José Luis Ramírez García

Expediente 695/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
695/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • José Luis Ramírez García

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio TSJ-SP-19-185, de veintinueve de enero del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual acusa recibo del diverso 280/2019, del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, tal como lo señala la fracción I del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que José Luis Ramírez García, haya interpuesto reclamación en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó su demanda de derechos fundamentales, se declara que el mismo ha causado estado; en consecuencia, devuélvase el toca 211/2018, así como el proceso 364/2015 a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitándole acuse recibo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio TSJ-SP-18-1794, de once del mes y año en curso, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al que anexa la demanda de derechos fundamentales promovida por José Luis Ramírez García y su defensora particular Erika Ivonne Quintana Rivera, en contra de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la referida sala, en el toca 211/2018; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. De las constancias que integran la causa 364/2015 del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, así como del referido toca, se deducen los antecedentes siguientes: 1. Por oficio 65/2014, de ocho de agosto de dos mil catorce, el Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Especializada en Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar, Región Sur, consignó al Juez de lo Penal en turno del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, la averiguación previa 64/2014/AMPEDGVI-S, en la que ejerció acción penal en contra de José Luis Ramírez García, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en agravio de Karla Fernanda Ramírez García (foja 1 de la causa penal). 2. El entonces Juez Tercero de lo Penal del referido distrito judicial, quien por razón de turno conoció del asunto, por acuerdo de doce de agosto de dos mil catorce, lo radicó con el número de causa penal 284/2014 (fojas 28 a 35). 3. Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil quince, el Juez Segundo Penal de dicho distrito judicial tuvo por recibida la causa penal en cita, ya que su homólogo Tercero se extinguió conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de veintiuno de octubre anterior, quien ordenó radicar la causa en cita con el número 364/2015 (foja 47). 4. Seguido el procedimiento, el nueve de agosto de dos mil dieciocho, el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son: "Primero.- José Luis Ramírez García, de las generales anotadas al principio de esta resolución es penalmente responsable del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 233, del Código Penal vigente en la época en que sucedieron los hechos, en agravio de la niña Karla Fernanda Ramírez García; por el que lo acusó el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, por lo tanto se considera justo imponer al sentenciado pena de seis de meses, quince días de prisión, que deberá compurgar en el lugar en el lugar que designe el Juez de Ejecución de Sentencia en el Estado; y pagar multa equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en el Estado en la época en que sucedieron los hechos, advirtiéndose que el salario, en el dos mil catorce es de $43.73, lo que nos da un total de $218.65 (doscientos dieciocho pesos con sesenta y cinco centavos, moneda nacional).- Segundo.- Se condena al sentenciado a la suspensión de sus derechos políticos y civiles por el tiempo de la sanción de prisión impuesta. Asimismo, amonéstese al sentenciado en diligencia formal para que no reincida, en término de los artículos 36 y 40 del Código Penal vigente en la época en que sucedieron los hechos.- Tercero.-Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, gírese oficio al Vocal Ejecutivo del Nacional Federal Electoral del Estado, para hacerle saber que el sentenciado, ha sido suspendido de sus derechos civiles y políticos por el tiempo de seis meses, quince días de prisión, que deberá compurgar en el lugar que designe el Juez de Ejecución de Sentencia en el Estado; y pagar multa equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en el Estado. Lo anterior en términos de los artículos 39, fracción II y 40 del Código Penal vigente en la época en que sucedieron los hechos.- Cuarto.- Se concede al sentenciado el beneficio de la conmutación de la pena de prisión impuesta, en términos de lo dispuesto por los artículos 67 y 68 del Código Penal vigente en el Estado, por multa a razón del treinta por ciento sobre el salario mínimo vigente en el Estado.- Quinto.- Remítase copias debidamente autorizadas de la presente resolución al Director del Centro de Reinserción Social en esta Ciudad Tlaxcala, Tlaxcala, para los efectos legales procedentes.- Sexto.- Por lo expuesto en la parte final del último considerando de la presente resolución, se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño, solicitada por el Representante Social adscrito; y toda vez que dentro de autos obra que el aquí sentenciado al obtener su libertad provisional se le fijó por la reparación del daño, la cantidad de treinta y cuatro mil pesos cero centavos, debe decirse que dicha cantidad queda a favor de la niña Karla Fernanda Ramírez García.- Séptimo.- Notifíquese." (fojas 132 a 143). 5. Inconformes con lo anterior, Karla Fernanda Ramírez García y su progenitora Virginia García Velázquez, interpusieron recurso de apelación (fojas 246 a 255 de la causa penal 364/2015); el doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala radicó el asunto con el número 211/2018 (fojas 3 a 5 del toca en cita), y el ocho de noviembre posterior, la referida sala dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos son: Primero.- Fue legalmente tramitado el recurso de apelación interpuesto.- Segundo.- Se confirma la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en autos del proceso 364/2015.- Notifíquese; personalmente a las partes." (fojas 41 a 54 del toca 211/2018). 6. Contra esta última, José Luis Ramírez García y su defensora particular Erika Ivonne Quintana Rivera, promueven el presente juicio de garantías. De lo hasta aquí anotado, se puede advertir que la sentencia de primer grado resultó desfavorable al quejoso, pues lo consideró penalmente responsable del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de Karla Fernanda Ramírez García, por lo que se le impuso una condena de seis meses, quince días de prisión y a pagar una multa de cinco días de salario mínimo vigente en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, éste no apeló dicho fallo. Por tanto, el quejoso consintió la sentencia condenatoria, tal como fue dictada en primera instancia, pues no interpuso apelación dentro del término legal. Por ende, si la sentencia reclamada dentro del presente juicio, confirmó en sus términos la de primer grado, debe estimarse que el acto reclamado deriva necesariamente de otro previamente consentido por el solicitante de protección federal. Ahora, el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en la parte que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" De acuerdo al precepto legal transcrito, el juicio de garantías resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, aquéllos respecto de los cuales el quejoso haya aceptado todos sus efectos y consecuencias, mediante la realización de otros diversos que indefectiblemente denoten esa conformidad. Por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, al ser el acto reclamado consecuencia directa de otro consentido. Apoya lo razonado, en términos del artículo Sexto transitorio de Ley de Amparo, la tesis aislada de la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1387 del Tomo CXXIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, ello en virtud de que, si bien la misma se integró conforme a la ley anterior, continúa en vigor porque no se opone a la ley vigente, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS PENALES DE APELACIÓN (AMPARO IMPROCEDENTE. ACTOS CONSENTIDOS). El juicio de amparo directo promovido por el reo contra la sentencia de segundo grado que confirmó la de primera instancia por haberse desestimado los agravios del Ministerio Público, única parte que apeló, resulta improcedente en virtud de que, constituyendo la sentencia reclamada una ratificación de la resolución apelada, con la que se conformaron el acusado y su defensor, el repetido acusado carece de acción constitucional en los términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, puesto que el juicio de garantías en este caso se relaciona con un acto consentido." Asimismo, la tesis aislada de la misma instancia, consultable en la página 9, Segunda Parte, III, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS (APELACIÓN INTERPUESTA SÓLO POR EL MINISTERIO PÚBLICO). Si sólo apeló del fallo de primera instancia el representante social, y la sentencia que pretende impugnar en el amparo el acusado, es justamente la que se dictó en el toca de apelación interpuesta por el Ministerio Público, que confirmó la de primer grado, aquella sentencia es un acto derivado de otro consentido, por lo que debe sobreseerse el amparo." No pasa inadvertido a este órgano judicial federal, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del número 34, segunda parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO PENAL DIRECTO. NO SE DEBE SOBRESEER AUN CUANDO EL QUEJOSO SE HAYA CONFORMADO CON LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Si los quejosos fueron condenados por el Juez natural a pena de prisión y no recurrieron la sentencia, contra la cual sí interpuso apelación el Ministerio Público, obteniendo que el superior aumentara la pena en su sentencia, y contra ésta interpusieron amparo los quejosos, no se presenta alguna causa de sobreseimiento, puesto que el único acto consentido por los acusados es la sentencia de primer grado, que no constituye el acto que se reclama en el juicio de garantías, y que la sentencia de segunda instancia, en la cual se hizo consistir el acto reclamado, modificó en perjuicio de los quejosos su situación anterior a la alzada, siendo un acto completamente distinto a la resolución del inferior, que es la única afectada por la conformidad de los quejosos." En el caso, no se está en la hipótesis prevista en el criterio citado, porque, de acuerdo a lo narrado, la sentencia reclamada confirmó la de primer grado tal como fue emitida, sin afectar la situación del quejoso anterior a la recurrida. Luego, al actualizarse la causal de improcedencia indicada, se desecha la demanda de derechos fundamentales por improcedente. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San José, número diecinueve, colonia San José, Municipio de Villalta, Tlaxcala y por autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto 12 de la citada ley a Sergio Castañeda Juárez. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por José Luis Ramírez García y su defensora particular Erika Ivonne Quintana Rivera, en contra de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca 211/2018.

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