José Luis Ramirez León
Expediente 1935/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1935/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2018
Partes del expediente
- José Luis Ramirez León
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio por medio del cual el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, devuelve diligenciado el exhorto 438/2017 (orden 702/2017), librado en autos con la finalidad de notificar el auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete a la parte quejosa. Háganse las anotaciones respectivas. De las constancias de mérito se advierte que el quejoso realizó manifestaciones al momento de la notificación en comento, previa certificación de la misma, remítasele al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, en razón de que por auto de veinticuatro de enero del año que trascurre, aceptó la incompetencia planteada por este juzgado.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario Encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, acusa recibo del original del amparo 1935/2017; asimismo, comunica que se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del mismo, registrando el expediente con el número 10/2018-II, en esas condiciones, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del juicio por conocimiento previo a diverso juzgado federal.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda promovida por José Luis Ramírez León; regístrese bajo el número 1935/2017-II-A. INCOMPETENCIA. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia del presente asunto, por lo siguiente: La competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que el promovente señala como actos reclamados: ".IV. Actos reclamados..la cancelación del memorándum SGOB/CNS/OADPRS/CFRS7/DG/1725/2017 y la cancelación de llamadas con su defensor particular.". Entonces, se puede concluir que el promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material, toda vez que las consecuencias de ese acto son que al amparista ya no se le permita realizar llamadas extraordinarias con su defensor particular y personas de confianza, que habían sido autorizadas con anterioridad y con una vigencia de doce meses. Ahora, bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló como su domicilio el siguiente ".interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango.". Además, afirmó que se encuentra recluido en ese lugar, y que el día cinco de diciembre del año en curso, en la circular CFRS7/DG/046/2017, la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste", determinó cancelar todas las llamadas extraordinarias de manera quincenal, con defensores y personas de confianza, que habían sido autorizadas con anterioridad y con una vigencia de doce meses. Por tanto, es inconcuso que los actos reclamados deberán tener ejecución material en el lugar señalado por el quejoso como su domicilio, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango; lo anterior, en virtud de que en dicho centro de reclusión es donde el amparista resiente los efectos del acto; por tanto, el juez competente para conocer de dichos actos es aquel que tiene jurisdicción donde se traten de ejecutar los actos reclamados. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, esto es, el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. En tales condiciones, de conformidad con el 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído de manera personal a José Luis Ramírez León, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7 "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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