José Luis Ramírez Almazán
Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Ramírez Almazán
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el auto de siete de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que hasta este momento se haya hecho valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO ACUERDO. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda. Requiérase a la parte quejosa mediante notificación por lista, para que acuda al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió, apercibido de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para ello, deberá agendar su cita y generar el código QR en los horarios que estén disponibles para este órgano jurisdiccional, y ajustarse a los lineamientos sanitarios. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de CINCO días concedido al promovente en el proveído de veintiuno de abril del año en curso, para ratificar su demanda de amparo, transcurrió del veintiséis al treinta de abril del año en curso, sin que lo haya hecho dentro del plazo señalado, ni manifestado algún tipo de imposibilidad para ello; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto, y con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ... Por otro lado, agréguese la comparecencia del quejoso, mediante la cual pretende dar cumplimiento al punto primero de la prevención, sin embargo, como se advierte, fue realizado después de fenecido el plazo para ello, por lo cual no ha lugar a proveerla de conformidad. Sin que pase inadvertido que aún no se desahoga el primer punto requerido en el auto inicial, empero en dicho proveído se dijo que el plazo para ratificar la demanda correría a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, y el apercibimiento fue que en caso de no cumplir con ello dentro del plazo, se tendría por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Agréguese el oficio del Juez Vigésimo Tercero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa que se autorizó al peticionario consultar el expediente 203/2018, lo cual se ordena hacer del conocimiento a la parte quejosa, para que a partir de que surta efectos la notificación de este auto, se encuentre en condiciones de desahogar el punto primero de la prevención de veintiuno de abril de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales; al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 211/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del numeral 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en el precepto 114 de la legislación e cita, a efecto de acordar lo que proceda sobre la demanda, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con los puntos que a continuación se especifican: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad, indique los antecedentes del acto reclamado a que se refiere el numeral 108 fracción V, de la legislación en cita, como lo son: A) Quiénes son todas las partes, el tipo de juicio así como las prestaciones reclamadas en el controvertido natural; B) En qué etapa procesal se encuentra actualmente, si ya se dictó sentencia y en su caso exhiba copia o reproducción fotográfica íntegra de ese fallo, así como de su secuela impugnativa (apelación y amparo directo, de ser así). C) Si dentro del proceso de origen se han promovido otros juicios de amparo indirecto (aun cuando no los haya instado la parte quejosa), y de ser afirmativo, precise qué actuación fue sometida al análisis constitucional, juez de distrito que conoció del asunto y número de expediente, y si ya fue resuelto el juicio biinstancial. Lo que precede encuentra sustento por analogía, en la tesis I.7o.A.100 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril de 2006, novena época, en materia común, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Ahora bien, a fin de no vulnerar sus derechos y que la parte quejosa tenga acceso efectivo a la justicia como dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario girar oficio al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los términos señalados ... Además, requiérase a la autoridad en mención, para que en igual término, contado a partir de que reciba el oficio relativo a esta determinación, remita copia certificada del auto que permita el acceso al peticionario. Y sólo en el supuesto de que exista algún impedimento legal o material para que el quejoso tenga acceso a la información que se le requiere en este proveído, la autoridad deberá hacerlo del conocimiento del suscrito, para que sea tomado en consideración; y en ese caso, remitirá un informe pormenorizado que contenga los datos materia de la prevención que en este auto se decreta. En la inteligencia que, de no hacerlo o no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I, en relación al 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Resulta indispensable precisar que el término para desahogar este requerimiento, será contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se haga al peticionario del proveído donde se le informe la puesta a disposición de los autos del juicio origen. SEGUNDO. Ratifique su demanda ante este órgano jurisdiccional a fin de continuar con su tramitación, mediante comparecencia en este Juzgado de Distrito, debidamente identificado con credencial oficial vigente, ante la presencia de Fedatario Judicial. Al respecto, se cita la tesis con número de registro 218629, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, página 345, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "RATIFICACION DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. ... ." En efecto, este requerimiento se sustenta en el hecho de que, la promoción del presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia, lo que se traduciría en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del Juicio de Amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, convenios o contratos privados (de compra-venta, arrendamiento, comodato, etcétera) celebrados ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, que por lo regular carecen de fecha cierta y que en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, visible en la página 11, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ... ." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este Juzgador federal formarse la plena convicción de que el presente juicio no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que de comparecer a ratificar la demanda inicial y al emitirse la sentencia correspondiente, de considerarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedora, así como sus autorizados a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo CXXIX, visible en la página 250, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO. El artículo 81 de la Ley de Amparo claramente, y sin dejar lugar a dudas, establece que siempre que en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a sus representantes en su caso, al abogado o ambos, una multa de doscientos a mil pesos. Para los efectos de este artículo, se entenderá que la demanda fue interpuesta sin motivo, cuando, aparezca que sólo se interpuso el amparo con el fin de demorar o entorpecer la ejecución del acto reclamado, según prudente apreciación del sentenciador. En tal virtud, si el propio quejoso reconoce que tuvo conocimiento de los actos reclamados y la demanda fue presentada con el fin de entorpecer la ejecución de ellos, se impone confirmar la sentencia que le impone la aludida sanción." De igual forma, se cita la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 34, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el título: "ARRENDAMIENTO. MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO. Este tribunal ha venido observando que son numerosos los casos en que se interpone amparo en asuntos de arrendamiento, en los que se demanda la terminación del contrato del inmueble, su desocupación y entrega, invocando conceptos de violación notoriamente injustificados, y presentando la demanda ante autoridad incompetente, pues combatiéndose una sentencia dictada por la justicia de paz, o una sentencia dictada por una Sala del Tribunal Superior en asuntos de cuantía inferior a la que corresponde conocer a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la demanda se presenta en la Suprema Corte o se dirige a un Juzgado de Distrito en Materia Civil, por lo que se provoca la demora y el entorpecimiento de la ejecución de los actos reclamados. Este ejercicio abusivo de la acción de amparo no sólo ocasiona perjuicios a la contraparte del quejoso en el juicio que motiva el de garantías, sino que redunda en perjuicio social porque contribuye al retardo en la expedición de la justicia obligando a este tribunal a ejercer su fundación jurisdiccional en la tramitación y decisión de amparos que sólo tienden a retardar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sustrayéndolo al ejercicio de sus funciones en los amparos que justificadamente lo requieren; por otra parte, en estos casos el abuso del amparo redunda en desprestigio de la institución misma, porque establecida para el alto fin de salvaguardar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución es utilizada con el sólo fin de retardar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en los juicios comunes. En consecuencia, y de acuerdo con el contenido del artículo 81 de la Ley de Amparo, si el juicio fue iniciado para demorar y entorpecer la ejecución de los actos reclamados, lo que se evidencía por su presentación ante autoridad incompetente y porque se opusieron excepciones notoriamente improcedentes y conceptos de violación también notoriamente injustificados, procede imponer a la parte quejosa y a sus abogados, sendas multas por trescientos pesos y hacerse del conocimiento de la Tesorería de la Federación, para los efectos de su cobro." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que, se impondrá una pena de DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. En ese orden de ideas, la decisión asumida es armónica con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es prerrogativa discrecional del juez de amparo que la propia ley de la materia le otorga, que cuando lo estime necesario por existir deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda las mande corregir a través de un requerimiento. Lo cual de modo alguno obstaculiza la impartición de justicia o actualiza una indebida actuación judicial por parte del Juzgador, si precisamente esa facultad va dirigida a generar las condiciones para salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con el principio del buen derecho, asegurar el legal trámite del juicio de amparo, no afectar derechos de terceras personas en el procedimiento de origen así como tener la certeza de que es la voluntad del quejoso la tramitación de la demanda de amparo. De ahí que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ordena la ratificación de la demanda por parte de su pretendido suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda de amparo, actúa al amparo de la Constitución Federal y conforme a una facultad discrecional que le permite actuar en los términos de esta prevención, en los casos donde por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Planteamientos en esencia compartidos por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil 235/2018. En el entendido que el plazo para desahogar este requerimiento, comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe al quejoso que en caso de no dar cumplimiento íntegramente a los puntos de prevención decretados, en el plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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