Jose Luis Ramos Alcazar

Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
539/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos de Bochil y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
  • Jose Luis Ramos Alcazar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Sin que pase desapercibido para este Juzgador, que en la lista de publicación del auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo , se indicó el nombre de la autoridad responsable, sin embargo, tomando en consideración que se asentó la fecha y síntesis correcta del proveído, aunado a que en auto de trece de abril del año en curso, se autorizó a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, por lo cual, se encontraba en aptitud de corroborar el contenido del citado proveído de forma íntegra, no se considera necesario, ordenar nuevamente su publicación. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. En ese sentido, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a los autos el escrito recibido en línea, por medio del cual ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés; sin embargo, dígase que carece de atribuciones legales conforme con lo establecido por el citado artículo 12 de la ley de la materia; por tanto, no resulta posible acordar de conformidad lo que peticiona. Lo anterior, toda vez que, el ejercicio de la acción constitucional corresponde a la quejosa o a su representante y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, la aclaración de la demanda, sólo puede ser realizada por la quejosa o su representante y no por la autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ello, tomando en consideración que el autorizado de la impetrante cuenta con facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación, de ahí que no proceda acordar favorable el escrito mencionado. Tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia 2a. 9 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 295, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." No pasa inadvertido que los criterios jurisprudenciales citados interpretan el artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, sin embargo, su contenido es análogo al establecido en el numeral 12 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por lo que, dichos criterios no se oponen al contenido de la ley de la materia en vigor. Además, el Alto Tribunal ya determinó que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse, "bajo protesta de decir verdad", antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse la demanda relativa, pues constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Décima Época, con registro digital 2007285, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo en vigor que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, Décima Época, con registro digital 2018943, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." De lo anterior se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, sostiene el criterio de que el autorizado del impetrante no cuenta con facultades para realizar actos que deban provenir directamente de la voluntad de la parte interesada, como lo serían el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de la Fiscal del Ministerio Público Unidad de Investigación y Judicialización Uno, de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado remite copia certificada que corresponden a las actuaciones realizadas dentro de la carpeta de investigación ******* Al efecto, con su contenido, dése vista al promovente del amparo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por exhibido y admitido la documental que anexa ....

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