Jose Luis Ramirez Salgado
Expediente 423/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Luis Ramirez Salgado
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de ***. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio laboral de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificado el presente auto, informe si ya fueron notificados los codemandados en el juicio de origen y en su caso remita constancias que así lo acrediten; asimismo, informe si a esta data se encuentra debidamente preparada la audiencia de ley; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos para resolver el incidente de pago de daños y perjuicios con motivo de la suspensión definitiva concedida en el incidente relativo al juicio de amparo 894/2018, promovido por el tercero interesado **********; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso presentado el cinco de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, turnado al día siguiente al Juzgado Cuarto de Distrito, José Enrique Ramírez García solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- ORDENDORA: 1.- EL MAGISTRADO DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO B) EJECUTORA: 1.- EL C. ACTUARIO ADSCRITO AL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora la ilegal orden de desposesión material y jurídica de la parcela ***********, y de la responsable ejecutora reclamamos (sic) la ejecución de la orden de desposesión que pretende llevar a cabo la responsable ordenadora" SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; la cual registró con el número de expediente 894/2018; solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A las nueve horas con veintiocho minutos del diez de diciembre de dos mil dieciocho, inició la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo; se abrió la etapa probatoria, en la que tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de las partes; concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que hizo constar que únicamente el tercero interesado los formuló, con lo que cerró dicho período. Mediante oficio de nueve de enero de dos mil diecinueve, se remitió el juicio de amparo al Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Uruapan, Michoacán, a fin de dictar la resolución correspondiente, la que se emitió el quince de febrero de dos mil diecinueve, en el que resolvió: ".PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Enrique Ramírez García contra los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución." Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el recurso de revisión 122/2019, en el que mediante ejecutoria de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, confirmó el fallo recurrido. Contra dicha ejecutoria de la superioridad, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, por lo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, ordenó la remisión de constancias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se radicó tal medio de impugnación bajo el expediente 1158/2019, desechándose el mismo. Respecto de ese fallo, el quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual fue radicado con el número 283/2020, mismo que mediante ejecutoria de veintinueve de julio de dos mil veinte, se declaró infundado, teniéndose por confirmado el acuerdo recurrido; determinación que fue recibida en estos autos, mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte. TERCERO.- TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como se ordenó en el cuaderno principal, por acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, se formó por duplicado el incidente de suspensión, negándose en parte y a su vez concediéndose la medida suspensional; por lo que seguido en el trámite correspondiente, el catorce de junio de dos mil dieciocho, se resolvió sobre la suspensión definitiva, negándose y concediéndose la misma, para los siguientes efectos: ".Respecto del acto precisado en el inciso b), consistente en las consecuencias derivadas del indicado en el inciso a), con fundamento en los artículos 128 y 151 de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento, la autoridad responsable se abstenga de desposeer al quejoso de la parcela ***********, respecto del cual refiere tener la posesión derivada del contrato privado de arrendamiento que celebró con ************, hasta en tanto se declare ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia... .-Garantía- La suspensión que se concede surte efectos de inmediato pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe dentro del término de cinco días siguientes a la notificación por lista de este proveído, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a disposición de este juzgado de distrito, con el objeto de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a las partes en el juicio de origen, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se dicte en el cuaderno principal de donde deriva este incidente; cantidad que se fija de manera discrecional en términos de lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, en razón de que no se cuenta con mayores datos para ello." En auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito número ********, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, moneda nacional), con el objeto de garantizar la suspensión definitiva concedida. TERCERO. INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Mediante acuerdo de primero de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito del tercero interesado **********, por el que promovió incidente de daños y perjuicios que a su consideración se le ocasionaron con la medida cautelar concedida; incidencia que previo desahogo del requerimiento de ratificación, fue admitida a trámite el nueve de octubre del mismos mes, dándose vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Finalmente, el doce de marzo de dos mil veintiuno, se señaló fecha y hora para la audiencia a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo, la que se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este incidente de daños y perjuicios, atento a lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 242 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dice: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS.- Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven". SEGUNDO. FIJACIÓN DE LO RECLAMADO. Francisco García Ramírez, en su carácter de tercero interesado, reclama el pago de daños y perjuicios con motivo de la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, pues aduce que como consecuencia de la medida cautelar, se le han vulnerado sus derechos. TERCERO. ANÁLISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto al incidente que nos ocupa, es necesario, en primer término, acudir al contenido de los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos prevenidos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente". Del primer numeral se advierte que en los casos que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a la parte tercero interesada, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causaren en caso de no obtener sentencia favorable. Por su parte, en el segundo de los artículos se regula el incidente que nos ocupa, y establece la posibilidad de la parte tercero interesada de hacer efectiva en vía incidental, la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgue con motivo de la suspensión, esto es, la ley prevé un medio para que se pueda resarcir la afectación sufrida con motivo de los daños o perjuicios ocasionados con la paralización de la ejecución del acto reclamado. Ahora, para la procedencia del incidente por el que se reclame cantidades otorgadas como garantía para cubrir los daños y perjuicios ocasionados, es necesario que concurran los siguientes elementos: a).- La presencia de un tercero interesado en el juicio de amparo; b).- El otorgamiento de la media cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; c).- La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y d).- La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA. El incidente contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo tiene como objetivo restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. En ese tenor, la procedencia del incidente está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Además, para el caso en particular, también debe considerarse la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 148, de rubro y texto que dicen: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista. De la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia aludida se advierte, respecto al incidente de daños y perjuicios en el que la parte tercero interesada aduzca que ante la suspensión del acto reclamado no pudo disponer del inmueble controvertido, lo siguiente: - Que en la exposición del escrito incidental el tercero interesado debe expresar como hechos relevantes, aquellos en los que sustenta la generación de los daños o de los perjuicios que reclama. - Que al actor incidentista corresponde la carga; primero, de manifestar en los hechos de su escrito inicial en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa (causa-efecto) con la inejecución del acto reclamado (derivada del otorgamiento de la medida cautelar en el juicio de garantías) y, en segundo lugar, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. - Que si la afectación al patrimonio puede ocurrir ya sea por el daño o bien, por el perjuicio sufrido, es necesario establecer en primer orden en qué consiste cada uno de esas privaciones, a fin de dilucidar si el estándar de prueba requerido para cada uno de esos supuestos es idéntico o si en uno y otro caso existen divergencias que ameriten un análisis diferenciado. - Conforme a los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el daño constituye un dato cierto y objetivo, en tanto que el perjuicio se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, de donde se colige que en cada caso se requiere un estándar de prueba diferente, porque diferente es la calidad de los hechos que, en cada supuesto, debe demostrar el tercero perjudicado. - Cuando la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños (pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio), es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su haber patrimonial como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y que, en su momento, los demuestre. - Se expone a manera de ejemplo que, si el tercero interesado afirma que, ante la imposibilidad de usar el inmueble de su propiedad se vio en la necesidad de arrendar otro inmueble, cuyo pago de rentas originó una disminución a su patrimonio, es necesario que, entre otros hechos, manifieste en su escrito incidental esa circunstancia, esto es, la celebración del contrato de arrendamiento respectivo y obviamente, que ofrezca las pruebas pertinentes que demuestren sus asertos (la forma escrita del contrato de arrendamiento, pruebas testimoniales, etc.), ya que en este caso, el estándar de prueba debe ser de alta calidad, porque la garantía que se pretende hacer efectiva se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual, la indemnización (indemne, dejar sin daño) constituye propiamente la reparación del quebranto o la merma que, en su patrimonio efectivamente ha sufrido el tercero interesado. - En ese sentido, para demostrar los daños aducidos y que estos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues solo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si estos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. - Asimismo, que con relación a los perjuicios, no puede darse el mismo trato, pues por su propia naturaleza al ubicarlos en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante; tal definición per se obliga al incidentista a exponer los hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca el interesado y de las que, a su vez, allegue el quejoso. - De esa forma, debe partirse de la base de que en la narración de hechos el actor incidentista ha de señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, esto es, debe hacer una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. - Que aunque en su petición el actor incidentista pueda afirmar la existencia de algún negocio o acto específico cuya realización no alcanzó a concretarse por la falta de disposición del bien inmueble, esto no significa que en el preciso tema de los perjuicios, el juzgador de amparo deba exigir siempre la existencia de un concierto de voluntades de esa naturaleza (de que alguien estaba interesado en el bien inmueble ya sea para comprarlo o alquilarlo) pues, por tratarse los perjuicios de situaciones posibles, es válida y suficiente la afirmación de asertos que arrojen una alta probabilidad de haber percibido los beneficios reclamados si se hubiera tenido la disposición del bien, las razones o bases que sustentan esa aseveración y los datos que permitan cuantificarlos; así como su demostración con las pruebas necesarias. - Así, las pruebas que en ese caso ha de ofrecer el tercero interesado si bien no ameritan un estándar de alta calidad (como en el caso en que se afirma la existencia de un acto que se vio frustrado por la indisponibilidad del bien inmueble) sí deben ser aptas para demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá también de los elementos de convicción que a su vez ofrezca el quejoso. - Que a modo de ejemplo, cuando el tercero interesado afirma que, con motivo de la suspensión definitiva, se dejó de percibir una ganancia lícita (frutos civiles) por carecer del uso o de la libre disposición del bien raíz, en virtud de que estuvo en posibilidad de arrendar dicho bien y, al efecto, ofrece las pruebas consistentes en pericial en materia inmobiliaria, valuación de bienes, documentales como publicaciones de periódicos o de revistas sobre la renta de bienes en la zona, etcétera; y las aseveraciones de dicho incidentista no son desvirtuadas por el quejoso con pruebas encaminadas a reducir el grado de probabilidad sobre la rentabilidad del inmueble, el juzgador está en aptitud de resolver lo conducente una vez valoradas las pruebas ofrecidas, sin necesidad de requerir al tercero interesado prueba de algún acto específico que demuestre que, invariablemente, el bien se iba a rentar, pues en ese evento basta que se demuestre la probabilidad de lo dicho, es decir, que sí había base de que esa ganancia pudo haberse obtenido. - Además, que los extremos que debe colmar el tercero interesado para ver acogida su pretensión, el juez de amparo debe considerar en qué se sustenta aquélla, esto es, en la generación de daños o en la generación de perjuicios, siendo que en los primeros, éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo pero es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues solo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si estos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. - Por cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero interesado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble, basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. - Finalmente, que el grado de probabilidad de los hechos aducidos dependerá de las pruebas que ofrezca el tercero perjudicado y de las que, a su vez, allegue el quejoso. Atento a lo anterior, se estima que, en la especie, se encuentran reunidos los primeros tres elementos antes referidos. En efecto, el primero se justifica porque la incidencia en cuestión fue promovida por la parte tercero interesada en el presente juicio de amparo, a quien se le reconoció con dicha calidad. En relación al segundo de ellos, queda satisfecho pues el catorce de junio de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa, la medida cautelar consistente en la suspensión definitiva de la ejecución de los actos reclamados, medida que fue condicionada al otorgamiento de una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue exhibida por el peticionario de amparo para que siguiera surtiendo sus efectos. Por lo que hace al tercer elemento, también ha quedado satisfecho, ya que el quince de febrero de dos mil diecinueve, se emitió la sentencia en la cual se determinó sobreseer en el juicio (fojas 150 a 1159), la que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en ejecutoria relativa a la sesión de catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, el cuarto elemento de esta acción incidental consistente en la demostración plena a cargo de la incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, conforme a los requisitos establecidos en la jurisprudencia antes citada, no se justifica, por los siguientes motivos. Primeramente, debe recordarse que los daños y los perjuicios a que hace referencia el artículo 156 de la Ley de Amparo, son conceptos distintos en términos de lo que disponen los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal, que a la letra dicen: "Artículo 2,108.- Se entiende por daño la perdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2,109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." De la transcripción, se puede observar que los daños consisten en la pérdida o menoscabo al patrimonio de la parte tercero interesada, por la falta de cumplimiento de una obligación y, por tanto, debe satisfacer los siguientes requisitos de procedencia: Un menoscabo a su patrimonio. Una situación concreta que generó ese menoscabo o pérdida. Una relación causa-efecto, de que esa afectación es consecuencia inmediata de la concesión de la suspensión a la quejosa. Elementos que deben comprobarse de forma objetiva y plenamente, empero, en la presente incidencia ello no ocurrió, ya que la tercero interesada no ofreció ningún medio de convicción y se limitó a exponer que con motivo de la medida suspensional otorgada a su contra parte se "han vulnerado" sus derechos. Ahora, a pesar de que con la medida cautelar decretada en el presente juicio, se impidió a la ahora incidentista continuar con la ejecución de la sentencia definitiva y poder obtener la entraga material de la parcela materia de la controversia agraria, lo que en cierta forma afectó su derecho ya que no pudo usarlo para sí mismo, arrendarlo o venderlo, sin embargo, también es verdad que la accionante dejó aportar elementos de convicción para demostrar en qué medida y grado fue la pérdida o menoscabo en su patrimonio, es decir, elementos para medir a través de la estimación en valor económico, el perjuicio causado. Además, el hecho de que se haya exigido la exhibición de la garantía para que siguiera surtiendo sus efectos la medida cautelar, por sí misma no implica la procedencia automática de los daños que se reclamaron, toda vez que como lo consideró nuestro máximo Tribunal en la ejecutoria antes relatada, debe existir prueba fehaciente de una situación concreta que haya generado el menoscabo y, además, como se acaba de sostener, comprobar en qué medida y grado fue, lo que no ocurre en el caso, y la exhibición de la garantía como se dijo, es un requisito de efectividad de la medida cautelar, sólo para la hipótesis de que se generen daños y perjuicios. En otras palabras, es una mera probabilidad que debe ser demostrada de forma posterior en el incidente respectivo que como se ha visto, en lo que toca al rubro de daños, no quedó acreditada su generación en detrimento del actor incidental. Ahora, en lo que toca a los perjuicios reclamados, es importante reiterar que estos consisten en la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido la parte tercero interesada de haber incorporado en su esfera jurídica desde que se concedió la suspensión, la prestación pecuniaria a la que tuviera derecho. Derivado de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que si bien los elementos no debían probarse objetivamente o con prueba plena, la incidentista debía cumplir con lo siguiente: Exponer razonadamente hechos creíbles por los cuales surgiría la ganancia de la que se le privó. Que esos datos revelaran una alta probabilidad para definir de modo verosímil y aceptable que, de haber tenido la disposición del inmueble, se habrían generado las ganancias respectivas. Proporcionar las bases para la cuantificación de los perjuicios y probarlas. Elementos que a juicio de esta juzgadora tampoco quedaron probados, pues de la lectura del escrito relativo, se advierte que el incidentista no formuló aseveración alguna para demostrar cómo se actualiza dicha hipótesis, de tal manera que no expuso razonadamente los datos que revelaran esa probabilidad y mucho menos las bases para la cuantificación de los perjuicios. En efecto, en la presente incidencia no se proporcionaron las bases para la cuantificación de las posibles ganancias que pudiera haber obtenido el tercero interesado de disponer de la parcela motivo de la medida suspensional, a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud de resolver lo conducente; de ahí que no se pudo obtener indicios del monto que haya dejado de percibir por no tener la posesión del inmueble involucrado. Tampoco le benefician al accionante, las actuaciones del presente juicio de amparo, ya que aun cuando tengan valor probatorio, son insuficientes para demostrar plenamente la afectación que aduce haber resentido por la no disposición del inmueble controvertido, y si bien se acredita la imposibilidad que tuvo para tomar posesión de dicho bien, por virtud de la suspensión definitiva concedida a la quejosa, eso por sí sólo no demuestran la causación de los daños y perjuicios reclamados, el nexo causal de ello, y menos porque dejó de aportar su cuantificación como se exige. Tiene aplicación al caso concreto la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, junio de dos mil dos, página 649, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE CON LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CARGA DE LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RELATIVO. Del texto de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable; y que el que pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de esa garantía, debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de la suspensión, cuando la sentencia no sea favorable al accionante de amparo. Lo anterior, sin duda, pone de manifiesto que corresponde al promovente del incidente relativo la comprobación de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada y, bajo ningún supuesto, es dable sostener que la carga probatoria debe arrojarse a la parte quejosa, ya que ésta no se encuentra en aptitud de determinar y cuantificar dichos conceptos. Además, al estar debidamente plasmados los requisitos de procedencia de dicho incidente, en los dispositivos mencionados con antelación, no puede válidamente hacerse uso de las reglas que rigen un juicio ordinario, pues la acción incidental del reclamo por daños y perjuicios deriva directamente de la suspensión otorgada en un juicio de garantías". Consecuentemente al no haber demostrado el tercero interesado con prueba alguna los daños y perjuicios que aduce haber resentido con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo indirecto del que deriva la presente incidencia, procede declarar infundado el incidente de mérito, lo que implica que no ha lugar a decretar condena alguna. R E S U E L V E Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por ******, en su carácter de tercero interesado, por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por ***. Prevención Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas, previo a su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracciones IV y 114, fracciones I II y VI, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, con las copias suficientes y bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Primero. Indique de manera clara y concisa cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional; toda vez, que se advierte señala lo es: (.) 1.- La citación de audiencia de juicio oral, por el JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS, puesto que el fiscal de nombre LICENCIADO *** que se encuentra a cargo de la presente causa penal presumiblemente y sin afirmar realizó acto de cohecho y amenazas en contra del señor *** por lo que fueron desechadas sus pruebas que demuestran su inocencia, FALTANDO AL PRINCIPIO DE LEALTAD, ASI MISMO HACERLE DEL CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRA UNA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA POR PARTE DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y VISITADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECIBIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020, RAZÓN POR LA CUAL EL INICIAR EL JUICIO ORAL QUE SE ESTA HACIENDO AL SERVIDOR PUBLICO CAUSARIA DAÑOS IRREPARABLES AL PROCEDIMIENTO (.) sic De igual forma, se advierte de lo manifestado en el segundo punto del apartado de VI. - CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, que la parte quejosa manifestó: "(.) Causa agravio la resolución (auto) dictado en la Audiencia Intermedia, en le presente juicio en fecha 03 de noviembre de 2020, en virtud de que el Juez de origen al resolver que se Declara Excluidos la totalidad de los medios de prueba ofrecidos por la defensa; se concreta establecer que el ministerio público sustento su petición de que los mismos se excluyeran, no permitiendo su admisión los medios de convicción que se ofrecieron por la defensa, argumentando que los mismos fueron ofrecidos de manera extemporánea (.)" sic Segundo. En forma cronológica, detallada, clara y objetiva, bajo protesta de decir verdad, narre cada uno de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, esto, en razón de que los señalados en su ocurso de demanda resultan insufientes. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la litis constitucional y las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado en relación a los actos que en particular se les atribuyen. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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