no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 193142 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 115/99 Página: 448 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Sobre esa base, resulta pertinente destacar que los artículos 249, 251, 255 y 268, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen lo siguiente: [.] "ARTÍCULO 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código." "ARTÍCULO 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor." "ARTÍCULO 255. El actor podrá solicitar: I. La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. [.] "ARTÍCULO 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." De la interpretación sistemática de las disposiciones referidas se advierte, en lo que interesa, que en los casos en que los actos y resoluciones administrativas emitidas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal, afecten intereses de particulares, podrá solicitarse su nulidad mediante su impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; asimismo, en la respectiva demanda también puede pedirse las suspensión de sus efectos en tanto se pronuncie sentencia definitiva. Así, se concluye que el juicio correspondiente tiene por objeto anular cualquier clase actos emitidos por las autoridades de la administración pública estatal y procede, en el caso concreto, respecto de que aquellos que afecten intereses de particulares. Por su parte, los artículos 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen: "ARTÍCULO 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: [.] I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; [.]" "ARTÍCULO 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: [.]" I. En primera instancia: a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; En la especie, como se estableció en párrafos precedentes, la parte quejosa hace consistir como acto reclamado el acta de infracción de número de folio 25975 y su calificación. De lo anterior, es de concluir que contra el acto en estudio procede el juicio contencioso administrativo en términos de lo previsto por los artículos 249, 251, 255 y 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en relación con los diversos ordinales 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por ser la instancia a través de la cual tal determinación puede ser anulada. Se arriba a tal aserto porque no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1. Del estudio integral de la demanda no se advierte que el quejoso alegue violaciones directas a la constitución. 2. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé la tramitación del juicio contencioso administrativo mediante el cual se puede nulificar el acto impugnado, y no así un reglamento; y, 3. En la substanciación de ese sumario puede solicitarse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que la codificación que lo regula establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y los diversos numerales 268 a 278 del citado código, se obtiene que los requeridos para su procedencia, tanto en el juicio contencioso administrativo como en vía constitucional, resultan ser esencialmente iguales, por lo siguiente: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así como la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -juicio contencioso administrativo- no exigen mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados objeto de análisis. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1536, tomo II, libro 17, abril de 2015, Décima Época, con número de registro 20088914. Luego, como el acto en estudio en el presente juicio es susceptible de ser anulado mediante el referido medio de impugnación, sin que fuera agotado, se considera que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio deamparo. Así, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *****, se le tiene como autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a las partes para que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación no procesal por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28, del Acuerdo General multicitado6, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la utodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación
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