Jose Luis Rangel Alcazar
Expediente 1608/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1608/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2016
Partes del expediente
- Jose Luis Rangel Alcazar
Actuaciones
- Principal
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO DE LA SUPERIORIDAD, MEDIANTE EL CUAL INFORMA, ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA INTERPUESTO; ATENTO A ELLO, ESTE JUZGADO TOMA CONOCIMIENTO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Héctor Izquierdo, a favor de José Luis Rangel Alcázar, contra actos del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y otras autoridades, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente impreso y el electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1608/2016. Con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 164 de la Ley de Amparo, y por tratarse de un acto que afecta la libertad personal del quejoso (orden de arresto), atribuida a una autoridad administrativa distinta del Ministerio Público, al parecer sin relación con la comisión de un delito; por tanto, SE CONCEDE DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO (ORDEN DE ARRESTO), para el efecto de que cese de inmediato la detención y se deje al quejoso José Luis Rangel Alcázar, en inmediata libertad; apercibidas que de no hacerlo, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [...]" Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, página 984, que establece: "ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si se negara a la quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en un arresto de tres días que le fue impuesto por la autoridad judicial, quedaría el amparo sin materia, puesto que sufriría desde luego tal arresto". Así como, en lo conducente, la jurisprudencia 75/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 18, que establece: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento." La suspensión sólo se concede por el arresto administrativo a que se refiere la demanda de amparo y no implica que ésta se otorgue ni surta efectos respecto de actos diversos, como la comisión de algún ilícito penal que se atribuya al quejoso, sea o no por un delito grave así calificado por la legislación, para evitar el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; que exista una razón o caso urgente que autorice su detención; que se le sorprenda en flagrancia cometiendo uno o varios delitos, ya sea en forma individual o conjuntamente; por lo que, de actualizarse alguno de estos supuestos deberá ser puesto a disposiciones del Ministerio Público. Asimismo, se hace la aclaración de que la medida suspensional que se concede no autoriza, de ninguna manera y por ningún motivo, que el quejoso pueda conducir vehículos, bajo el influjo de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Toda vez que la demanda fue promovida por diversa persona al directamente interesado, con fundamento en el artículo 17 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, un vez puesto en libertad, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, y hecha la notificación correspondiente requiérase al quejoso, para que en ese momento, o en el término de tres días, legalmente computados, manifieste si es su voluntad ratificar el escrito de demanda presentado en su nombre, y para el caso de que opte por hacerlo con posterioridad a la notificación, se constituya en el local que ocupa este Juzgado con identificación oficial vigente, para que ante la presencia del funcionario judicial correspondiente la ratifique; apercibido que de no hacerlo así, de conformidad con el párrafo tercero del invocado artículo, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial a efecto de que realice las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. En términos del artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica. Con fundamento en el artículo 12, parte final del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados solamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Por otro lado, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a favor de la parte quejosa únicamente una copia certificada del presente proveído, previa razón que por su recibo deje en autos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y numeral 8 de las Reformas al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que aun cuando las partes no manifiesten dicha oposición, conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, si se tratare de resoluciones que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectarles de algún modo la dignidad personal o que puedan causar un daño irreparable, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada; a excepción de su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con el secretario Enrique Marcial Islas Tolentino, que autoriza y da fe. Doy fe.
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