JOSE LUIS RAMIREZ TELLEZ (DEFENSOR) y Otros.
Expediente 532/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSE SILVERIO SEBASTIAN AGUIRRE SANCHEZ y Otros.
- Jose Luis Ramirez Tellez (Defensor)
- JOSE LUIS RAMIREZ TELLEZ (DEFENSOR) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinte de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del veintiséis de octubre al veintiuno de noviembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 60 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo solicitado por José Silverio Sebastián Aguirre Sánchez, a través de su defensor particular José Luis Ramírez Téllez, para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el proceso penal 251/2016 de su índice: a) Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil diecisiete, por la cual fijó los montos a efecto de que el procesado accediera al beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en esta resolución, es decir: b.1) Para aplicar la respectiva caución personal, analice las características del inculpado, los elementos de naturaleza, modalidades y circunstancias del delito y, conforme a lo anterior, realice un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le imponga. b.2) En relación a la cantidad fijada por concepto de multa, de considerar que no se debe fijar la mínima relativa al delito que se le sigue en la causa penal de origen, deberá motivar las razones que lo llevaron a considerarlo de esa manera. b.3) Referente al rubro de reparación del daño: - Exponga con qué medios de prueba del proceso penal, se apoyó para determinar la cantidad que fije y, qué infirió de los medios de prueba que invoque; y, - Explique porqué tales probanzas son las idóneas para demostrar la cantidad que por ese rubro señaló, exponiendo de forma detallada el porqué de la cantidad que determine." Determinación contra la cual el tercero interesado interpuso recurso de revisión (foja 105), del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-228/2017, confirmó la sentencia recurrida (fojas 132 a 175). Así, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 176 a 178), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al juez responsable. Mediante oficio 8009 de tres de octubre de dos mil diecisiete (fojas 182 a 185), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió inserta copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 251/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de mayo de dos mil diecisiete. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a fijar los montos a efecto de que el quejoso José Silverio Sebastián Aguirre Sánchez, accediera al beneficio de la libertad provisional bajo caución. Determinación de la cual se advierte que, respecto al concepto de caución personal del quejoso, analizó las características del inculpado, los elementos de naturaleza, modalidades y circunstancias del delito y, conforme a lo anterior, realizó un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que le impuso, al referir: "I.- ANTECEDENTES DEL ACUSADO. II.- GRAVEDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO IMPUTADO. III.- EL MAYOR O MENOR INTERÉS QUE PUEDE TENER EL ACUSADO EN SUSTRAERSE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. IV.- CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ACUSADO. V.- LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE SE OFREZCA. Asimismo, debemos establecer que la conducta del procesado JOSÉ SILVERIO SEBASTIÁN AGUIRRE SÁNCHEZ al haber intervenido de manera directa en los hechos que se le imputan de manera probable hasta el momento, además de que no existe demostrada en autos posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, aunado a que como ya se ha advertido sus posibilidades económicas son bajas, por lo que resulta procedente fijar por concepto de libertad caucional la cantidad de $21,900.00 (veintiún mil novecientos pesos 00/100 m.n.), monto que corresponde a la mínima de la sanción, que prevé el delito pro el que se acusa a dicho procesado (tres años), que equivale a 1095 días, lo que esta autoridad multiplica por la cantidad de $20.00 veinte pesos, que es el veinte por ciento de su ingreso diario, con lo que se considera no se afecta la subsistencia del procesado y por lo tanto resulta asequible a sus posibilidades económicas." (foja 182 vuelta). Por otro lado, el juez de la causa al fijar el monto por concepto de multa, consideró fijar la mínima relativa al delito que se le sigue en la causa penal de origen, al referir: "Por otro lado, por concepto de multa se fija la cantidad de $10,515.00 (diez mil quinientos quince pesos 00/100 m.n.), cantidad que equivale a 150 quinientos (sic) días de salario mínimo vigente en el lugar y época en que sucedieron los hechos cantidad que se fija atendiendo a que el delito se cometió en la jurisdicción del distrito judicial de Cholula, que pertenece al estado de Puebla, entidad federativa que se ubica en el zona B de la tabla de Salarios Mínimos, expedida por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que le corresponde la cantidad de $70.10 (setenta pesos con diez centavos), monto que se fija además tomando en consideración las condiciones económicas del acusado, que ya se han establecido, por lo cual se impone la mínima del parámetro que indica el delito por el que se instruye la presente causa penal." (foja 182 vuelta). Por cuanto hace al concepto de reparación del daño, juez expuso los medios de prueba del proceso penal en los que se apoyó para determinar la cantidad que fijó, y el por qué los mismos eran los idóneos para fijar dicha cantidad, al establecer: "Finalmente, por lo que hace a la reparación del daño y tomando en consideración que el delito por el que se instruye la presente causa penal ROBO EQUIPARADO, ilícito previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción IV, 388 y 377 en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Jorge Montes Novoa, es un delito de los que protegen el bien jurídico tutelado que en este caso es el patrimonio de las personas, esto de acuerdo al capítulo décimo octavo del Código Penal para el Estado, no se establece monto por lo que hace a la reparación del daño moral, pero sí fija monto por lo que hace a la reparación del daño material, el cual tomando en consideración que debe ser tomando en cuenta los siguientes parámetros: (.) De lo anterior es que se fijan la cantidad de $761,160.0 (setecientos sesenta y un mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de la reparación del daño material a favor del agraviado Jorge Montes Novoa, en virtud de que de autos lo declarado por el agraviado Jorge Montes Novoa, de fecha 23 de noviembre de 2015 dos mil quince (foja 3-6), ante el representante social investigador, de la que resultó:. La diligencia de fe de documentos. Así como el dictamen en documentoscopía." (fojas 182 vuelta a 184 vuelta). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintiocho de septiembre pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-228/2017, relativo a la revisión interpuesto por la parte tercero interesada en el presente juicio contra la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, así como los autos originales de dicho juicio y un tomo de pruebas; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos únicamente lo originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE al quejoso José Silverio Sebastián Aguirre Sánchez, contra el acto y autoridad precisados en el considerando primero de esta resolución. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyo efectos son: "(.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo solicitado por José Silverio Sebastián Aguirre Sánchez, a través de su defensor particular José Luis Ramírez Téllez, para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el proceso penal 251/2016 de su índice: a) Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil diecisiete, por la cual fijó los montos a efecto de que el procesado accediera al beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en esta resolución, es decir: b.1) Para aplicar la respectiva caución personal, analice las características del inculpado, los elementos de naturaleza, modalidades y circunstancias del delito y, conforme a lo anterior, realice un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le imponga. b.2) En relación a la cantidad fijada por concepto de multa, de considerar que no se debe fijar la mínima relativa al delito que se le sigue en la causa penal de origen, deberá motivar las razones que lo llevaron a considerarlo de esa manera. b.3) Referente al rubro de reparación del daño: - Exponga con qué medios de prueba del proceso penal, se apoyó para determinar la cantidad que fije y, qué infirió de los medios de prueba que invoque; y, - Explique porqué tales probanzas son las idóneas para demostrar la cantidad que por ese rubro señaló, exponiendo de forma detallada el porqué de la cantidad que determine. (.)" Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por la Juzgadora Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, este cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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