José Luis Ramirez Guajardo
Expediente 2957/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2957/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Luis Ramirez Guajardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son 21/03/24 08:17:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.17.a1 Ana Marina Lineth Fuentes Hernández susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. juanpa 7
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 2957/2022-II
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Reynosa, Tamaulipas, once de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tienen por recibidos los oficios 1579/2023-DJ y 1578/2023-DJ, enviados por el Director de Tránsito y Vialidad y Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, residentes en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las mencionadas autoridades responsables rindiendo su informe justificado; ahora bien, con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables a su oficio de cuenta, así como sus informes justificados, se desprende que las mismas dieron contestación a la petición realizada por el aquí quejoso, en su escrito de trece de octubre de dos mil veintidós, presentado en esa propia fecha, cuya omisión a proveer reclama en este juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, incisos c) y k), y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de quince días, computado legalmente, manifieste de manera categórica si es su deseo señalar como acto reclamado la respuesta dada a dicha petición, por la citada responsable, habida cuenta que ello resulta indispensable para integrar correctamente la litis constitucional, de lo contrario, se transgredirían las reglas que norman el procedimiento del juicio de amparo; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna se entenderá que no es su deseo señalar en este juicio tal respuesta como acto reclamado. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 136/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 1, relativo a Mayo de 2012, Materia Común, visible en la página 801, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En la inteligencia de que el Actuario de la adscripción le deberá correr traslado a la parte quejosa, en forma personal, con el informe justificado, anexos, con el oficio de cuenta y anexos, y deberá expresarlo así en la diligencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria quien autoriza y da fe.Dpvp*
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado, toda vez que no obran las constancias solicitadas a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública , Tránsito y Vialidad Municipal, y Director de Tránsito y Vialidad, residentes en esta ciudad; mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a dicha autoridad, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, remitan copia certificada de la respuesta que hayan dado al escrito que les fue presentado el trece de octubre de dos mil veintidós, por el quejoso, y de la notificación realizada al mismo de dicha respuesta, toda vez que en sus informes justificados manifestaron que anexaron dichas constancias sin haberlo hecho, lo que resulta necesario para continuar con el procedimiento del presente juicio y resolverlo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se los impida, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Finalmente, para dar oportunidad a la integración de este juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
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