José Luis Ramírez Salcedo
Expediente 774/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Ramírez Salcedo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por José Luis Ramírez Salcedo, contra actos del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial de Rioverde, San Luis Potosí y otras autoridades, con copias y anexo que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 774/2021-V. De la lectura íntegra de la demanda constitucional, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama lo siguiente: - El descuento o retenciones al salario del quince de abril al treinta y uno de julio de dos mil veinte derivado del embargo al salario ordenado el veintitrés de febrero del año en curso, notificado el veinticuatro de febrero siguiente por lista publicada en estrados. En concepto de esta juzgadora, se actualiza de manera notoria, indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. De lo relatado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se advierte que el tres de septiembre de dos mil veinte se demandó del quejoso, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de $100,000.00 (cien mil pesos 00/00 moneda nacional) y que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno fue enterado de la instauración del juicio de origen seguido en su contra ante el Juez Civil responsable. Diligencia que atendió directamente el ahora demandante y en la que la parte actora solicitó se embargara el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibía aquél. Posteriormente, por acuerdo de veintitrés de febrero siguiente, se ordenó girar oficio a la fuente de trabajo en la que prestaba sus servicios el entonces demandado para que hiciera las retenciones a su salario conforme al embargo decretado sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibí. Este proveído fue notificado por lista de acuerdos el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Con lo anterior cual se evidencia de manera notoria e indudable que a la fecha a transcurrido el plazo genérico de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo. Es así, ya que, como se dijo, el quejoso tuvo conocimiento del embargo decretado sobre su salario en la propia diligencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno y el acuerdo en el que se ordenó a la fuente laboral que realizara las retenciones respectivas se le notificó por medio de lista el veinticuatro de febrero siguiente -con independencia de que el accionante afirme que se enteró de este auto en diversa data, pues mientras esa notificación no sea declarada nula, esta juzgadora está obligada a concederle validez legal-. Luego, si la demanda de derechos fundamentales se presentó hasta el trece de agosto de dos mil veintiuno, es evidente que la promoción del juicio constitucional fue extemporánea, pues transcurrieron con exceso los quince días que para tal efecto otorga el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo mencionado pone de relieve la actualización de la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que es claro que se consintió tácitamente el embargo al salario y la orden de retención que reclama. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Enrique Espino Ramírez y Enrique Salvador Aguilar Muñoz, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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