José Luis Ramírez Osorio

Expediente 1715/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1715/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • José Luis Ramírez Osorio
  • Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    OFICIO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 225/2023 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de marzo de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 337/2022. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución del expediente original, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. Se declara parcialmente fundado del recurso de queja. SEGUNDO. Se encomienda al Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, provea sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por *********" En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se provee: DESECHAMIENTO En primer término, debe precisarse que ********************, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: ". a).- Del C. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en su carácter de autoridad ordenadora, reclamó: La sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, misma que me fue notificada vía electrónica el mismo dos del mes y año que transcurre, mediante el cual se resolvió el RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por ********************, por su propio derecho, en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************de los de este Juzgado, relativo al JUICIO DE OTORGAMIENTO POR ESCRITO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO, promovido por ********************, en contra de ********************. La sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, misma que me fue notificada vía electrónica el mismo dos del mes y año que transcurre, mediante el cual se resolvió el RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por ********************, por su propio derecho, en contra del auto de quince de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************de los de este Juzgado, relativo al JUICIO DE OTORGAMIENTO POR ESCRITO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO, promovido por ********************, en contra de ********************. El proveído dictado el treinta y uno de agosto del año en curso, y notificado el día dos de septiembre de la presente anualidad, mediante el cual se comunicó que el expediente principal fue turnado para el dictado de la sentencia definitiva. b.- De la C. Secretaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, reclamó: La notificación vía electrónica de las sentencias dictadas el dos de septiembre de la presente anualidad, así como del proveído dictado el treinta y uno de agosto del año en curso." SENTENCIAS DICTADAS EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE ESE AÑO Precisado lo anterior, la suscrita advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que ******************** reclama las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, que resolvieron los recursos de reclamación en contra de los proveídos de cuatro de julio y quince de junio de dos mil veintidós; el primero relativo al desechamiento de la prueba documental ofrecida por el actor en el juicio de origen, ordenando confirmar el auto recurrido y el segundo, por el que determinó la inadmisibilidad de la pericial en materia de grafoscopía y caligrafía ofrecida por el aquí quejoso, en virtud de que no se acreditó al momento del ofrecimiento de la prueba la experticia del perito designado para tal efecto. De igual manera, reclama el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la responsable, a través del cual ordenó turnar el expediente ********************, para el dictado de la sentencia definitiva. Dichas determinaciones no son actos de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, los actos que se impugnan no son de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, que resolvieron los recursos de reclamación en contra de los proveídos de cuatro de julio y quince de junio de dos mil veintidós; el primero relativo al desechamiento de la prueba documental ofrecida por el actor en el juicio de origen, ordenando confirmar el auto recurrido y el segundo, por el que determinó la inadmisibilidad de la pericial en materia de grafoscopía y caligrafía ofrecida por el aquí quejoso, en virtud de que no se acreditó al momento del ofrecimiento de la prueba la experticia del perito designado para tal efecto. Así como, el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la responsable, a través del cual ordenó turnar el expediente ********************, para el dictado de la sentencia definitiva, sólo constituyen una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso, la parte inconforme reclama las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, y el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, los cuales no afectan de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** respecto a los autos consistentes en las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, y el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************. NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DE LAS REFERIDAS SENTENCIAS DICTADAS EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y DEL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO En cuanto al acto reclamado consistente en la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en lo conducente dispone: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. (.)" En efecto, del análisis del artículo trascrito, se aprecia que el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado (incidente de nulidad de actuaciones), es procedente contra las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, pues es el recurso idóneo para nulificar las actuaciones reclamadas. De ahí que los actos reclamados deben ser impugnados a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda respecto de la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año. PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.

  2. Principal

    CITATORIO QUEJOSO OFICIO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 225/2023 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de marzo de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 337/2022. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución del expediente original, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. Se declara parcialmente fundado del recurso de queja. SEGUNDO. Se encomienda al Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, provea sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por *********" En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se provee: DESECHAMIENTO En primer término, debe precisarse que ********************, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: ". a).- Del C. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en su carácter de autoridad ordenadora, reclamó: La sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, misma que me fue notificada vía electrónica el mismo dos del mes y año que transcurre, mediante el cual se resolvió el RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por ********************, por su propio derecho, en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************de los de este Juzgado, relativo al JUICIO DE OTORGAMIENTO POR ESCRITO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO, promovido por ********************, en contra de ********************. La sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, misma que me fue notificada vía electrónica el mismo dos del mes y año que transcurre, mediante el cual se resolvió el RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por ********************, por su propio derecho, en contra del auto de quince de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************de los de este Juzgado, relativo al JUICIO DE OTORGAMIENTO POR ESCRITO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO, promovido por ********************, en contra de ********************. El proveído dictado el treinta y uno de agosto del año en curso, y notificado el día dos de septiembre de la presente anualidad, mediante el cual se comunicó que el expediente principal fue turnado para el dictado de la sentencia definitiva. b.- De la C. Secretaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, reclamó: La notificación vía electrónica de las sentencias dictadas el dos de septiembre de la presente anualidad, así como del proveído dictado el treinta y uno de agosto del año en curso." SENTENCIAS DICTADAS EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE ESE AÑO Precisado lo anterior, la suscrita advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que ******************** reclama las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, que resolvieron los recursos de reclamación en contra de los proveídos de cuatro de julio y quince de junio de dos mil veintidós; el primero relativo al desechamiento de la prueba documental ofrecida por el actor en el juicio de origen, ordenando confirmar el auto recurrido y el segundo, por el que determinó la inadmisibilidad de la pericial en materia de grafoscopía y caligrafía ofrecida por el aquí quejoso, en virtud de que no se acreditó al momento del ofrecimiento de la prueba la experticia del perito designado para tal efecto. De igual manera, reclama el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la responsable, a través del cual ordenó turnar el expediente ********************, para el dictado de la sentencia definitiva. Dichas determinaciones no son actos de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, los actos que se impugnan no son de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, que resolvieron los recursos de reclamación en contra de los proveídos de cuatro de julio y quince de junio de dos mil veintidós; el primero relativo al desechamiento de la prueba documental ofrecida por el actor en el juicio de origen, ordenando confirmar el auto recurrido y el segundo, por el que determinó la inadmisibilidad de la pericial en materia de grafoscopía y caligrafía ofrecida por el aquí quejoso, en virtud de que no se acreditó al momento del ofrecimiento de la prueba la experticia del perito designado para tal efecto. Así como, el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la responsable, a través del cual ordenó turnar el expediente ********************, para el dictado de la sentencia definitiva, sólo constituyen una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso, la parte inconforme reclama las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, y el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, los cuales no afectan de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** respecto a los autos consistentes en las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, y el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************. NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DE LAS REFERIDAS SENTENCIAS DICTADAS EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y DEL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO En cuanto al acto reclamado consistente en la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en lo conducente dispone: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. (.)" En efecto, del análisis del artículo trascrito, se aprecia que el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado (incidente de nulidad de actuaciones), es procedente contra las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, pues es el recurso idóneo para nulificar las actuaciones reclamadas. De ahí que los actos reclamados deben ser impugnados a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda respecto de la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año. PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la perito oficial ******, por medio del cual informa que el equipo videocomparador especial CSC 8000, presentó fallas al momento de su uso, por lo que no es posible que realice el estudio correspondiente y emita su dictamen, hasta en tanto se realice la reparación del citado equipo; de lo que se toma conocimiento.

  4. Principal

    AVISO QUEJOSO R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en los términos del considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Se hace la precisión que esta sentencia se emite con fundamento en lo establecido en el Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de dos mil veintidós, y de la Circular CAR 7/CCNO/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el uno de septiembre de dos mil veintidós, y se remite vía electrónica a través de la base de datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), para que el Juzgado auxiliado esté en condiciones de acordar lo que en derecho proceda.

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